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    DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N°1 ¿Controlando la excepcionalidad permanente en Colombia? Una defensa prudente del control judicial de los estados de excepción
    Mauricio García Villegas; Rodrigo Uprimny Yepes
    En Colombia, la constitución pocas veces ha regido en forma plena. Una prueba de ello es el recurso permanente que los gobiernos han hecho a los mecanismos de excepción. Así, en la época de la llamada Regeneración (1886-1910), el país fue gobernado durante 24 años con base en una norma 'transitoria' —la disposición K— y en una ley muy represiva —la Ley 61 de 1888 o Ley de los Caballos—, que autorizaban al Ejecutivo a reprimir administrativamente "los abusos de prensa", "los delitos contra el orden público", las conspiraciones, etc. Luego, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), se expidió la Ley Heroica, que dio tratamiento policial a las protestas sociales que surgían por el inicio de la industrialización. Igualmente, desde el cierre del Congreso —en noviembre de 1949, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950)— hasta la expedición de la Constitución de 1991, Colombia vivió prácticamente en un régimen de excepción permanente. Al amparo de ese régimen de excepción, no sólo expidió el gobierno normas relativas a todos los aspectos de la vida social sustituyendo así de facto al Congreso como legislador—, sino que su vigencia posibilitó la violación de numerosos derechos ciudadanos. De esa manera, un régimen que debía ser de excepción y de duración transitoria, conforme a lo preceptuado por el artículo 121 de la Carta de 1886, en la práctica se convirtió en un elemento normal y cotidiano de ejercicio del poder político, con lo cual el régimen constitucional se desfiguró. Estos antecedentes históricos muestran que Colombia ha vivido una suerte excepcionalidad jurídica permanente. También explican la importancia del debate en torno a si debe o no existir un control judicial de la declaratoria de un estado de excepción por parte del presidente. Este artículo aborda ese debate y defiende una tesis que tiene los siguientes tres componentes: (1) la posibilidad de declarar el estado de excepción es compatible con el constitucionalismo y existe en todas las constituciones democráticas del mundo. (2) El problema del estado de excepción en Colombia no deriva de las normas que lo consagran; más aún, éstas parecen más moderadas que en otros países con democracias más consolidadas. El problema se origina en el uso normalizado que en Colombia se ha hecho de dicha facultad. (3) La mejor manera de combinar la necesidad de la excepción con la necesidad de evitar el peligro de su uso normalizado es a través de un control constitucional sobre los decretos de excepción, tal como lo prevé actualmente la Corte Constitucional. Adicionalmente, sostenemos la idea de que la manera como se ha utilizado el estado de excepción en Colombia ha implicado un desdibujamiento del Estado de derecho e, incluso, del propio Estado, en beneficio de su "afuera salvaje" o de la ilegalidad. El Estado cambia de roles según los escenarios; es un Estado camaleónico. Los mismos agentes estatales actúan con libretos diferentes según las condiciones. El estado de emergencia o de excepción ilustra esta posibilidad. La misma institucionalidad fronteriza que caracteriza al estado de excepción propicia el paso —un paso muy corto— hacia uno u otro lado de la frontera legal e institucional del Estado. Para sustentar dichas tesis, el artículo tiene seis partes. Comienza por presentar el debate teórico general en torno al control judicial de los poderes de excepción. Luego describe brevemente algunos rasgos del sistema jurídico y político colombiano, importantes para entender el contexto en que se desenvuelve la labor de la Corte Constitucional en este punto. Posteriormente analiza de forma concreta esta labor de la Corte. Después, a fin de evaluar las bondades o los riesgos de tal intervención judicial para la precaria democracia colombiana, el texto estudia los efectos que ha tenido en Colombia el abuso de los estados de excepción, para contrastarlos con los beneficios, los costos y los riesgos del control ejercido por la Corte, todo lo cual permite llegar a defender, pero con algunas reservas, el control material de la declaratoria de los estados de excepción ejercido por la Corte.
