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Publicación Efectos del cambio climático en la vida de las mujeres: el caso de Providencia tras el huracán IotaMargarita Martínez Osorio; Paula Andrea Hurtado Pardo; Lucía Ramírez BolívarEn noviembre de 2020, en medio de la emergencia provocada por la pandemia del Covid-19, el huracán Iota conmocionó a los habitantes del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Durante su paso por Providencia, Iota destruyó el 98 % de la infraestructura de la isla, dejando a sus comunidades en una situación de profunda crisis, cuyas secuelas todavía hoy son palpables. Este evento climático extremo impactó en múltiples dimensiones la vida de los habitantes de la isla como en sus medios de subsistencia, sus ecosistemas, la cultura, la seguridad, los servicios de salud y educación, así como sus casas e infraestructura. Esta investigación asume una perspectiva de género y étnica para estudiar los impactos del paso del huracán Iota sobre las mujeres de Providencia, con el fin de proponer claves interpretativas y recomendaciones para afrontar los fenómenos climáticos producto del calentamiento global de una forma más resiliente y desde una perspectiva que ponga en el centro la vida, la dignidad, la perspectiva y saberes de las comunidades ancestrales y nativas al Archipiélago. Utilizando las herramientas teóricas y metodológicas de la ecología política feminista, y centrando las memorias y experiencias de las mujeres de Providencia, este documento busca aportar a la literatura sobre cambio climático y género al proponer guías interpretativas para iluminar las cargas y desigualdades de género que se exacerban en el marco de fenómenos climáticos extremos y de los subsecuentes procesos de reconstrucción.Publicación Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: Entre estándares normativos y barreras prácticasStefano Angeleri; Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave VelásquezCerca de ocho millones de personas han salido de Venezuela en los últimos ocho años a causa de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa este país y el 37% de esta población se encuentra en Colombia, lo que lo convierte en el principal país receptor. Las personas migrantes llegan a Colombia con una serie de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con sus derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la educación, y una vez en Colombia siguen enfrentando barreras para que se les garanticen sus derechos. Estas barreras se agravan en el caso de las personas que han tenido que migrar informalmente y que no pueden acceder a un estatus migratorio regular y estable. Por ejemplo, las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder a servicios de salud a excepción de las urgencias. En este contexto, la investigación “Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: entre estándares normativos y barreras prácticas” analiza el alcance del derecho a las atenciones en salud para esta población y formula recomendaciones que contribuyan a ampliar y fortalecer su acceso a los servicios de salud. Para alcanzar el objetivo, este documento ofrece un análisis en dos perspectivas: una normativa y otra práctica, así como una mirada transversal desde la interseccionalidad, que incluye una atención particular a la situación de grupos históricamente discriminados, como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes y un enfoque diferencial para la formulación de las recomendaciones.Publicación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela?Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave Velásquez; Jessica Corredor VillamilColombia es el principal país receptor de población proveniente de Venezuela en la región. Para atender a esta situación, el gobierno ha adelantado distintas acciones que van desde la atención humanitaria hasta la creación de permisos especiales para facilitar la regularización migratoria. Sin embargo, la vocación de permanencia de esta población evidenció la necesidad de avanzar hacia la implementación de políticas de integración socioeconómica, donde la inclusión laboral es un elemento clave. La inclusión laboral permite a las personas migrantes y refugiadas vivir en condiciones más dignas y contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida. Sin embargo, garantizar el derecho al trabajo para esta población constituye un reto para un país como Colombia, con altas tasas de desempleo e informalidad. A pesar de los esfuerzos de distintos actores, aún persisten barreras en los procesos de inclusión laboral y desarrollo de emprendimientos, que limitan el acceso a un trabajo decente de las personas migrantes y refugiadas, y su permanencia en este. En este contexto, la investigación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela? presenta un análisis de las barreras que enfrenta esta población para insertarse en el mercado laboral, las cuales son analizadas