Políticas Públicas al Derecho
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Publicación Los derechos campesinos y su trazabilidad en el presupuesto públicoEspitia, Camilo Alejandro; Matamoros, Mariana; Quesada, Carlos ErinEste documento analiza cómo el presupuesto público en Colombia ha financiado históricamente el desarrollo rural y al campesinado, y pone en evidencia una brecha persistente entre su reconocimiento jurídico y la asignación efectiva de recursos. Aunque el campesinado fue reconocido formalmente como sujeto de derechos en 2023, la estructura presupuestal necesita fortalecerse y superar los altos niveles de dispersión, pues esto dificulta identificar, coordinar y evaluar la inversión dirigida a esta población. El análisis muestra que el presupuesto agropecuario del Presupuesto General de la Nación (PGN) es volátil, está concentrado en subsidios y presenta bajos niveles de ejecución, mientras que la inversión en bienes públicos rurales es limitada. El Sistema General de Regalías (SGR) ha aportado recursos importantes para los territorios rurales, pero sin una priorización explícita del campesinado. A partir de la clasificación de proyectos, el documento estima que la inversión dirigida específicamente al campesinado es baja, reciente y volátil. Concluye que las principales barreras son la fragmentación institucional, las rigideces presupuestales y la falta de seguimiento, y propone la implementación de un trazador presupuestal del campesinado como herramienta clave para ordenar, visibilizar y fortalecer la inversión pública rural.Publicación Una teoría jurídica sobre la dimensión ambiental del campesinadoCarlos Olaya Díaz; Alisson Angarita; Carlos Quesada; Rodrigo Uprimny YepesEn este documento esbozamos una teoría jurídica sobre el deber de “reconocer la dimensión ambiental del campesinado” contenido en el nuevo artículo 64 de la Constitución. Lo hacemos en tres pasos. Primero, definimos dicha dimensión como la relación dependiente y vulnerable que tiene la población campesina con su entorno. Así, señalamos que la condición de ser campesinos depende de mantener una relación con la naturaleza viva; si esta se deteriora, se afectan gravemente todos los derechos campesinos. Segundo, al analizar las “fallas de reconocimiento”, defendemos que es posible derivar de ellas algunas reglas para precisar el contenido del deber de reconocer la dimensión ambiental del campesinado. Tercero, utilizamos dos de estas fallas para proponer de allí reglas concretas para materializar este nuevo mandato constitucional.