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    Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho
    Rodrigo Uprimny Yepes; César Rodríguez Garavito
    Este artículo es el resultado preliminar de un trabajo más amplio, sobre la Constitución y la política económica en Colombia. Esta versión está basada en Uprimny, Rodrigo, "Modelo Económico y Constitución", ponencia presentada en el seminario sobre el tema organizado por el Ministerio de Hacienda (Bogotá, septiembre de 2004), complementada por la ponencia de César A. Rodríguez en el seminario "Constitución y Modelo Económico", organizado por Fedesarrollo y el Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad de Los Andes (Bogotá, 22 de noviembre de 2005).
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    DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N°3 Tutela contra sentencias: documentos para el debate
    Mauricio García Villegas; Catalina Botero Marino; Diana Guarnizo Peralta; Juan Fernando Jaramillo Pérez; Rodrigo Uprimny Yepes
    La tutela contra sentencias (TCS) ha estado, desde hace varios años, en el centro de muchas polémicas jurídicas y políticas, en especial debido al llamado “choque de trenes”. Estos enfrentamientos entre las altas cortes han sido perjudiciales para el país, pues generan incoherencias en el sistema judicial, con grave perjuicio para la seguridad jurídica y para los derechos fundamentales de los colombianos. El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “DeJuSticia” ha querido contribuir a la búsqueda de una solución de este problema, recogiendo en nuestra serie de “documentos de discusión” varios textos que varios de nuestros socios e investigadores han elaborado sobre el tema en los últimos años. Consideramos oportuna la publicación conjunta de esos trabajos, teniendo en cuenta que el debate en el país sobre el tema se ha intensificado en los últimos meses. En particular, al momento de escribir estas líneas, el debate se ha trasladado al Congreso, quien tiene la oportunidad de encontrar una salida a este problema, debido a la presentación de dos proyectos de acto legislativo vinculados al tema. De un lado, el proyecto 133/06 Cámara presentado por el Ministerio del Interior y de otro lado, el proyecto 13/06 Senado, presentado por el Consejo de Estado y coadyuvado por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía General de la Nación.
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    ¿Justicia Transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia
    Rodrigo Uprimny Yepes; María Paula Saffon Sanín; Catalina Botero Marino; Esteban Restrepo Saldarriaga
    La expresión ‘justicia transicional’ hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz. Los procesos de justicia transicional enfrentan importantes dilemas, originados todos en la compleja necesidad de equilibrar los objetivos contrapuestos de justicia y paz. En efecto, en las últimas décadas se han consolidado imperativos jurídicos internacionales que protegen los derechos de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos ocurridas en la etapa previa a las transiciones y que buscan impedir que hechos como los acaecidos vuelvan a suceder. Estos derechos se concretan en el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos, en la obtención de una reparación por concepto de ello y en la judicialización y responsabilización del culpable de los crímenes. Sin embargo, las necesidades de paz y reconciliación nacional propias de los procesos transicionales presionan en dirección opuesta a dichos derechos, pues —sobre todo cuando el proceso transicional es consecuencia de una negociación política— para que los responsables de crímenes atroces acepten dejar atrás el régimen despótico o la guerra civil, es necesario que encuentren incentivos para hacerlo, tales como el perdón y el olvido de sus actos. No es posible ignorar estas tensiones entre justicia y paz; por ello, si bien es deseable buscar vías que tiendan a reducirlas, debe hacerse con la conciencia de que no es posible eliminarlas ni ignorarlas y que no existen fórmulas únicas satisfactorias en materia de justicia transicional.
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    Los derechos sociales en serio: Hacia un diálogo entre derechos y políticas públicas
    César Rodríguez Garavito; Rodrigo Uprimny Yepes
    La publicación está dirigida a periodistas, investigadores, funcionarios públicos, estudiantes y ciudadanos en general, que se encuentran interesados en el control del Estado en términos del avance de los derechos humanos.
