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Publicación Resumen ejecutivo: Entre coacción y colaboración: Verdad judicial, actores económicos y conflicto armado en ColombiaSabine Michalowski; Daniel Marín LópezAunque es claro que muchos de los actores económicos carecen de responsabilidad en el conflicto, y otros han sido víctimas de este, algunas investigaciones han demostrado que existen muchos que sí tuvieron un papel determinante en el origen, el desarrollo y la perpetuación de los ciclos de violencia armada en el país. Con la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las (FARC-EP) se ha puesto en marcha un complejo sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Sistema está integrado fundamentalmente por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y una jurisdicción transitoria encargada de judicializar a los responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A esto se suman las medidas existentes de reparación a víctimas y un conjunto de herramientas para garantías de no repetición. Una de las preguntas que guió esta investigación partió del supuesto de que los terceros civiles tendrían que rendir cuentas ante la JEP. Lo anterior llevaba a pensar si existía justificación para incluir a terceros civiles en el componente penal de la justicia transicional creado a partir del AFP para dar un cierre jurídico al conflicto armado interno colombiano. Es por ello que Dejusticia y la Universidad de Essex decidió analizar las implicaciones de este marco de rendición de cuentas frente al rol de los «actores económicos» dentro del conflicto armado colombiano, dándole vida a un libro que se aproxima a las respuestas de tantas preguntas que dejó el acuerdo.Publicación Palliative Care: A Human Rights Approach to Health CareIsabel Pereira-AranaThis report compiles the results of a research project aimed at describing the current palliative care situation in eight Latin American countries. The project’s general objective—to raise awareness and influence public policy around the need to approach palliative care from a human rights perspective—was achieved through rapprochement among professionals from various fields in the region, which in and of itself is a key step forward in terms of bringing together communities that defend patients’ rights with communities that advocate a drug policy embracing a public health focus. We hope that this diagnostic report is useful for professional associations, health professionals, patients’ rights advocates, drug policy reform activists, and decision makers, who can rely on its findings to better integrate palliative care into general health services and to use human rights language to promote public policy reform and guarantee the human rights of those in the Americas who suffer from severe and chronic pain.Publicación Un camino truncado: los derechos sexuales y reproductivos en Montes de MaríaMaría Ximena Dávila Contreras; Margarita Martínez Osorio; Nina Chaparro GonzálezA partir de los relatos de 35 lideresas, indagamos sobre la garantía de los derechos sexuales y reproductivos en los Montes de María, una región con precariedad institucional, históricamente azotada por el conflicto armado y donde la maternidad es un mandato social y comunitario. El mensaje de los derechos sexuales y reproductivos aún no llega por completo a Montes de María. Se quedó a la mitad del camino. En esta región, con la memoria de una guerra atroz, y donde la institucionalidad ha sido precaria, la infraestructura en salud no es suficiente para ofrecer procedimientos, medicamentos o servicios de calidad. Eso se traduce en que muchas mujeres deban viajar a municipios o ciudades aledañas para realizarse exámenes, interrumpir su embarazo o acceder a anticonceptivos. De igual forma, el arraigo de los roles de género en la región incide negativamente en la garantía de estos derechos. La maternidad es una expectativa que familias y comunidades imponen sobre las mujeres, lo que hace que sean valoradas únicamente por su rol de madres y reproductoras. Este mandato les niega la autonomía para decidir sobre sus cuerpos, su reproducción y su sexualidad. Bajo este imaginario, los profesionales de la salud, así como las comunidades, condenan públicamente la interrupción del embarazo, la ligadura de trompas e incluso factores que están más allá de la decisión de las mujeres, como la esterilidad. Esta combinación de elementos, entre otros, da paso a una larga vulneración de derechos fundamentales que, si bien, afecta a toda la población montemariana, tiene efectos desproporcionados sobre las mujeres de la región. La intimidad, la autonomía reproductiva, la educación sexual, la interrupción voluntaria del embarazo o la atención a víctimas de violencia sexual son solo algunos derechos fundamentales que actualmente se ven