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Publicación After the Drug Wars: Report of the LSE Expert Group on the Economics of Drug PolicyJohn Collins (Ed.)El fin de la guerra contra las drogas ha llegado. La Asamblea General de Naciones Unidas de abril de 2016 será el comienzo de una nueva era. Este libro presenta abundante evidencia del fracaso de las políticas prohibicionistas. En su reemplazo plantea la necesidad de que las políticas de drogas sean pensadas desde un enfoque de desarrollo humano. El grupo de expertos en economía de la política de drogas del London School of Economics –conformado por académicos e investigadores de distintas partes del mundo– aporta propuestas basadas en la evidencia disponible para reemplazar las políticas de drogas existentes por otras más inteligentes y eficaces, basadas en un enfoque de salud pública y derechos humanos. Rodrigo Uprimny y Sergio Chaparro, investigadores de Dejusticia, y Catalina Pérez Correa, investigadora del CIDE en México, contribuyeron con un capítulo sobre cómo ponerle fin a la criminalización del uso de drogas en América Latina. Cinco premios Nobel respaldaron este informe en el que solicitan a los Estados del mundo adoptar un cambio de paradigma en la Sesión Extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas que se realizará en abril de este año -UNGASS 2016-.Publicación En busca de los derechos: Usuarios de drogas y las respuestas estatales en América LatinaCatalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)El Colectivo de Estudios Drogas y Derecho (CEDD) publica un nuevo estudio que evalúa las respuestas estatales ante el consumo de drogas ilícitas en 8 países en América Latina: México, Colombia, Perú, Ecuador, Brasil, Argentina, Uruguay y Bolivia. El informe encuentra que las respuestas de los gobiernos latinoamericanos frente al consumo de sustancias ilícitas siguen siendo predominantemente a través de las instituciones penales, y no de las de salud. Incluso en los países en los que el consumo no es un delito, existe una persistente criminalización hacia los usuarios de sustancias ilícitas. En Colombia, según la investigación realizada por Dejusticia, son comunes las inspecciones policiales y retenciones administrativas sobre los usuarios de drogas. La policía persigue cotidianamente a los consumidores para incautar sus dosis personales, y los fiscales y jueces no tienen claridad para diferenciar los casos de simple porte para consumo de los de tráfico de estupefacientes. De otra parte, el Estado colombiano no garantiza el acceso efectivo a servicios de rehabilitación de calidad para personas dependientes de las drogas, y existen importantes barreras de acceso que afectan particularmente a mujeres, homosexuales, habitantes de calle y personas con VIH. Además, gran parte de estos establecimientos operan clandestinamente sin ningún tipo de control estatal, lo que ha dado lugar a la comisión de prácticas violatorias de los derechos humanos realizadas en el nombre de la rehabilitación.Publicación In Search of Rights: Drug Users and State Responses in Latin AmericaCatalina Pérez Correa (Ed.); Coletta Youngers (Ed.)The Drugs and Rights Studies Collective published a new report that examines government responses to the consumption of illicit drugs in eight countries in Latin America: Mexico, Colombia, Peru, Ecuador, Brazil, Argentina, Uruguay and Bolivia. This report presents the results of the most recent study by the Research Consortium on Drugs and the Law (Colectivo de Estudios Drogas y Derecho, CEDD). The study, entitled “In Search of Rights: Drug Users and State Responses in Latin America,” analyzes States’ responses to the consumption of illicitly used drugs, focusing on two key areas–criminal justice responses and health responses–in eight Latin American countries: Argentina, Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Mexico, Peru, and Uruguay. An international consensus appears to be emerging that drug use is not a criminal matter, but a health issue. Nevertheless, as shown by the country investigations that are part of this study, Latin American government responses to the use of illicit substances remain predominantly punitive and handled through the criminal justice system; it is through judicial, rather than healthcare, institutions that states address the illicit use of drugs and drug users. Even in countries in which drug use is not a crime, persistent criminalization of drug users is found.