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Publicación Victims and press after the war: Tensions between privacy, historical truth and freedom of expressionVivian Newman-Pont; María Paula Ángel Arango; María Ximena Dávila ContrerasThe drive to conduct this research was born out of the tension that developed on May of 2017 in the context of the journalistic coverage of the exhumations of those who died in the Bojayá massacre. Thus, this document has the purpose of asking and answering, from a socio-legal perspective, the following question: How can the events related to the armed conflict and to the transition to peace be narrated without violating the right to privacy of the victims? Or, how can a journalist record a dramatic event or recount an injuste that moves readers while respecting the limits of the private lives of the victims? To answer the question, this document examines the tensions between rights that can arise out of narrating the transition to peace as part of the journalistic profession, with the hope that the conclusion set forth is valid not only for the Bojayá case, but also in future transition years, as both victims and society in general benefit from a free and responsible press and the respect for private lives.Publicación Posconflicto para víctimas de violencia sexual: La garantía de la interrupción voluntaria del embarazo en los municipios priorizados para la pazAna Jimena Bautista Revelo; Blanca Capacho Niño; Margarita Martínez OsorioEste documento planeta una reflexión sobre algunos de los retos más complejos y apremiantes, que la implementación del Acuerdo de paz enfrenta en materia de derechos de las mujeres y de aplicación del enfoque de género en las políticas destinadas al mundo rural. Entre 2008 y 2017, la Fiscalía General de la Nación (FGN) registró 36.881 casos de violencia sexual ocurridos en los 170 municipios rurales priorizados para la aplicación del Acuerdo de paz en Colombia. Además de que estos municipios han mantenido tasas críticas de ocurrencia de este delito durante el periodo de tiempo señalado, la Defensoría del Pueblo, en su sistema de alertas tempranas, también ha llamado la atención sobre el alto riesgo de violencia sexual que se ha presentado en algunas de estas zonas del país desde el momento del cese al fuego promovido en el marco del proceso de paz. ¿Se encuentra el Estado preparado para atender en salud y de manera integral a las víctimas de violencia sexual en estos territorios que históricamente han tenido precaria presencia institucional? ¿Cuál es la capacidad institucional de estos municipios para garantizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) a aquellas mujeres víctimas que solicitan acceder a este derecho? ¿Qué factores se deben tener en cuenta para prevenir que los índices críticos de violencia sexual se sigan manteniendo o aumenten en estos territorios? El presente documento tiene por objetivo abordar estas preguntas, al evaluar cómo ha sido la aplicación del Protocolo de Atención a Víctimas de Violencia Sexual en los 170 municipios priorizados para la implementación de la reforma rural integral (RRI) del Acuerdo de paz; nos concentraremos, particularmente, en las posibilidades de acceso a la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en estas zonas del país.Publicación Cárcel y muerte: El secreto profesional como garantía fundamental en casos de abortoAna Jimena Bautista Revelo; Anna Joseph; Margarita Martínez OsorioEste libro plantea algunas reflexiones jurídicas sobre la importancia del secreto profesional por parte de las y los profesionales de la salud, en los casos de mujeres que acuden a los centros de salud en busca de ayuda luego de haber interrumpido su embarazo de manera clandestina, poniendo en peligro su salud e incluso su vida. Estas reflexiones surgen de la tensión que se presenta entre el derecho a la intimidad de las mujeres que acuden a los hospitales por complicaciones derivadas de abortos incompletos o inseguros, y la obligación de denuncia de los médicos/as y enfermeros/as cuando están ante la posible presencia de un delito. ¿Se justifica la violación del secreto profesional en estos casos? A cuál dimensión de la tensión se le debe dar prioridad, al deber de denuncia de las y los profesionales de la salud, o al derecho a la intimidad de las mujeres? ¿Cuáles son las consecuencias dentro del proceso penal de usar información que se obtiene violando el secreto profesional? ¿Qué impactos tiene esto sobre el derecho a la intimidad? ¿Cómo se ha resuelto esta tensión en el derecho comparado y en los sistemas de protección de derechos humanos? El presente texto se propone responder estas preguntas.Publicación Decision T-543 of 2017 Executive SummaryDiana Guarnizo PeraltaThe Constitutional Court held that the Superintendency of Industry and Commerce censored the organization Educar Consumidores, and it cautioned the Superintendency that henceforth it could