amenazados. En este libro nos aproximamos a la situación de Montes de María desde la voz de las mujeres lideresas de la región, con el fin de conocer sus experiencias, resistencias y relatos. Solo al escuchar a las mujeres de la región será posible plantear nuevas posibilidades para la garantía de los derechos sexuales y reproductivos, y pensar en las ventajas que ofrecen nuevos escenarios de transición, tales como los Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que actualmente se desarrollan en la región.Publicación Etiquetas sin derechos Etiquetado de productos comestibles: un análisis desde los derechos humanosDiana Guarnizo Peralta; Ana María Narváez OlayaEste documento explora el rol que cumple el etiquetado nutricional para garantizar la protección de los derechos a la información, a la alimentación y a la salud de las sociedades actuales. ¿Cuál es la relación entre el etiquetado de alimentos y nuestros derechos humanos? ¿Son claras las etiquetas de productos comestibles en Colombia actualmente? ¿Qué dicen las normas colombianas en esta materia? ¿Qué modelos de etiquetado se han adoptado en América Latina y cuáles han funcionado mejor? Este texto busca indagar sobre estas y otras preguntas desde un análisis jurídico de derechos humanos y desde la evidencia científica. En él se documenta por qué el etiquetado de alimentos es una herramienta de conocimiento importante para ejercer nuestros derechos y se discute qué está haciendo Colombia al respecto. Por último, se exploran los modelos de etiquetado implementados en México, Ecuador y Chile, evaluando desde la evidencia su efectividad. El documento muestra que los esfuerzos del Estado colombiano por establecer un etiquetado de alimentos claro, visible y veraz, no han sido suficientes. Además, hace una invitación explícita a los tomadores de decisión a nivel nacional para que regulen el actual modelo de etiquetado, cumpliendo sus deberes internacionales y constitucionales, y previniendo, así, el incremento de la obesidad en el país, particularmente de los niños, las niñas y los adolescentes.Publicación Rendición de cuentas de Google y otros negocios en Colombia: la protección de datos personales en la era digitalVivian Newman-Pont; María Paula Ángel ArangoEn este documento analizamos las políticas de privacidad de 30 empresas con modelos de negocios basados en los datos en Colombia, e identificamos las prácticas que no han sido suficientemente contempladas por el régimen de datos personales actualmente aplicable a nuestro país. Como nunca, está latente la preocupación de que la disponibilidad de grandes volúmenes de datos digitales y las capacidades actuales para encontrar correlaciones entre ellos puedan derivar en otros datos personales, exactos o inexactos, a partir de los cuales se puedan tomar decisiones –a veces injustas o discriminatorias– sobre los ciudadanos, sin que ellos mismos tengan seguridad, conocimiento ni control de lo que sucede a partir de sus datos. Un ejemplo de estos riesgos se hizo evidente en el escándalo de Facebook y Cambridge Analytica, en el que Facebook permitió el uso de una aplicación que terminó recolectando información de 87 millones de perfiles de usuarios de todo el mundo, que luego sería utilizada por Cambridge Analytica para influenciar electores en la campaña presidencial de Estados Unidos en 2016, y en el referendo sobre la permanencia del Reino Unido en la Unión Europea. Para enfrentar dicha vulnerabilidad en la que se encuentran ciudadanos de todo el mundo, en el 2018 entró en vigencia el Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea y se expidió la Ley de Privacidad del Consumidor del estado de California, que buscan equilibrar el desarrollo de la economía digital con la garantía de los derechos a la intimidad y a la protección de datos personales. ¿Cómo? Por medio de la regulación de nuevas fuentes de datos, tipos de tratamiento y finalidades de tratamiento que son propias de la era digital, y que incluyen el uso de cookies, el web crawling, los algoritmos, el profiling, la toma de decisiones automatizadas, la comercialización de datos y la publicidad comportamental. Ahora bien, ¿qué se ha hecho en Colombia para garantizar dichos derechos en el marco de la economía digital? En este documento exploramos el grado de preparación de nuestro régimen jurídico de protección de datos personales y de nuestras autoridades competentes para enfrentar los riesgos que la era digital plantea para distintos valores y derechos, y así rendir cuentas a las empresas con modelos de negocios basados en los datos (EMNBD). A partir de la revisión de sus políticas de privacidad, analizamos la forma de operar de una muestra ilustrativa de 30 EMNBD, dentro de las que sobresalen, por su poder económico, tecnológico y social los llamados GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft). Una vez hecho esto, identificamos varias prácticas –propias de la era digital– que no han sido suficientemente contempladas por el régimen de datos personales actualmente aplicable en Colombia, y cuya regulación, en comparación con el GDPR europeo y con el CCPA de California, posee un amplio campo de mejora. Asimismo, identificamos varias falencias en las capacidades de las autoridades de protección de datos colombianas para hacer rendir cuentas a las EMNBD, y se proponen, en consecuencia, algunas medidas correctivas.Publicación Beyond the Binary: Securing Peace and Promoting Justice after ConflictNelson Camilo Sánchez León; Rodrigo Uprimny Yepes; Howard Varney; Michael Schwarz; Tatiana Rincón-Covelli; Claudio Nash Rojas; Tara Van Ho; Oscar Parra VeraThe main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. Discussions on the meaning and scope of concepts such as justice, accountability, and victim satisfaction continue to be fervent topics in specialized circles of what is now known as “the transitional justice field,” and in societies suffering from mass violence. Instead of solving the practical and theoretical dilemmas of these interpretative disputes, the experience and knowledge accumulated over the more than three decades that this field has been in existence have served only to deepen the debates and to adapt more of these discussions to new and constantly-changing scenarios and contexts. The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. There are two reasons for our making this observation. On one hand, given the institutional, legal, and political challenges facing societies that nowadays attempt to take this step, there is a need for the issue to be analyzed. On the other hand, the conclusion reached from an initial analysis is that the academic and practical discussion seems to be trapped into a polarizing discussion between those who defend a legal interpretation of the duty to investigate, prosecute, and punish, which appears to threaten the possibility of achieving negotiated transitions, and those who, in order to prevent that risk, deny or resent the existence or consolidation of such a principle. The central purpose of this book is to initiate a conversation on how to resolve difficult dilemmas. We appreciate that some of the proposals may come across as controversial, but what we are looking for is, precisely, to open up the possibility of thinking in innovative ways about how to confront these challenges. Una discusión similar se da en el libro Justicia para la paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada, en español.Publicación Justice through Transitions: Conflict, Peacemaking and Human Rights in the Global SouthCésar Rodríguez Garavito (Dir.); Meghan L. Morris (Dir.)What does justice mean in times of transition? What kinds of possibilities and dissapointments emerge from processes of seeking justice through transition? How might we understand these processes through narrative? In August 2015, a group of Global South human rights activists and researchers gathered in Colombia for a workshop organized around the theme of transitional justice. This book, the third in a series, is the result of the discussions performed in that encounter. The chapters in this volume illustrate many complexities of transitional justice processes from the perspective of young human rights advocates involved in these struggles, many with their own complicated personal connections to the search for justice. These advocates hail from countries that have divergent relationships with the notion of transitional justice, from places deeply embedded in its norms and processes, such as Argentina and Colombia, to countries undergoing various kinds of transitions on very different terms, such as Turkey and Mexico. All of the chapters, however, write the messiness of seeking justice through transitions, spanning from the personal and intimate to the national and global. Together, these chapters beautifully illustrate both the pain and the political possibilities that come from the inability to leave history in the past, as well as the creativity of individual and collective efforts to seek justice through transitions. They also demonstrate the beauty of speaking, working, and writing justice from the hearPublicación Transnational Advocacy Networks. Twenty Years of Evolving Theory and PracticePeter Evans (Ed.); César Rodríguez Garavito (Ed.)Activists, particularly those based in the global South, have accumulated a wealth of experience in dealing with a range of transnational networks operating in diverse issue areas. New theoretical understandings have reflected this accumulating experience. As the twentieth century came to a close, the practice of global and transnational politics was undergoing a sea