Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra Norato; Rodrigo Uprimny Yepes
En Colombia, los delitos y las penas frente a conductas relacionadas con la producción distribución de drogas ilícitas han aumentado progresivamente en el último siglo, llegando a ser incluso más severas que otras conductas que merecen un mayor reproche social como el acceso carnal violento o la tortura. El recurso excesivo al derecho penal para castigar estos delitos transgrede la garantía de proporcionalidad, que exige mantener un mínimo de coherencia razonable entre el daño ocasionado por la conducta y la pena impuesta para realizarla.
Además al estudiar los costos que el prohibicionismo genera al Estado colombiano a nivel judicial y penitenciario, y tras confrontarlos con sus eventuales beneficios (que son muy pocos según la evidencia empírica existente), se concluye que los sacrificios de la política, tanto económicos como constitucionales, no se compensan con los eventuales éxitos de la misma.
