Serie Dejusticia
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Publicación Investigación Anfibia: La investigación-acción en un mundo multimediaCésar Rodríguez GaravitoLa investigación-acción combina el estudio académico, laparticipación en el debate público, la incidencia en políticas públicas y la construcción de instituciones (como centros de pensamiento y ONG). Este libro, en su versión en inglés y en su versión en español, analiza las ventajas y dificultades de este tipo de trabajo. La interacción cercana con audiencias diversas tiende a darle a la investigación-acción mayor precisión empírica y relevancia, y servir de fuente de motivación para quienes la practican. Sin embargo, también crea riesgos constantes de dispersión, ausencia de distancia analítica y agotamiento. Para aprovechar las ventajas y enfrentar las dificultades, el libro propone un enfoque — la ‘investigación anfibia’—, basado en aproximaciones metodológicas y estilos de escritura híbridos, cuyos productos recojan aportes de diferentes campos de conocimiento y circulen en formatos multimedia.Publicación Esfuerzos irracionales: Investigación penal del homicidio y otros delitos complejosMiguel Emilio La Rota Uprimny; Carolina Bernal UribeLa investigación acerca de si se cometió un delito y quién es su responsable es el momento en el cual más casos penales se estancan. Es el principal cuello de botella que impide que los delitos graves sean judicializados exitosamente. Esta etapa es también la que separa los casos obvios de los procesos difíciles: la mayoría de casos exitosos corresponde —desproporcionadamente— a flagrancias por asuntos que no son graves, y cuyos autores normalmente son personas de bajos recursos. Mientras que los casos graves y difíciles de investigar tienen muy bajas tasas de éxito en la investigación y se caracterizan por altísimos niveles de impunidad. Así pasa con los homicidios dolosos, que según las cuentas de este libro tienen un nivel de impunidad procesal de 95%. Los registros cuantitativos de la Fiscalía General de la Nación revelan que los esfuerzos de investigación son utilizados de manera irracional. La ausencia de una política de priorización estratégica —en contrapartida de una priorización escondida al arbitrio de los funcionarios que tramitan casos— impide que los esfuerzos de la política criminal se destinen a investigar lo más importante. Así mismo, el trabajo de campo cualitativo con el CTI de la Fiscalía muestra que las actividades de investigación de homicidios dolosos están desarticuladas, carecen de un liderazgo estratégico y ejecutivo, y no siguen iniciativas de indagación racional, analítica o creativa. La desorganización y la superficialidad de estos esfuerzos no le hacen partido a la complejidad del homicidio en nuestro país.Publicación Seguridad, Policía y Desigualdad: Encuesta ciudadana en Bogotá, Cali y MedellínMiguel Emilio La Rota Uprimny; Carolina Bernal UribeEsta encuesta busca evidencia cuantitativa básica acerca de la forma como son vividos y percibidos varios aspectos de las políticas de seguridad, en particular los policiales, y explora si las políticas de seguridad pueden afectar de manera desproporcional a las personas de grupos vulnerables. Las políticas de seguridad pueden afectar de manera desproporcional a las personas de grupos vulnerables. La normatividad penal, la investigación o la judicialización de crímenes, o el comportamiento de la policía pueden ayudar a aumentar las desventajas que tienen estos individuos para que su vida laboral y social se desarrolle en igualdad de condiciones. Uno de los principales aspectos de este problema, que no ha sido estudiado suficientemente en Colombia, es si las políticas policiales son menos eficaces -o más duras- respecto de algunos grupos como las mujeres, las personas con carencias económicas o los afrocolombianos. El documento hace una primera aproximación al tema: Recoge dos muestras representativas en Bogotá, Cali y Medellín de la población mayor de 12 años y de las personas afro. Busca evidencia cuantitativa básica acerca de la forma como son vividos y percibidos varios aspectos de las políticas de seguridad, en particular los policiales: si estos servicios favorecen o afectan de manera distinta a las mujeres, las personas afro, o que residen en estratos socioeconómicos bajos. Examina aspectos como la victimización y su correspondiente denuncia, la percepción de seguridad y el conocimiento acerca de programas policiales, la satisfacción y confianza con el desempeño de las autoridades de justicia y policía, y de manera importante, la experiencia de las personas con las actividades cotidianas de policía, incluyendo la cantidad de ocasiones en las que son abordadas y retenidas por agentes, y la calidad y los eventuales abusos que sufren durante estos contactos. Los encuestados reportan unos altos y generalizados niveles de abuso policial, y un elevado grado de insatisfacción con los servicios prestados por estas autoridades. La encuesta también detecta algunas diferencias en la manera como las políticas de seguridad son recibidas —que se dan particularmente entre estratos— y en la forma como las medidas policiales afectan a las personas de distintos grupos —que son más