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Publicación Summary: Protecting Human Rights on the Ground. Case Studies on the Origin and Development of OHCHR Country Offices and their Relevance for the Situation in VenezuelaLigia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez BolívarThe following is a summary of the findings and conclusions of a comparative study regarding OHCHR country offices in four locations (Cambodia, Colombia, Guatemala and Tunisia). The study ultimately aims to generate reflections derived from these comparative experiences for the case of Venezuela. The study’s methodology included document review and conducting interviews with around 60 officials and former officials of OHCHR, human rights defenders from the four countries studied and from Venezuela, representatives of international human rights NGOs, officials of the United Nations system with knowledge of the situation in Venezuela and former officials of public institutions of the countries studiedPublicación Resumen ejecutivo Proteger los derechos humanos en el terrenoLigia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez BolívarSe presentan los principales hallazgos y conclusiones del estudio comparado de cuatro oficinas de país (Camboya, Colombia, Guatemala y Túnez) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y las reflexiones que se derivan de estas experiencias para el caso de Venezuela. La investigación recogió el análisis de entrevistas con cerca de 60 funcionarios y ex funcionarios del ACNUDH, defensores de derechos humanos de los cuatro países estudiados y de Venezuela, representantes de ONG internacionales de derechos humanos, funcionarios del sistema de las Naciones Unidas y ex funcionarios de instituciones públicas de los países estudiados.Publicación Cambio climático y los derechos de mujeres, pueblos indígenas y comunidades rurales en las AméricasMagdalena Albar Diaz; Juan Auz; Juan Bautista López; Camila Bustos; Juan Martín Carballo; Valentina Castillo Barnetche; Gastón Médici-Colombo; Ananda María Lavayen; Adrián Martínez; Claudia Pineda; Joyce TanEste informe es el resultado de un esfuerzo colaborativo, en el que participó Dejusticia entre otras organizaciones de América Latina, para resaltar los impactos que el cambio climático tiene en los derechos humanos, sobre todo para grupos en situación de vulnerabilidad, como los pueblos indígenas, mujeres, niños y comunidades rurales. Igualmente, pone a disposición de la sociedad civil elementos para incidir en la acción climática desde una perspectiva de derechos humanos, al igual que brinda recomendaciones para los Estados. El informe, desde una perspectiva de derechos humanos, ahonda en: los Impactos del cambio climático, las consideraciones que deben tener medidas de respuesta para enfrentar al cambio climático, las afectaciones diferenciales a grupos vulnerables, las obligaciones de los Estados y responsabilidades de actores no-estatales en el contexto del cambio climático y los derechos humanos. Finalmente, concluye con recomendaciones para la protección de los derechos humanos de cara al cambio climático entre las que se incluyen, entre otras: el abordaje de las causas estructurales de la vulnerabilidad a los impactos climáticos (como la pobreza, la desigualdad, y la discriminación), y el garantizar que las medidas de respuesta y los esfuerzos para abordar el cambio climático no exacerben desigualdades, garantizando transparencia y acceso a la información, así como participación pública, amplia y significativa. El informe fue presentado ante la CIDH en septiembre de 2019 haciendo énfasis en el llamado a los Estados a tomar acciones que pongan fin a la crisis climática y a promover modelos de transición energética que garanticen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales de los más vulnerables asegurando su participación efectiva y su no discriminación.Publicación La Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia: ¿un tratamiento especial o preferencial?Camila Andrea Santamaría Chavarro; Diana Isabel Güiza-Gómez; Rodrigo Uprimny YepesA lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros. Esta es la versión en español traducida por las autoras del capítulo de libro originalmente publicado en inglés y titulado «Colombia’s Fuerza Pública (Security Forces) in the Special Jurisdiction for Peace: Special Treatment or Preferential Treatment?», el cual hace parte del libro Jus Post Bellum. Restraint, Stabilisation, and Peace editado por Patrick Mileham (Leiden Boston: Brill | Nijhoff, 2020). Nuestro capítulo analiza los aspectos positivos del tratamiento penal especial, simultáneo, equilibrado y equitativo a la Fuerza Pública, así como algunos puntos problemáticos del desarrollo normativo y aplicación de ese tratamiento. En efecto, uno de los asuntos en común de la Justicia Transicional (JT) y el Jus Post Bellum (JPB) es el juzgamiento de las Fuerzas Armadas por los crímenes que cometieron en guerras y el reajuste de su rol en situaciones de posconflicto. Este asunto es objeto de discusión hoy en Colombia, donde el Estado ha firmado un acuerdo de paz con la guerrilla FARC-EP. A lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros. Sin embargo, en la práctica, pareciera que se ha otorgado un estándar de sanción menos riguroso a favor de la Fuerza Pública, pese a que este ejercía durante el conflicto la posición de garante de la ciudadanía. En el nivel normativo, la regulación de la responsabilidad de mando está en tensión con los requisitos mínimos exigidos por el derecho internacional público. Hay dos puntos que generan mayor preocupación: la prueba del mando y control efectivo del superior militar o policial, y el estándar de conocimiento. Igualmente, la reforma constitucional que creó la JEP excluye el Derecho Penal Internacional como fuente normativa para sancionar casos de Fuerza Pública, a pesar de que Colombia ya reconoció la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional. En el nivel práctico, distintos jueces colombianos otorgaron los beneficios judiciales pactados en el acuerdo de paz a favor de la Fuerza Pública, incluso antes de que la JEP comenzara a funcionar, lo cual generó la ausencia de un monitoreo serio del cumplimiento de deberes frente a las víctimas, que es la contraprestación exigida a los miembros de las fuerzas armados por los beneficios judiciales. Este contexto parece indicar que el tratamiento de la Fuerza Pública está mutando de especial a preferencial. Claramente, ello desconoce los derechos de las víctimas e impide la consolidación de la paz y la reconciliación. Ahora que la JEP está en pleno funcionamiento, serán los magistrados de esa jurisdicción quienes deberán resolver estas situaciones anómalas y revertir cualquier tratamiento preferencial a la Fuerza Pública que obstaculice la rendición de cuentas, la reparación y la búsqueda de la verdad a favor de las víctimas.Publicación Protecting Human Rights on the Ground. Case Studies on the Origin and Development of OHCHR Country Offices and their Relevance for the Situation in VenezuelaLigia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez BolívarDuring the investigation, the presence of OHCHR completed its first six months in Venezuela, so a consultation with human rights defenders in the country was included to assess this experience. Being the first comparative research in this field, its findings are equally of interest to other audiences beyond Venezuela. Following the proposal to create in Venezuela a country office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the need arises to explore some experiences that can provide insights to those who, from civil society in general and the human rights movement in particular, have an interest in promoting a process of greater presence and monitoring by the international human rights system in Venezuela, so that this process is the product of informed and strategically considered decisions. This study identifies processes, strategies, lessons and practices that may or may not be applicable to the situation in Venezuela, based on a comparative analysis of the experience of four OHCHR country offices with different characteristics and contexts, but with elements of interest for the Venezuelan case: Cambodia, Colombia, Guatemala and Tunisia. The purpose is to provide elements to the national human rights movement and other interested parties in Venezuela, for the design of a realistic and coordinated advocacy strategy against the different actors involved: the UN human rights system, government, other interested States and donors. During the investigation, the presence of OHCHR completed its first six months in Venezuela, so a consultation with human rights defenders in the country was included to assess this experience. Being the first comparative research in this field, its findings are equally of interest to other audiences beyond Venezuela.Publicación WP # 10 Data Feast. Enterprises and Personal Data in Latin AmericaVivian Newman-Pont (Ed.); Daniel Ospina-Celis (Ed.); Juan Carlos Upegui Mejía (Ed.)This book addresses the multiple challenges of this new type of system. It seeks to show how, in the digital age, companies pursue the massive collection of personal data and how they deal with their power of information accumulation while also trying to push forward their business strategy. In the case of the Internet giants—Google, Amazon, Facebook, Apple, and Microsoft (GAFAM)—they now possess an ability to reconfigure the behaviour of individuals, clients, and citizens globally. Specifically, this book analyzes the privacy policies of selected companies that use data-driven business models in four Latin American countries: Brazil, Chile, Colombia, and Mexico. It also assesses how prepared these states are to protect their citizens against the exploitation of their personal data and to face the legal and technical challenges of Big Data in an ever-changing transnational context, and with actors more powerful than nation states.Publicación Negotiating from the Margins: Women’s Participation in Colombian Peace Processes (1982–2016)Nina Chaparro González; Margarita Martínez OsorioIn this book, we offer an examination of and recommendations for women’s participation in Colombia’s peace processes, with an eye toward strengthening spaces for participation and, in doing so, ensuring that the peace accord is ultimately translated into long-term social pacts that are inclusive and committed to justice and equity.Publicación Revista Destápate #02Alianza Más Información Más Derechos; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia; Gerardo Andrés Hernández Montes; Jeanneth Valdivieso Mancero; Carlos Andrés Rodríguez Castro; Marcela Pabón; Vivian Newman-Pont; Víctor Práxedes Saavedra Rionda; Celso Bessa; Claire Launay Gama; William Ricardo Aguilera López; Tania Tapia JáureguiDesTápate presenta un análisis crítico sobre el reprochable comportamiento del Ministerio de Defensa por sus esfuerzos para ocultar información. También se hace un llamado al Fiscal General, Francisco Barbosa, para que considere el valor de la transparencia como mecanismo de trámite de los conflictos de interés potenciales que tiene al investigar el caso de la ʻñeñepolíticaʼ. Y en medio de la pandemia, la publicación visibiliza la opacidad en la ejecución de los recursos de la pandemia por covid-19 por parte de entidades territoriales del departamento de Santander.Publicación Entre la bata y la toga: el rol de los tribunales de ética médica en la garantía de los derechos sexuales y reproductivosMaría Ximena Dávila Contreras; Nina Chaparro GonzálezLos Tribunales de Ética Médica (TEM) fueron creados mediante la Ley 23 de 1981 y cumplen una función crucial en el orden jurídico colombiano. Son los encargados de juzgar las faltas ético-disciplinarias de los profesionales de la salud y, de esa forma, asegurar estándares éticos para el desarrollo de la medicina. Sin embargo, la importancia de su labor contrasta con el lugar invisible que ocupan en la discusión pública. No hacen parte de ningún debate jurídico, no se han realizado estudios sobre su labor y sus decisiones no son objeto de atención ciudadana. Desde Dejusticia decidimos indagar cuál es el rol que ha cumplido el Tribunal Nacional de Ética Médica (TNEM), el principal órgano de este entramado institucional, para garantizar los derechos sexuales y reproductivos en ColombiaPublicación ¿Restitución de papel? Notas sobre el cumplimiento del posfalloCheryl Morris Rada; Ana Jimena Bautista Revelo; Juana Dávila SáenzEste documento es un acercamiento al cumplimiento de las sentencias de restitución de tierras por parte de las diferentes instituciones encargadas de ejecutarlas. La restitución efectiva y transformadora que involucra la tierra y el territorio no termina con la sentencia, al contrario, comienza con esta. Por eso es una prioridad examinar en qué medida las instituciones obligadas están obedeciendo las órdenes impartidas por las y los jueces y magistrados/as de restitución de tierras. Finalmente, planteamos algunas conclusiones y recomendaciones orientadas a superar dos aspectos asociados a la capacidad institucional para dar cumplimiento a sentencias. El primero de ellos se relaciona con el seguimiento al cumplimiento de las sentencias en la etapa posfallo de restitución. El segundo aspecto es el de la articulación entre instituciones que deben dar cumplimiento a las órdenes, pues fue uno de los obstáculos recurrentes enunciados por las instituciones consultadas.