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    Derechos y economía. Boletín del Observatorio de Derechos Sociales y Políticas Públicas #1
    César Rodríguez Garavito; Diana Rodríguez Franco
    Tanto en la discusión del TLC en el Congreso Nacional como en su eventual revisión por la Corte Constitucional, una de las preguntas fundamentales es si el Tratado se ajusta a la Constitución nacional. En el caso del trámite actual ante el Congreso, en virtud de la supremacía jurídica de la Constitución, el legislativo, además de ejercer un control político del TLC, tiene la facultad y la obligación de estudiar la constitucionalidad de las normas contenidas en el Tratado para evitar incorporar al derecho nacional normas contrarias a la Carta. Aunque la mayor parte del TLC es constitucional, existen normas importantes que merecen especial atención por parte del Congreso y la Corte Constitucional por presentar vicios potenciales de inconstitucionalidad. En este documento se explica el control constitucional del TLC y se analizan cuatro cláusulas relacionadas con propiedad intelectual, solución de controversias, expropiaciones indirectas y reclamaciones sin infracción, que pueden vulnerar las normas constitucionales sobre el derecho a la salud, el principio de igualdad y la capacidad regulatoria y jurisdiccional del Estado. En cada caso, se sugieren ajustes para que el Congreso, a través de reservas o declaraciones interpretativas, las excluya o las interprete de forma que el TLC se ciña a la Constitución.
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    El Sistema de los derechos. Guía práctica de protección de los derechos humanos
    Catalina Botero Marino; Diana Esther Guzmán Rodríguez
    La Guía práctica del Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos es un esfuerzo por mejorar la calidad de la información relacionada con el Sistema, toda vez que quienes están interesados en temas de justicia, orden público, conflicto y otros relacionados con el seguimiento a las disposiciones internacionales de derechos humanos cuenten con las herramientas necesarias para hacerlo con calidad, conocimiento y eficiencia. La publicación está dirigida a periodistas, investigadores, funcionarios públicos, estudiantes y ciudadanos en general, que se encuentran interesados en el control del Estado en términos del avance de los derechos humanos.
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    Seis Ciudades, cuatro países, un derecho: Análisis comparativo de políticas educativas
    Nathalia Sandoval Rojas; Rodrigo Uprimny Yepes
    Este libro se basa en la idea de que las políticas públicas deben orientarse al respeto, la protección y garantía de los derechos humanos. Por ellos acoge la propuesta de Katarina Tomasevski, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, según la cual la educación es un derecho de todas las personas y una obligación de todos los Estados, que comprende cuatro componentes, a saber: disponibilidad, accesibilidad, permanencia y adaptabilidad.Este enfoque permite observar en qué medida el diseño y la implementación de las políticas públicas se ajustan a los postulados del derecho ala educación y cuál ha sido su contribución a su efectiva realización. Con esos elementos, los ensayos que se reúnen en este volúmen analizan la política pública educativa de Bogotá, comparándola con la de otras 4 ciudades, y un país de América Latina. Este exámen no sólo posibilita evaluar el ajuste de dichas políticas a los distintos componentes del derecho a la educación sino que además permite detectar buenas y malas prácticas que podrían ser implementadas y evitadas, respectivamente, por otros gobiernos locales en la región.
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    El derecho a no ser discriminado: Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana
    César Rodríguez Garavito; Tatiana Andrea Alfonso Sierra; Isabel Cavelier Adarve
    Este trabajo pone en tela de juicio el mito de la democracia racial colombiana. Según este mito, en Colombia no hay racismo porque, a diferencia de Suráfrica o Estados Unidos, todas las razas y culturas se fundieron para siempre en una síntesis igualitaria. Esta creencia fundacional de la identidad colombiana está detrás de la negación de la discriminación racial. Este libro ofrece un diágnostico sólido y certero de la situación de la población afrocolombiana y del grado de realización y violación de sus derechos. Además, hace propuestas y recomendaciones concretas de política pública que ayuden a realizar el derecho a la igualdad y a superar el mito de la democracia racial.
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    El derecho a la salud en perspectiva de derechos humanos y el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Estado colombiano en materia de quejas en salud
    Rodrigo Uprimny Yepes
    La Procuraduría General de la Nación en asocio con Dejusticia y con financiación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, adelantaron una investigación con el fin de evaluar el sistema de salud colombiano y en particular su sistema de inspección, vigilancia y control, desde la perspectiva de los derechos humanos. La ley 100 de 1993 implicó importantes reformas al sistema de salud colombiano. Sin embargo, este nuevo sistema ha tenido enormes dificultades en la práctica. Entre las más importantes está el problema de la equidad, la calidad y la cobertura del sistema de salud. En cuanto a la inequidad, este se debe principalmente a las diferencias en los contenidos en el POS (Plan Obligatorio de Salud) y POS-S (Plan obligatorio de Salud para el Régimen Subsidiado). Con respecto a la universalidad, un amplio número de personas no logran acceder al sistema. Finalmente, la calidad del servicio depende en la mayoría de los casos de la capacidad de pago de las personas. Estos son sin duda los principales problemas que presenta el servicio de salud y que este libro pretende abordar a diferencias de otros textos en el tema, desde una evaluación completa del diseño y la dinámica del sistema de salud desde una perspectiva de derechos humanos.