not exercise prior control over informational contents. The Court also decided that consumers have the right to receive information about the risks that sugary drinks pose to our health.Publicación Resumen Ejecutivo Sentencia T-543Diana Guarnizo PeraltaLa Corte Constitucional resolvió que la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) censuró a la organización Educar Consumidores y le advirtió que en adelante no podrá hacer control previo de contenidos informativos. En agosto de 2016, Educar Consumidores, una organización sin ánimo de lucro que trabaja por la implementación de políticas saludables en el país, lanzó un comercial televisado y emitido también en varias emisoras radiales, en el cual se mostraba la cantidad de azúcar de varias bebidas azucaradas. El comercial fue demandado por Postobón S.A., una compañía de bebidas azucaradas colombiana, por supuesta “publicidad engañosa”. En decisión del 7 de septiembre de 2016, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), entidad colombiana encargada de vigilar el cumplimiento de los derechos de los consumidores, emitió la Resolución 59.176 ordenando a Educar retirar el comercial de todos los medios en los que circulaba, incluyendo internet. Además, le ordenó “remitir a la Superintendencia de Industria y Comercio toda pieza publicitaria relacionada con el consumo de bebidas azucaradas […] antes de su emisión para que se lleve un control preventivo sobre la información”.Publicación El derecho a la libertad de expresión: curso avanzado para jueces y operadores jurídicos en las AméricasCatalina Botero Marino; Federico Andreu Guzmán Duque; Sofía Jaramillo Otoya; Salomé Gómez UpeguiEsta guía recoge las principales reglas de derecho vigentes en el orden interamericano en materia de libertad de expresión y fue diseñada como un insumo básico y sintético para apoyar a los jueces y operadores jurídicos, a lo largo de las Américas, que deben aplicar las normas internacionales (especialmente las interamericanas) que consagran y protegen el derecho fundamental a la libertad de expresión. Este curso tiene una relevancia especial en América Latina, debido a los múltiples y difíciles desafíos que enfrentan quienes ejercen y protegen este derecho fundamental, incluida la violencia, la censura indirecta, la persecución penal o el silenciamiento. La guía realizó con base en la información consolidada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), en la “Guía político-pedagógica sobre la incorporación de la temática de libertad de expresión y de acceso a la información pública, en la formación de operadores judiciales en América Latina” del 2016. Este documento hace parte del proyecto “Global Freedom of Expression”, de la Universidad de Columbia, que está trabajando en la sistematización de jurisprudencia global en el tema de libertad de expresión. Dejusticia, la Fundación para la Libertad de Prensa y la Universidad Externado de Colombia, están trabajando juntas en él.Publicación A balancing act. Drug policy in Colombia after UNGASS 2016Isabel Pereira-Arana; Luis Felipe Cruz-OliveraThis document is the result of a project developed by Dejusticia in cooperation with the Ministry of Justice and Law of Colombia and the British Embassy in Colombia, with funds from the United Kingdom through its embassy in Colombia. During 2016, two historic events were held to reflect about drug strategies in Colombia: the United Nations Special Session on the World Drug Problem (UNGASS 2016) and the signing of the Peace Agreement between the Government and the FARC-EP, which includes the agreement on the “Solution to the problem of illicit drugs”. In light of the commitments made by the Colombian State, there are challenges and possibilities for drug policy reform, particularly when hoping to achieve a better balance between a criminalization perspective and the recognition and guarantee of rights to populations affected by prohibition’s harmful effects. This balancing exercise calls for incorporating the lens of the 2030 Sustainable Development Agenda and its Objectives, as well as for integrating the sectors of defense, rural and agrarian development, protection and sustainable use of environmental resources, health and education, together with the efforts of peacebuilding in the territories most affected by war and drug trafficking. To achieve the goals proposed in these documents, the role of the international community in the coming years will be fundamental. The United Kingdom Embassy, concerned to broaden its horizons of cooperation, offers to share lessons learned and experiences hoping to improve institutional capacities to meet the challenges of organized crime, rural development, and the prevention and treatment of drug use. Thus, this document presents recommendations for cooperation between these two governments in the light of agreed obligations as well as opportunities to harmonize drug policy and peacebuilding.