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Publicación Las barreras de la justicia internacional ante violaciones de los derechos humanos y crímenes internacionales y la experiencia de Colombia y VenezuelaPaola Molano Ayala; Daniela Suárez Orellana; Paula Valencia Cortés; Santiago Castillo Sepúlveda; Aya AlzubaidyLa justicia internacional enfrenta múltiples obstáculos que cuestionan su legitimidad y eficacia. Las dificultades que atraviesa están ampliamente documentadas y son de distinta índole. En esta publicación mostramos de manera sistemática los distintos hallazgos de la literatura académica y experta sobre la crisis de la justicia internacional, con el fin de compilar las distintas caras que la componen. Adicionalmente, con los casos de Colombia y Venezuela ilustramos la manera en la que algunos de los obstáculos identificados por la literatura operan y también las diferencias sustanciales que ocurren cuando en una situación confluyen condiciones favorables para el acceso a la justicia internacional.Publicación La oferta institucional para satisfacer los derechos económicos y sociales de las víctimas del conflicto armado en ColombiaSantiago Castillo Sepúlveda; Paola Molano Ayala; Paula Valencia CortésEl documento presenta la oferta institucional del Estado colombiano para garantizar los derechos económicos y sociales de las víctimas del conflicto armado, conforme a la Ley 1448 de 2011 y su reforma por parte de la Ley 2421 de 2024. Describe los principales programas y rutas de acceso en educación, salud, trabajo, vivienda y mecanismos para víctimas de desaparición forzada. Entre otros, en educación, se contemplan la gratuidad en colegios oficiales, apoyos para permanencia, alfabetización y acceso preferente a educación superior mediante cupos especiales, créditos condonables del ICETEX y programas del SENA. En salud, el Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral (PAPSIVI) ofrece acompañamiento psicosocial y atención médica integral con enfoque diferencial. En trabajo e ingresos, se destacan las rutas del Servicio Público de Empleo, el SENA y el acompañamiento estatal para invertir indemnizaciones en proyectos productivos. En vivienda, las víctimas tienen acceso prioritario a subsidios, programas de mejoramiento y al programa distrital “Mi Casa Bogotá”, con distintos componentes de apoyo financiero y habitacional. Finalmente, se explican los mecanismos jurídicos para las familias de personas desaparecidas: la declaración de ausencia por desaparición, que permite la administración provisional de bienes, y la declaración de muerte presunta, que habilita la sucesión patrimonial y el acceso a prestaciones. El texto busca facilitar el conocimiento y acceso de las víctimas y funcionarios a esta oferta estatal como parte del proceso de reparación integral.Publicación Impactos en la situación social y económica de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas forzosamente en ColombiaPaola Molano Ayala; Paula Valencia CortésLas mujeres buscadoras han sido fundamentales para visibilizar la magnitud de la desaparición forzada en el país e impulsar avances normativos e institucionales. Sin embargo, su labor continúa siendo poco reconocida y no cuenta con garantías adecuadas. Como resultado enfrentan múltiples cargas: además de la ausencia de sus seres queridos, asumen el papel de sostenimiento económico de sus hogares, lideran procesos de búsqueda y deben sobrellevar los vacíos en la respuesta estatal. Este informe busca visibilizar los impactos que la desaparición forzada y la búsqueda de desaparecidos generan en los derechos sociales y económicos de las mujeres buscadoras, en particular en su estabilidad económica, su salud física y mental, sus oportunidades educativas y su vida social y comunitaria. Asimismo, recoge y sistematiza las recomendaciones que las propias buscadoras formularon en un espacio de intercambio y discusión que llevamos a cabo en marzo de 2025, para que las medidas de reparación y atención respondan de forma integral a sus necesidades y reivindicaciones. Estas recomendaciones son relevantes para la implementación y reglamentación de las normas que ordenan medidas de reparación y que buscan dignificar la labor de las mujeres buscadoras.Publicación A hostile environment for peace mobilization: stigmatization and violence-justifying attitudes toward land rights advocates in ColombiaIsabel Güiza-Gómez; Abby CórdovaDespite signing a peace accord in 2016, Colombia remains one of the most dangerous countries for social mobilization for peace, democracy, and equality. Between 2016 and 2023, 1,804 social leaders and 351 ex-combatants were assassinated. However, there has been no strong or sustained public outcry in response to this violence. This policy brief presents findings from a research project examining public attitudes toward lethal violence against social leaders and ex-combatants, with a focus on stigmatization against these actors and violence-justifying beliefs and attitudes. Drawing on data from an online survey conducted in late 2023—which is representative of the urban population with internet access—the study shows that violence-justifying attitudes toward both unarmed civilians—who did not engage in insurgent action—and former guerrilla combatants depends largely on their demands. Although public opinion tends to be more favorable toward social leaders than ex-combatants, citizen perceptions of both groups become more negative when these actors advocate for structural reforms, particularly land redistribution. This is because social mobilization for land redistribution is often associated with wartime grievances and thus perceived as a threat to the existing social order. These findings show that redistributive peace commitments are seen as potentially destabilizing, which in turn reinforces stigma against actors who advocate for redistribution. The study draws policy and practice recommendations to counteract such stigmatization, prevent violence, and support the implementation of the peace accord.Publicación Un contexto adverso para la movilización por la paz. Estigmatización y justificación de la violencia contra promotores del Derecho a la tierra en ColombiaIsabel Güiza-Gómez; Abby CórdovaColombia continúa siendo uno de los países más peligrosos para la movilización social por la paz, la democracia y la igualdad. A pesar de los compromisos redistributivos del acuerdo de paz de 2016, la violencia contra constructores de paz persiste: entre 2016 y 2023, fueron asesinados 1.804 líderes sociales y 351 firmantes del acuerdo. Esta violencia, sin embargo, no ha generado una contundente movilización ciudadana en rechazo. Este documento de política pública presenta hallazgos de una investigación académica que analiza las actitudes ciudadanas frente a la violencia letal contra líderes sociales y firmantes de paz, con énfasis en la estigmatización de estos actores y la justificación de dicha violencia. A partir de datos recolectados en dos encuestas en línea, las cuales son representativas de la población urbana con acceso a internet y fueron realizadas a finales de 2023, el estudio demuestra que la justificación de la violencia no depende principalmente de la identidad de los activistas—ya sean firmantes de paz o civiles que no participaron en la insurgencia—sino de las demandas que promueven. Cuando estos actores abogan por reformas estructurales como la redistribución de la tierra, son percibidos como amenazas al orden social. Los resultados subrayan que la implementación del acuerdo—especialmente, sus componentes redistributivos—es fundamental para contrarrestar la estigmatización y la justificación de la violencia contra los constructores de paz.