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    DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N° 10 Familias LGBT: iguales derechos, igual protección
    Mauricio Noguera; Diana Esther Guzmán Rodríguez
    Este documento de discusión pretende aportar en la comprensión de la transformación que se ha dado con el reconocimiento de las familias LGBT, así como en la identificación de sus principales implicaciones, con el fin de avanzar en una adecuada implementación de dicho reconocimiento.
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    DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N° 7 Crimen, conflicto armado y Estado en Colombia, México y Guatemala
    Mauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo
    Hasta hace algunos años la criminalidad en Colombia, México y Guatemala era un fenómeno circunscrito casi de manera exclusiva a los entornos nacionales. Cada país tenía sus cifras sobre crimen y delincuencia sin que fuera posible establecer mayores conexiones transnacionales de esas cifras. Eso ha cambiado en los últimos años. La criminalidad es un fenómeno que adquiere connotaciones cada vez más globales en la región. No obstante la importancia de este tema, es muy poca la literatura regional comparada que explora esta problemática. En este artículo hacemos una contribución preliminar en este sentido y para tal efecto intentamos hacer una comparación de la criminalidad en Colombia, México y Guatemala sin perder de vista su relación con la capacidad de las instituciones estatales. Nuestra hipótesis es que cada vez es más evidente la existencia de conexiones y de tendencias que solo se pueden entender globalmente y que ello se debe, sobre todo, al carácter transnacional del narcotráfico. El texto está dividido en tres partes. La primera muestra y analiza la distribución de la capacidad institucional a lo largo del territorio de los tres países. La segunda relaciona estas distribuciones con los fenómenos de criminalidad, y la tercera, a manera de conclusión, presenta algunos paralelos entre los tres países.
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    Reparar en Colombia. Los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusión
    Diana Esther Guzmán Rodríguez; Catalina Díaz Gómez; Nelson Camilo Sánchez León; Rodrigo Uprimny Yepes; María Paula Saffon Sanín; Carlos H. Lozano Acosta; Camilo Ernesto Bernal Sarmiento; Foro Interétnico Solidaridad Chocó
    Este libro es fruto de una investigación participativa de dos años con organizaciones de víctimas de diversas regiones del país como el Pacífico, el norte del Valle y el Oriente antioqueño. Ofrece reflexiones con fundamento en aspectos empíricos y conceptuales sobre los principales debates en torno a la política de reparación en Colombia, tales como el proyecto de ley que pretendió establecer un estatuto para víctimas y el programa de reparación individual por vía administrativa. Asimismo, profundiza en aspectos como la dimensión transformadora de las reparaciones con vocación de redistribución, la pertinencia del análisis comparado, el uso de enfoques diferenciales como reconocimiento, los principios de justicia que deben orientar la reparación y la reivindicación del campo de la transicional desde abajo. Con ello se pretende contribuir a la búsqueda de salidas para los desafíos que enfrenta la necesidad de reparar graves violaciones cometidas en un contexto de guerra, pobreza y exclusión.
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    Mayorías sin democracia: Desequilibrio de poderes y Estado de derecho en Colombia (2002-2009)
    Javier Eduardo Revelo Rebolledo (Dir.); Mauricio García Villegas (Dir.)
    En este libro –resultado de una investigación del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia)– se defiende la institucionalidad contra los embates de las mayorías políticas. El debate no debe centrarse en si el presidente Uribe se merece o no la reelección, sino en si esta reelección, o cualquier otra que se presente en el futuro, respeta la Constitución. Dicho en otros términos, la voluntad del pueblo tiene límites y esos límites son, además, una manera de defender esa voluntad popular contra ella misma, es decir, contra su propio desbordamiento. Toda la historia de la democracia constitucional puede ser resumida como un esfuerzo por encontrar un justo balance entre la voluntad de las mayorías políticas y el respeto de unas reglas institucionales que encaucen esa voluntad y no permitan que se desborde.