intensas respecto de afros e indígenas y de jóvenes con apariencias de subculturas urbanas—.Publicación Lejos del Derecho: La interrupción voluntaria del embarazo en el sistema de seguridad social en saludNina Chaparro González; Catherin García Núñez; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Silvia Rojas Castro; Nathalia Sandoval RojasCon este estudio se pretende hacer una contribución empírica y rigurosa a las investigaciones sobre IVE. Busca ofrecer al sector de la salud, algunas recomendaciones que permitan superar los obstáculos que impiden que las mujeres pueden contar con servicios de IVE dignos, seguros y oportunos, que no pongan en riesgo su vida, su salud e integridad.Publicación El Derecho al Estado: los efectos del apartheid institucional en ColombiaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa RestrepoEl abandono institucional no es cuestión de algunos casos excepcionales; no son solo comunidades perdidas en la geografía nacional. Según cálculos que se muestran en este libro, las zonas de apartheid institucional ocupan más del 50% del territorio nacional y en ellas viven más de seis millones de personas. El Estado central tiene, frente a estos territorios y frente a estas poblaciones, una deuda histórica que debe empeñarse en pagar y que desde el punto de vista constitucional representa una violación sistemática y flagrante de los derechos ciudadanos, similar (posiblemente peor) a aquellas que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha definido como “estado de cosas inconstitucional”. En este libro se defiende la idea de que las personas que viven en esos territorios tienen un derecho al amparo institucional; es decir un derecho a tener Estado. No a cualquier Estado, por supuesto, sino a un estado social que los proteja en su dignidad y sus derechos.Publicación ¿Legislar y representar? La agenda de las senadoras en el Congreso (2006-2010)Diana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto DávilaEn este libro pretendemos hacer un aporte empírico a la pregunta por la representación política de las mujeres en Colombia. Además, llama la atención sobre la necesidad de desarrollar propuestas teóricas intermedias que permitan abordar el debate conceptual sobre inclusión y representación de las mujeres en la arena política. En los últimos años se ha dado un intenso debate académico y político sobre la inclusión y representación de las mujeres en la arena política. El fundamento es una constatación empírica básica: aunque constituyen la mitad de la población mundial, acceden a los puestos de decisión del Estado en proporciones muy bajas. Esta exclusión está además acompañada de una falta de representación de los intereses de las mujeres en las decisiones estatales. El debate teórico en el nivel de la inclusión se mueve entre la necesidad de que más mujeres lleguen al poder, y las críticas a las medidas afirmativas que pretenden acelerar su llegada. En el nivel de la representación el debate central se presenta entre quienes afirman la imposibilidad de que las mujeres que logran puestos en el espacio de lo público agencien apuestas que representen los intereses de las mujeres en general, y quienes sostienen que la representación es posible y constituye además una obligación política. Este debate ha tenido un amplio desarrollo teórico, pero pocas aproximaciones empíricas. Precisamente por esto, en este libro pretendemos hacer un aporte empírico a la pregunta por la representación política de las mujeres en Colombia. Para ello, y como primer ejercicio exploratorio, analizamos el trabajo legislativo de las mujeres que llegaron al Senado en el periodo 2006-2010. Esto nos permitió identificar los temas en los que legislan, sus enfoques y prioridades de trabajo, con el fin de dar cuenta del tipo de intereses que promovieron y representaron. Los resultados sugieren que, bajo ciertas condiciones, la representación sustantiva de algunos intereses de las mujeres es posible. Además, llama la atención sobre la necesidad de desarrollar propuestas teóricas intermedias que permitan abordar el debate conceptual sobre inclusión y representación.Publicación Separados y desiguales: Educación y clases sociales en ColombiaMauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Felipe Jiménez Ángel; Juan David Parra HerediaEn Colombia la Constitución, los discursos públicos y en general las instituciones dan la impresión de que tenemos una sociedad mucho más abierta, móvil y maleable de lo que realmente existe. Basta con mirar las genealogías de la sociedad colombiana para ver la facilidad con la cual el estatus social de las familias se reproduce de padres a hijos desde tiempos inmemoriales. El sistema educativo podría ser un mecanismo de atenuación de esas desigualdades. Pero no lo es. El sistema educativo no sólo educa mejor a las clases altas, sino que las educa por separado. Los ricos no sólo reciben una educación de mejor calidad sino también una educación exclusiva. En Colombia cada clase social se educa, en términos generales, por aparte. La oferta de la educación pública es deficiente, y la clase alta busca, a través de la educación privada, mejores estándares educativos que puede pagar para que ello sea posible. En