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Publicación Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en ColombiaRodrigo Uprimny Yepes; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-OliveraEl encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.Publicación Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdoAna María Ramírez Mourraille; María Paula Ángel Arango ; Mauricio Albarracín Caballero; Rodrigo Uprimny Yepes; Vivian Newman-PontLos mecanismos de justicia transicional y la sociedad necesitan tener acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia utilizados en el marco del conflicto armado. Este acceso contribuirá, por un lado, a hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; por otro, le proporcionará a la ciudadanía una evidencia general del uso de poder por parte de los organismos de inteligencia, que le dejará conocer si ha habido una conducta ilegítima sobre la cual se debe rendir cuenta y cuya repetición debemos evitar. Al mismo tiempo, la transparencia sobre estas conductas le dará razones al Estado para emprender reformas institucionales que garanticen la no repetición. El libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo propone alternativas para favorecer el acceso a los archivos de ambas partes, lo que, a su vez, contribuye con la verdad de hechos individuales y sirve como herramienta de confianza, dignidad y transformación. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Debates sobre la acción de restituciónAura Patricia Bolívar Jaime; Laura Gabriela Gutiérrez Baquero; Nelson Camilo Sánchez León; Rodrigo Uprimny YepesLa restitución de tierras despojadas y abandonadas es uno de los esfuerzos más importantes del Estado colombiano, en la búsqueda de una solución duradera a la crisis humanitaria que causó el conflicto armado y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Esta experiencia sin precedentes en nuestro país no solo ha logrado despertar la admiración en la comunidad internacional, sino que comienza a convertirse en un referente obligado para otros países que también han sufrido las consecuencias devastadoras del conflicto. La consolidación de estos resultados requiere un arduo trabajo que permanentemente debe enfrentar nuevos desafíos, más aún en el contexto colombiano donde persiste el conflicto, la impunidad y la fragilidad del Estado en los territorios rurales. Para resolver los retos inherentes a la restitución de tierras es esencial que exista una comprensión adecuada de su marco jurídico y normativo, y pensar en fórmulas de solución a partir de mecanismos, instituciones o procedimientos que la hagan más efectiva. Esta investigación se centró en los problemas jurídicos concretos con efectos directos en los alcances de la restitución de tierras. Por un lado entregamos un análisis sobre las peculiaridades de sus mecanismos y procedimientos, y además examinamos uno de sus retos más complejos: el examen del concepto de buena fe y sus efectos en la resolución de conflictos sobre la tierra. Y se considera la procedencia y el fundamento de las compensaciones tanto para las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras como para los “ocupantes secundarios”, quienes han sido reconocidos en normas internacionales. Este documento se realizó en el marco de un convenio de cooperación entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Dejusticia, con el fin de promover el análisis y la reflexión sobre los desafíos jurídicos de la implementación de la acción de restitución de tierras.