en el marco de los estándares del derecho al trabajo y de la respuesta del Estado para garantizarlo. A partir de los hallazgos se proponen una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores del sector trabajo que tienen el ánimo de contribuir al avance de la inclusión laboral de la población migrante y refugiada y, en últimas, a garantizarles un trabajo digno.Publicación Acceso, promoción y permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano: Avances, retos y recomendacionesSilvia Ruiz Mancera; Lucía Ramírez Bolívar; Valentina Rozo ÁngelLos niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de especial protección y sus derechos deben prevalecer sobre los de las demás personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la garantía del derecho a la educación es fundamental, pues aparte de ser primordial para alcanzar el pleno desarrollo personal, es una herramienta para asegurar la igualdad de oportunidades, reconstruir vidas y crear una comunidad en el lugar de llegada. Los esfuerzos que el Gobierno colombiano ha adelantado para garantizar este derecho han permitido que miles de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela hayan ingresado al sistema educativo. Sin embargo, a nivel territorial aún existen circunstancias que limitan el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de esta población al sistema educativo y su promoción dentro de este. Asimismo, hay factores estructurales que afectan su permanencia en la escuela y que se agravan por situaciones como la ausencia de un estatus migratorio regular, la xenofobia y las diferencias curriculares, que pueden empujarlos a abandonar sus estudios. Con el objetivo de identificar las barreras que en la práctica limitan el acceso, promoción y permanencia de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano, Dejusticia, con el apoyo de Unicef, adelantó una investigación cualitativa que incluyó un diagnóstico en once municipios que han recibido números importantes de niños, niñas y adolescentes migrantes y que tienen diferentes niveles de capacidad institucional. Este documento presenta las barreras identificadas durante la investigación, las cuáles son analizadas en el marco de los estándares del derecho a la educación y de la respuesta del Estado colombiano para garantizarlo. A partir de los hallazgos y el análisis, el texto propone cinco recomendaciones de política pública dirigidas a diferentes instituciones de los niveles nacional y local, que esperamos contribuyan a que el Gobierno avance y consolide los esfuerzos adelantados hasta ahora para la garantía del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia.Publicación Los caminos del dolor. Acceso a cuidados paliativos y tratamiento por consumo de heroína en ColombiaIsabel Pereira-Arana; Lucía Ramírez BolívarEl sufrimiento y el dolor que experimentan las personas al final de la vida y quienes dependen de la heroína encuentran alivio en los opioides. Estos medicamentos están sometidos a un estricto régimen de fiscalización, producto de la aplicación de los tratados internacionales de drogas, que implica una excesiva burocracia y un miedo generalizado tanto en pacientes como en profesionales de la salud para usarlos. Muchos opioides están en la lista de medicamentos esenciales de la Organización Mundial de la Salud. A pesar de ser esenciales, su carácter controlado genera en la práctica una vulneración del derecho a la salud de estas dos poblaciones. En este libro presentamos un diagnóstico realizado en cinco ciudades colombianas sobre las barreras de acceso a opioides que enfrentan los pacientes en los dos ámbitos. Estas barreras se pueden agrupar en cuatro categorías: 1. Fallas estructurales del sistema de salud colombiano. 2. Falta de capacidad institucional para mantener el abastecimiento de opioides en pequeñas y medianas ciudades. 3. Falta de formación profesional en cuidados paliativos y tratamiento para la dependencia de la heroína en pequeñas y medianas ciudades. 4. Estigma hacia las sustancias y hacia las personas que se relacionan con ellas. Analizar conjuntamente el goce del derecho a la salud de personas que usan heroína y de pacientes que sufren enfermedades terminales parece desacertado a primera vista, pues, ¿qué tendrían en común esas poblaciones y la atención en salud que reciben? En este libro defendemos que una persona al final de la vida y aquella que usa heroína enfrentan retos similares: necesitan los mismos medicamentos controlados, requieren un tratamiento interdisciplinar que va más allá de los opioides, llegan a los servicios de salud en momentos de gran vulnerabilidad y son, generalmente, tratados con negligencia por un sistema de salud que no se encuentra preparado para enfrentar la muerte o la dependencia a las drogas. Descripción tomada de: https://www.dejusticia.org/publication/los-caminos-del-dolor-acceso-a-cuidados-paliativos-y-tratamiento-por-consumo-de-heroina-en-colombia/