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Publicación Movilidad humana y emergencia climática: desafíos legales para la garantía de los derechos humanosLina María Arroyave Velásquez; Christy Baile Crouse; Sofía Forero-Alba; Sergio Raúl Chaparro HernándezLa relación entre la emergencia climática y la movilidad humana es multicausal y compleja, y apenas empezamos a comprenderla. La movilidad humana abarca las diversas formas en que las personas se desplazan de un lugar a otro. Sin embargo, no todas las personas pueden ni quieren trasladarse de las zonas de alto riesgo derivado del cambio climático. Aquellas que permanecen inmóviles pueden enfrentarse a retos aún mayores que las que deciden moverse. Los efectos del cambio climático en los patrones de movilidad son difíciles de medir. Establecer un nexo causal preciso y cuantificable entre el cambio climático y los distintos tipos de movilidad humana sigue siendo un gran desafío metodológico. La mejora en los métodos de modelado ha llevado a la proliferación de investigaciones con proyecciones sobre los patrones de movilidad humana en distintos escenarios climáticos. En este contexto, la investigación “Movilidad humana y emergencia climática: desafíos legales para la garantía de los derechos humanos” propone abordar conceptos y marcos normativos a nivel internacional, con el objetivo de contribuir a la protección de las personas en situación de movilidad humana debido a los desastres ambientales y los efectos del cambio climático. A través del análisis de los tipos de movilidad (e inmovilidad) humana y ejemplos ilustrativos de cada una, se pretende resaltar las violaciones de derechos a las que se ven enfrentadas las personas en dichos contextos, centrándose particularmente en aquellas que están en situación de vulnerabilidad. En particular, se estudia el caso de Colombia para demostrar los tipos de movilidad humana que se ven en el país, junto con la normativa nacional relevante. Para alcanzar este objetivo, y basándose en dichas tipologías, este documento ofrece un análisis sobre cómo las personas afectadas son protegidas (o no) por los marcos normativos internacionales, regionales y nacionales. De esta forma, se identifican los vacíos de protección existentes, para luego hacer recomendaciones relevantes para el mejoramiento de la política pública nacional, así como de los marcos normativos regionales e internacionales.Publicación Tendencias autoritarias en América Latina y estrategias de resistencia de la sociedad civilSofía Forero-Alba; Christy Baile Crouse; Daniel Tovar MedinaEl autoritarismo se ha implantado como una dinámica recurrente en América Latina. Herencia de las estructuras políticas y sociales históricas que han constituido la región —como el colonialismo, el caudillismo y las dictaduras militares—, las tendencias autoritarias contemporáneas ponen en peligro la estabilidad democrática de los países donde se presentan y, debido a su expansión, de la región en general. Sumado a ello, problemas urgentes como la inseguridad o las desigualdades —particularmente la desigualdad socioeconómica— han afectado la solidez y legitimidad de nuestras democracias. En este contexto, emerge una preocupación por parte de los movimientos sociales y la sociedad civil en general, acerca de los riesgos que implica el avance de gobiernos con tendencias autoritarias en cada vez más países de América Latina. Al mismo tiempo, surgen preguntas sobre las herramientas con que contamos para hacerles frente y evitar que terminen anulando las garantías democráticas alcanzadas, erigiéndose en dictaduras. Por tanto, esta investigación identifica algunas derivas autoritarias que han venido presentándose en algunos países de la región en los años recientes —ataques a la independencia judicial, securitización y militarización, limitaciones a la libertad de expresión y de prensa, restricciones a la protesta, hostigamiento y ataques a personas defensoras de derechos humanos, ataques al proceso electoral, entre otras—, así como las estrategias que ha empleado la sociedad civil para resistir e impedir la expansión del autoritarismo, procurando la defensa de la democracia y la garantía de derechos y libertades.