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    DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N° 9 Incorporación institucional de la periferia en Colombia: descentralización, regalías y el Plan Nacional de Consolidación
    Mauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo
    Este texto parte del diagnóstico presentado en el libro “Los estados del país. Instituciones municipales y realidades locales” (2011) para, con un enfoque menos académico y más de recomendaciones de política pública, analizar tres procesos de formación de Estado en Colombia: el proceso de descentralización, el impacto de las regalías en los municipios y el Plan Nacional de Consolidación Territorial que actualmente se está implementando en algunas zonas del país.
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    DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N° 8 Historias municipales de debilidad institucional Los casos de Riohacha, Mocoa y Arauca
    Mauricio García Villegas; José Rafael Espinosa Restrepo; Sebastián Rubiano Galvis
    El presente documento complementa, desde un enfoque cualitativo, la investigación recogida en el libro «Los estados del país. Instituciones municipales y realidades locales». Aquí se presentan las “historias de vida” de tres municipios –Riohacha, Mocoa y Arauca- en los que el poder del Estado no es tan fuerte como en otros territorios del país. En estas historias quisimos “poner en contexto” los datos duros de la parte cuantitativa y enlazar algunos indicadores institucionales con una historia y una realidad social y política específica. Quisimos, en resumen, “contar una historia de debilidad institucional”.
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    Raza y derechos humanos en Colombia: Informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana
    César Rodríguez Garavito; Tatiana Andrea Alfonso Sierra; Isabel Cavelier Adarve
    Este trabajo, sin precedentes en el país por su tema y envergadura, tiene una doble finalidad. Primero, ofrece un diagnóstico sólido y certero de la situación de la población afrocolombiana y del grado de realización y violación de sus derechos. Segundo, hace propuestas y recomendaciones concretas de política pública que ayuden a realizar el derecho a la igualdad y a superar el mito de la democracia racial.
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    Cortes y cambio social: Cómo la Corte Constitucional transformó el desplazamiento forzado en Colombia
    César Rodríguez Garavito; Diana Rodríguez Franco
    ¿Qué papel tienen las cortes en una democracia? ¿Qué tipo de intervenciones judiciales se requieren para promover políticas públicas que hagan realidad los derechos y estimulen el cambio social? Este libro responde estas y otras preguntas, a la luz de uno de los casos más importantes del constitucionalismo comparado: la intervención de la Corte Constitucional colombiana para proteger los derechos de las víctimas del desplazamiento forzado. Con base en una investigación interdisciplinaria, los autores ofrecen un nuevo marco analítico y estudian los efectos de la sentencia de la Corte (T-025 de 2004) y del dinámico proceso de seguimiento que ha tenido lugar desde su expedición.
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    Estado Alterado: Clientelismo; mafias y debilidad institucional en Colombia
    Javier Eduardo Revelo Rebolledo; Mauricio García Villegas
    Este libro hace un intento por articular una visión integral, no sólo social y política del fenómeno paramilitar, sino también institucional y jurídica de las debilidades institucionales que subyacen a la captura del Estado colombiano por parte de las mafias y de los actores políticos. Articular estas dimensiones permite comprender mejor los riesgos del régimen político, e idear propuestas sociales e institucionales que puedan ayudar a enfrentarlos.
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    Justicia transicional desde abajo y con perspectiva de género
    Diana Esther Guzmán Rodríguez; Rodrigo Uprimny Yepes
    El documento tiene como finalidad aportar al debate sobre la forma como deben ser enfrentadas las atrocidades que han ocurrido en el contexto del conflicto armado colombiano. Para esto, presenta una propuesta teórica por medio de la cual se pretende enriquecer el enfoque dominante en el campo de la justicia transicional, mediante: i) la inclusión de perspectivas sensibles a los efectos diferenciados de la violencia en la vida de las víctimas, como el enfoque de género, y ii) una mejor articulación entre los procesos jalonados desde arriba y las realidades e iniciativas locales.
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