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Publicación Transparente como el aire. Ni información, ni calidad, ni derechosLaura J. Santacoloma Méndez; Daniel Bernal Bolaños; Alba Cecilia Sandoval Dueñas; Daniela del Pilar Cardona ArciniegasLa mala calidad del aire es un problema ambiental y de salud pública de urgente atención por parte de los estados, quienes han adquirido compromisos internacionales que los obliga a adoptar medidas preventivas, regulatorias y de control. En colombia existen debilidades en el monitoreo del aire, así como en la institucionalidad que debe proteger los derechos de la ciudadanía. Particularmente bogotá, una de las ciudades que mayor polución tiene, se presenta como un caso de estudio para intercomparar datos del sistema oficial de medición de la calidad del aire y los sensores de bajo costo como apuesta para complementar y reforzar la línea base de datos públicos, así como para involucrar a la ciudadanía en la producción de cienciaPublicación Cuando lo esencial es invisible al Estado: derechos fundamentales y megamineríaLaura J. Santacoloma MéndezEste documento pretende identificar algunos de los principales desafíos de la minería de grandes dimensiones o megaminería en relación con las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos desde tres tensiones con el sistema constitucional. La primera, tiene que ver con el carácter de utilidad pública e interés social. La segunda, relativa al déficit en materia de mecanismos e instancias de participación ciudadana apropiadas en materia ambiental, así como en la articulación entre la representación y la autonomía municipal, y los intereses nacionales. La última, se refiere al contenido normativo y procedimental del licenciamiento ambiental frente a las obligaciones estatales sobre desarrollo sostenible y prevención en materia de derechos fundamentales de las personas. El Estado colombiano ha sido permisivo con la megaminería pese a los conflictos sociales e impactos en los territorios y las personas, situaciones de las que dan cuenta las múltiples sentencias judiciales sobre protección de derechos individuales y colectivos, así como la consolidación de procesos territoriales que se oponen a su realización. En general, la regulación de la minería en el país se ha orientado al beneficio de particulares sin que el Estado se ocupe de la prevención en materia de derechos humanos y medio ambiente con el rigor suficiente, por lo que la declaratoria de la actividad como de utilidad pública e interés general no cuenta con estándares objetivos que permitan establecer si un proyecto responde o no a los parámetros constitucionales.