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Publicación En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América LatinaCatalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El informe encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales, y no de las de salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas. En Colombia, según la investigación realizada por Dejusticia, son comunes las inspecciones policiales y retenciones administrativas sobre los usuarios de drogas. La policía persigue cotidianamente a los consumidores para incautar sus dosis personales, y los fiscales y jueces no tienen claridad para diferenciar los casos de simple porte para consumo de los de tráfico de estupefacientes. De otra parte, el Estado colombiano no garantiza el acceso efectivo a servicios de rehabilitación de calidad para personas dependientes de las drogas, y existen importantes barreras de acceso que afectan particularmente a mujeres, homosexuales, habitantes de calle y personas con VIH. Además, gran parte de estos establecimientos operan clandestinamente sin ningún tipo de control estatal, lo que ha dado lugar a la comisión de prácticas violatorias de los derechos humanos realizadas en el nombre de la rehabilitación.Publicación In Search of Rights: Drug Users and State Responses in Latin AmericaCatalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)The Drugs and Rights Studies Collective published a new report that examines government responses to the consumption of illicit drugs in eight countries in Latin America: Mexico, Colombia, Peru, Ecuador, Brazil, Argentina, Uruguay and Bolivia. This report presents the results of the most recent study by the Research Consortium on Drugs and the Law (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, CEDD). The study, entitled “In Search of Rights: Drug Users and State Responses in Latin America,” analyzes States’ responses to the consumption of illicitly used drugs, focusing on two key areas–criminal justice responses and health responses–in eight Latin American countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, and Uruguay. An international consensus appears to be emerging that drug use is not a criminal matter, but a health issue. Nevertheless, as shown by the country investigations that are part of this study, Latin American government responses to the use of illicit substances remain predominantly punitive and handled through the criminal justice system; it is through judicial, rather than healthcare, institutions that states address the illicit use of drugs and drug users. Even in countries in which drug use is not a crime, persistent criminalization of drug users is found.Publicación Making Social Rights Real: Implementation strategies for Courts, Decision Makers and Civil SocietyCésar Rodríguez Garavito ; Celeste KauffmanGiven the disappointing implementation levels in various countries and across human rights systems, this guide seeks to contribute to the discussion regarding strategies for courts, international decision-makers, and civil society to increase the implementation of ESCR decisions. For generations, human rights defenders have struggled to secure recognition of economic, social and cultural rights (ESC rights) and ensure their justiciability in national, regional and international courts, a struggle that has been very successful. National courts around the world, including in Colombia, India, South Africa and Kenya, are expressing their views on ESC rights on a regular basis, and several countries have explicitly included the justiciability of ESC rights in their constitutions. Regional tribunals such as the Inter-American Court of Human Rights and the African Commission on Human and Peoples’ Rights now consider petitions on ESCR. At the international level, in 2013, the Optional Protocol to the International Covenant on Economic and Social Rights entered into force, allowing the Committee on Economic and Social Rights to hear individual complaints concerning violations of ESC rightsPublicación Guía para implementar decisiones sobre derechos sociales. Estrategias para los jueces, funcionarios y activistasCésar Rodríguez Garavito ; Celeste KauffmanPor generaciones, los defensores de derechos humanos han luchado por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para conseguir su justiciabilidad en las cortes nacionales e internacionales, lucha que ha tenido bastante éxito. Los DESC son considerados con frecuencia por cortes nacionales de distintas partes del mundo, y varios países han consagrado tanto estos derechos como su justiciabilidad en sus constituciones nacionales. Cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, consideran peticiones sobre los DESC. En 2013, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigencia, lo cual permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considere quejas individuales sobre violaciones de DESC. No obstante, la lucha para realizar los DESC no se ha ganado por completo. Actualmente, el desafío que enfrentan los defensores de los derechos humanos es asegurar que los fallos sobre DESC sean implementados. A pesar de una jurisprudencia creciente a favor de estos derechos, muchas de las victorias acaban siendo de papel, y no han logrado transformar las realidades de los derechos que han sido violados. La evidencia sugiere que la falta de implementación de las decisiones de cortes y cuerpos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos es un gran desafío que limita el goce efectivo de los derechos humanos. Considerando los bajos niveles de implementación en varios países y sistemas de derechos humanos, esta guía busca contribuir a la discusión sobre estrategias para las cortes tomadoras de decisiones a nivel internacional y para la sociedad civil, con el fin de impulsar la implementación de las decisiones sobre DESC. Así, analizamos varios factores que afectan la implementación de las sentencias DESC a nivel nacional, regional e internacional, y los mecanismos de implementación con los que cuentan los sistemas internacionales. También consideramos diferentes estudios de casos sobre sentencias nacionales y regionales que han sido implementadas exitosamente, incluyendo sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, India, Colombia, Estados Unidos y Sudáfrica. Al final, con base en los estudios de casos exitosos, esbozamos varias estrategias de implementación que esperamos sean útiles para cortes nacionales y regionales, órganos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil e instituciones de derechos humanos.Publicación Vigilancia de las comunicaciones en Colombia: El abismo entre la capacidad tecnológica y los controles legalesCarlos Cortés CastilloEl objetivo de este documento es examinar el marco legal y jurisprudencial colombiano sobre vigilancia de comunicaciones, a la luz de las capacidades tecnológicas de hoy. Dicho a manera de hipótesis, el propósito es mostrar cómo la regulación y la jurisprudencia en materia de inteligencia no se ocupan de interpretar los esquemas de vigilancia actuales para mantener vigentes los derechos que resultan afectados. A pesar de que en Colombia cada tanto se conoce algún escándalo relacionado con inteligencia estatal, nunca queda claro cómo funciona en la práctica y qué controles existen para su ejercicio. Entretanto, pasa el tiempo y los esquemas de vigilancia se sofistican a la par con nuestros teléfonos móviles y computadores. Los cambios tecnológicos suelen alterar presunciones largamente establecidas sobre el alcance de determinados derechos. La privacidad, sin duda, es el derecho que más tensiones enfrenta en el entorno digital. A pesar de esto, en la regulación y en la jurisprudencia subsisten lagunas sobre cómo la tecnología impacta el ejercicio de derechos fundamentales.Publicación Derechos humanos, democracia y desarrolloBoaventura de Sousa SantosLos derechos humanos se están transformando. Al rededor del mundo proliferan los debates sobre los discursos, las prácticas y los estudios acerca del tema, hasta el punto que algunos hablan sobre ‘el fin de los derechos humanos’. Como no sucedía desde los orígenes del sistema internacional de derechos humanos a mediados del siglo XX. Este libro de Boaventura de Sousa Santos es un aporte fundamental al debate. Como en sus trabajos previos, Santos combina teoría y práctica, ideas y experiencia, para analizar las principales críticas y los dilemas actuales de los derechos humanos. Pero su esfuerzo crítico tiene un claro propósito reconstructivo. De lo que se trata es de enfrentar esas tensiones para formular nuevas teorías y propuestas de acción, capaces de reforzar el potencial emancipador de los derechos humanos. El resultado es un libro esencial para los estudios y las discusiones sobre el tema en América Latina, en un contexto marcado por la tensión entre desarrollo como crecimiento económico, de un lado, y los derechos humanos y la justicia ambiental, del otro. Por eso, su lectura será útil para académicos, activistas, estudiantes, periodistas y todas las personas interesadas en el futuro de estos derechos.