Documentos
URI permanente para esta colecciónhttps://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/14
Examinar
2 resultados
Resultados de la búsqueda
Publicación Guía para implementar decisiones sobre derechos sociales. Estrategias para los jueces, funcionarios y activistasCésar Rodríguez Garavito ; Celeste KauffmanPor generaciones, los defensores de derechos humanos han luchado por el reconocimiento de los derechos económicos, sociales y culturales (DESC) para conseguir su justiciabilidad en las cortes nacionales e internacionales, lucha que ha tenido bastante éxito. Los DESC son considerados con frecuencia por cortes nacionales de distintas partes del mundo, y varios países han consagrado tanto estos derechos como su justiciabilidad en sus constituciones nacionales. Cortes internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, consideran peticiones sobre los DESC. En 2013, el Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales entró en vigencia, lo cual permite que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales considere quejas individuales sobre violaciones de DESC. No obstante, la lucha para realizar los DESC no se ha ganado por completo. Actualmente, el desafío que enfrentan los defensores de los derechos humanos es asegurar que los fallos sobre DESC sean implementados. A pesar de una jurisprudencia creciente a favor de estos derechos, muchas de las victorias acaban siendo de papel, y no han logrado transformar las realidades de los derechos que han sido violados. La evidencia sugiere que la falta de implementación de las decisiones de cortes y cuerpos internacionales, regionales y nacionales de derechos humanos es un gran desafío que limita el goce efectivo de los derechos humanos. Considerando los bajos niveles de implementación en varios países y sistemas de derechos humanos, esta guía busca contribuir a la discusión sobre estrategias para las cortes tomadoras de decisiones a nivel internacional y para la sociedad civil, con el fin de impulsar la implementación de las decisiones sobre DESC. Así, analizamos varios factores que afectan la implementación de las sentencias DESC a nivel nacional, regional e internacional, y los mecanismos de implementación con los que cuentan los sistemas internacionales. También consideramos diferentes estudios de casos sobre sentencias nacionales y regionales que han sido implementadas exitosamente, incluyendo sentencias de la Corte Europea de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, India, Colombia, Estados Unidos y Sudáfrica. Al final, con base en los estudios de casos exitosos, esbozamos varias estrategias de implementación que esperamos sean útiles para cortes nacionales y regionales, órganos internacionales de derechos humanos, la sociedad civil e instituciones de derechos humanos.Publicación Vigilancia de las comunicaciones en Colombia: El abismo entre la capacidad tecnológica y los controles legalesCarlos Cortés CastilloEl objetivo de este documento es examinar el marco legal y jurisprudencial colombiano sobre vigilancia de comunicaciones, a la luz de las capacidades tecnológicas de hoy. Dicho a manera de hipótesis, el propósito es mostrar cómo la regulación y la jurisprudencia en materia de inteligencia no se ocupan de interpretar los esquemas de vigilancia actuales para mantener vigentes los derechos que resultan afectados. A pesar de que en Colombia cada tanto se conoce algún escándalo relacionado con inteligencia estatal, nunca queda claro cómo funciona en la práctica y qué controles existen para su ejercicio. Entretanto, pasa el tiempo y los esquemas de vigilancia se sofistican a la par con nuestros teléfonos móviles y computadores. Los cambios tecnológicos suelen alterar presunciones largamente establecidas sobre el alcance de determinados derechos. La privacidad, sin duda, es el derecho que más tensiones enfrenta en el entorno digital. A pesar de esto, en la regulación y en la jurisprudencia subsisten lagunas sobre cómo la tecnología impacta el ejercicio de derechos fundamentales.