change. Understandings of its dynamics were changing along with the practice. Classic paradigms of international relations, which had focused almost exclusively on relations among nation-states, were being expanded to consider the impact of transnational civil society organizations. Recognition of the role of new nonstate actors in global politics was epitomized by the impact of Margaret Keck and Kathryn Sikkink’s Activists beyond Borders in 1998. Their framework is a foundational reference point for the analyses of recent and future trends that are set out in this book. This volume brings together a set of ten essays by reflective activists who draw on their experience to provide new insights into what has been happening in the world of transnational advocacy, and by engaged academics who are committed to using the tools of their disciplines to contribute to the same agenda. The essays reflect not only the views of individual authors but also the collective dialogue among the authors at the workshop where the papers were originally presented in the spring of 2015.Publicación El Estado en la periferia: Historias locales de debilidad institucionalMauricio García Villegas (Dir.); Javier Eduardo Revelo Rebolledo (Dir.)Los enfrentamientos violentos, desplazamientos masivos y asesinatos de líderes sociales ocurridos después de que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-EP) entregaran las armas en varias regiones del país son una prueba de que enfrentar la violencia no solo depende de la implementación de los acuerdos de paz, sino también del fortalecimiento del Estado local. La paz negociada es una condición necesaria, pero insuficiente, para conseguir la paz en general. La otra condición (también necesaria e insuficiente) es la presencia del Estado. En la mitad del territorio nacional hay un Estado que solo existe en la letra de la ley, en el discurso político o en la nómina oficial. Un Estado al que nadie le cree, ni siquiera los funcionarios públicos, o los políticos que viven de él. Mientras no exista un Estado eficaz en los territorios, la violencia —incluso la violencia política— seguirá presente. La razón es esta: sin eso (un Estado eficaz) todos los demás atributos del Estado, en particular la legitimidad, se vienen al piso. La eficacia y la legitimidad del Estado son cosas distintas: puede haber instituciones eficaces que no son legítimas y viceversa. Pero eso solo pasa en la teoría jurídica; en la práctica, en cambio, ambas cosas se consiguen juntas y también se pierden juntas. Un Estado que se impone por medio de la fuerza, sin conseguir la adhesión de la población, termina por perder la capacidad que tenía para imponerse. Y un Estado legítimo que no logra imponer el orden o someter a las organizaciones ilegales termina con una población que le pierde el respeto.Publicación Entre coacción y colaboración: Verdad judicial, actores económicos y conflicto armado en ColombiaSabine Michalowski; Nelson Camilo Sánchez León; Daniel Marín López; Alejandro Jiménez Ospina; Hobeth Martínez Carrillo; Valentina Domínguez Mazhari; Lina María Arroyave VelásquezCon la firma e implementación del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno de Colombia y las (FARC-EP) se ha puesto en marcha un complejo sistema de justicia transicional denominado Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. El Sistema está integrado fundamentalmente por una Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, una Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas y una jurisdicción transitoria encargada de judicializar a los responsables de los crímenes más graves y representativos ocurridos durante el largo conflicto armado colombiano, la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP. A esto se suman las medidas existentes de reparación a víctimas y un conjunto de herramientas para garantías de no repetición. Una de las preguntas que guió esta investigación partió del supuesto de que los terceros civiles tendrían que rendir cuentas ante la JEP. Por consiguiente, indagaba si existía justificación para incluir a terceros civiles en el componente penal de la justicia transicional creado a partir del AFP para dar un cierre jurídico al conflicto armado interno colombiano. Es por ello que en Dejusticia y la Universidad de Essex se decidió analizar las implicaciones de este marco de rendición de cuentas frente al rol de los “actores económicos” dentro del conflicto armado colombiano. Si bien es claro que muchos de los actores económicos carecen de responsabilidad en el conflicto y otros han sido víctimas de este, algunas investigaciones han demostrado que algunos sí tuvieron un papel determinante en el origen, el desarrollo y la perpetuación de los ciclos de violencia armada en el país.
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