este libro se muestra, a través de una investigación empírica basada en el análisis de los resultados del examen de Estado, cómo la educación básica en Colombia se parece a un sistema de segregación, un sistema de separados y desiguales, que viola el derecho a la no discriminación y la igualdad de oportunidades consagrada en la Constitución.Publicación Ante la justicia: Necesidades jurídicas y acceso a la justicia en ColombiaMiguel Emilio La Rota Uprimny; Sebastián Lalinde Ordóñez; Sandra Santa Mora; Rodrigo Uprimny YepesEste libro pretende ser el diagnóstico más completo sobre las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia realizado hasta hoy en Colombia. En las conclusiones, el libro repiensa las prioridades del sistema de justicia, no solo para ajustarlas mejor a las necesidades jurídicas de los colombianos y a su forma de resolverlas, sino también para redirigir los recursos a superar las falencias e insuficiencias más importantes. Para mejorar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones es necesario tener en cuenta cuatro asuntos: la magnitud y las características de las necesidades jurídicas, cuáles de estas se encuentran satisfechas o no, y los factores que facilitan o dificultan dicha satisfacción. Integramos varias investigaciones realizadas en Dejusticia en los últimos años. Primero, una encuesta, aplicada en las principales catorce ciudades del país, acerca de las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia de la población general, la población en extrema pobreza y las personas en situación de discapacidad. Segundo, mostramos los resultados de una profundización cualitativa acerca de los conflictos y los obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres, los afrocolombianos, las personas con discapacidad, las víctimas del conflicto, las personas LGTBI y de aquellos que viven en situación de pobreza. El análisis arroja un panorama que no es positivo. El sistema de justicia descrito en este libro no tramita la mayoría de necesidades jurídicas que sufren los colombianos. Pero, de manera más grave, contiene múltiples barreras que afectan de forma desproporcionada a las personas de grupos desaventajados. En ocasiones, el sistema desconoce abierta y explícitamente la situación de vulnerabilidad de algunas personas.Publicación Penas alucinantes: La desproporción de la penalización de drogas en ColombiaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra Norato; Rodrigo Uprimny YepesEn Colombia, los delitos y las penas frente a conductas relacionadas con la producción distribución de drogas ilícitas han aumentado progresivamente en el último siglo, llegando a ser incluso más severas que otras conductas que merecen un mayor reproche social como el acceso carnal violento o la tortura. El recurso excesivo al derecho penal para castigar estos delitos transgrede la garantía de proporcionalidad, que exige mantener un mínimo de coherencia razonable entre el daño ocasionado por la conducta y la pena impuesta para realizarla. Además al estudiar los costos que el prohibicionismo genera al Estado colombiano a nivel judicial y penitenciario, y tras confrontarlos con sus eventuales beneficios (que son muy pocos según la evidencia empírica existente), se concluye que los sacrificios de la política, tanto económicos como constitucionales, no se compensan con los eventuales éxitos de la misma.Publicación Justicia para la Paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociadaRodrigo Uprimny Yepes; Luz María Sánchez Duque; Nelson Camilo Sánchez LeónEste libro busca contribuir al difícil debate sobre cómo compatibilizar los imperativos de la justicia y los derechos de las víctimas con las dinámicas propias de una negociación de paz. Parte del supuesto de que las medidas que deberán implementar la sociedad y el Estado colombiano para superación democrática del conflicto armado son múltiples y complejas. Incluyen procesos de transformación democrática sobre el uso y la tenencia de la tierra, apertura de espacios reales de participación política y ciudadana, satisfacción efectiva de los derechos de millones de víctimas y la reintegración de varios miles de combatientes, entre otras medidas. Pero uno de los temas que ha suscitado mayores controversias y dudas es la manera de compatibilizar la búsqueda de la paz con el deber del Estado de sancionar las graves violaciones de los derechos humanos. Este trabajo intenta pondera ambos imperativos en lo que los autores han denominado como una justicia para la paz. Por esta entendemos la búsqueda de una paz que sea justa y sensible a los derechos de las víctimas; pero igualmente una concepción de la justicia y de los derechos de las víctimas que permita una paz negociada, que es una paz éticamente superior a aquella que sea conseguida a través de la victoria militar. Así como no es viable ni jurídica ni políticamente un proceso de paz que arrase con los derechos de las víctimas, tampoco es viable jurídicamente una conceptualización de los derechos de las víctimas que imposibilite un proceso de paz, pues no solo la paz es un presupuesto material para el goce efectivo de nuestros derechos humanos, sino que, en la Constitución de 1991, es un derecho de obligatorio cumplimiento.