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    Argumentos y vías para la ratificación de la Convención Interamericana sobre Personas Mayores
    Isabel Pereira-Arana; Julián Salamanca Latorre
    El 15 de junio de 2015 la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA) adoptó el texto de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores (en adelante, Convención sobre Personas Mayores).La Convención, única en su tipo, parte del respeto que se le debe a los derechos humanos y la necesidad de su promoción y protección a partir de lo establecido en la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, entre otros instrumentos. Parte del principio de que la búsqueda del ideal de un ser humano libre, exento de temor y miseria solo puede mantenerse en tanto se garanticen condiciones de vida que le permitan a cada persona disfrutar de sus derechos sin discriminación alguna, en particular por motivos de edad.
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    Declaración sobre el acceso universal y equitativo a las vacunas contra la COVID-19 (Traducción no oficial)
    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    Presentamos una Declaración del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales para que los Estados adopten medidas contra la Covid-19 basadas en los derechos humanos. Se espera que una vacuna segura y efectiva reduzca los riesgos que la COVID-19 plantea para la salud y la vida, permitiendo, al mismo tiempo, el levantamiento progresivo de algunas de las medidas restrictivas que han sido necesarias para hacer frente a la propagación del virus. También ayudará a recuperarse de los graves efectos negativos que estas medidas han tenido en el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente de las poblaciones más desfavorecidas y marginadas. Si bien esta declaración se refiere esencialmente al acceso equitativo y universal a las vacunas para COVID-19, el Comité considera que sus principales consideraciones son pertinentes, con los cambios necesarios, en relación con las obligaciones de los Estados de garantizar también el acceso universal y equitativo al tratamiento para la COVID-19. Esta traducción fue elaborada por Dejusticia con el fin de contribuir a la difusión de un documento que consideramos de relevancia pública. No es una traducción oficial de Naciones Unidas. Todos los errores son nuestros.
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    Informe de actor interesado. Examen Periódico Universal 44° periodo de sesiones - Colombia
    Alexandrine Pirlot de Corbion; Daniel Ospina-Celis; Juan de Brigard
    Este informe pretende generar dudas y planteamientos acerca de la protección de los derechos a la libertad de expresión y de opinión, la intimidad, la protección de datos personales, el cierre de espacios de la sociedad civil y el derecho a la protesta y los derechos de la población migrante y refugiada venezolana. A través de 52 apartados con información sobre distintos casos en los que se muestra el uso desmedido de la fuerza pública sobre los emigrantes y los protestantes, la realidad de la violencia digital sobre las mujeres por cuestiones de género, las existentes barreras de acceso a la educación de niñas, niños y adolescentes migrantes, la dificultad del acceso al trabajo y permanencia en el mercado laboral por parte de la población migrante; y otras líneas de la no protección de los derechos humanos, Dejusticia, la Fundación Karisma y Privacy International exponen estos casos de violencia y de discriminación, para proponer, al final, una lista de recomendaciones al Estado colombiano con respecto a los casos anteriores.
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    El efecto dominó en los casos de drogadicción: el principio de “tratamiento en lugar de judicialización” avanza en los juzgados luego de una decisión histórica de casación
    Karim Nammour
    Este artículo discute los distintos caminos que se tomaron en el transcurso del litigio estratégico que apuntaba a consagrar el derecho de los familiares de las personas desaparecidas durante la guerra civil en el Líbano a saber qué pasó con ellas, o como se denominó, "el derecho a saber". Además, aborda los motivos por los que utilizar el litigio estratégico permite trasladar efectivamente un tema de la arena política a la judicial; los criterios que utiliza y las cosideraciones hechas en la selección de los casos, y los métodos de trabajo. Finalmente, el artículo plantea las herramientas que se deben tener en cuenta para estar preparado para abordar las acciones de la corte en los medios, y combatir cualquier reincidencia judicial al respecto o cualquier intervención de los poderes políticos que pretenda reorientar la corte o prevenir la implementación de sus fallos.
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    La búsqueda y la participación en la búsqueda de víctimas de desaparición forzada: la perspectiva actual en Colombia y El Salvador
    Ana Srovin Coralli; Heli Jeremías Hernández; Alejandro Jiménez Ospina; Lisa Ott
    En este artículo realizamos un análisis sistemático de la normativa sobre búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada en El Salvador y Colombia y sobre la participación de las víctimas en estos procesos. Al estudiar ambos cuerpos normativos, en consonancia con los instrumentos de derecho internacional aplicables y los Principios Rectores para la Búsqueda de Personas Desaparecidas de la ONU, encontramos diferencias tanto en la consagración de los derechos a la búsqueda y a la participación como en su contenidos y alcances. En dos contextos distintos, uno de hiperinflación normativa (Colombia) y otro de ausencia de regulación explícita (El Salvador), la consecuencia parece seguir siendo la misma – las víctimas siguen esperando que se busque a sus seres queridos.
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    Contar la verdad. Estadística en la develación de patrones de violencia
    Alejandro Jiménez Ospina; Valentina Rozo Ángel; Daniel Ospina-Celis; Michael Monclou Chaparro; Lucía Camacho Gutiérrez; Juan Carlos Upegui Mejía
    Los estados tienen la obligación de garantizar el derecho a la verdad frente a las graves violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, las bases de datos de estas violaciones tienen dos tipos de vacíos de información: campos faltantes y registros faltantes. La estadística contribuye a la superación de estos vacíos, reconociendo la incertidumbre. Entonces, por medio del uso de métodos estadísticos se puede estimar la magnitud de la violencia dentro de un rango posible. En este documento explicamos cómo la estadística contribuye a garantizar el derecho a la verdad, especialmente en su dimensión colectiva. También, cómo gracias a las estimaciones es posible servir al esclarecimiento del pasado atroz con un impacto en las garantías judiciales, la protección judicial y el derecho a la verdad.
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    Traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la COVID-19, la cooperación internacional y la propiedad intelectual.
    Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales
    Reconocer los esfuerzos de la cooperación científica internacional, la aguda investigación y el apoyo financiero de los Estados que han permitido el desarrollo de varias vacunas seguras y eficaces contra la Covid-19 en un tiempo récord es de vital importancia. Con el desarrollo que ha tenido la pandemia ocasionada por dicho virus, se espera que una vacuna —elaborada teniendo en cuenta la importancia de no comprometer la seguridad de ninguna persona en el mundo, y siguiendo los protocolos y directrices internacionales aceptadas por las respectivas autoridades sanitarias—, sea una forma de mitigar los efectos negativos que ha traído esta en la sociedad. Este documento presenta una traducción no oficial de la Declaración sobre la vacunación universal asequible contra la covid-19, la cooperación internacional y la propiedad intelectual elaborada por Dejusticia con el fin de difundir un documento, considerado de relevancia pública, que contribuye a informar y educar sobre un tema coyuntural. Además, permite llamar la atención a los Estados, quienes deben ser conscientes de la obligación que tienen para cooperar en la adquisición de las vacunas y el acceso a estas por parte de todas las personas del mundo.
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    Introducción al modelo de acción judicial para defender a personas adictas a las drogas
    Legal Agenda
    Desde que el enfoque de las ciencias sociales hacia los temas de drogas y drogadicción ha evolucionado y traído diferentes investigaciones encaminadas al entendimiento de los problemas con los que viven las personas cuyo consumo de drogas es problemático, ya no se ve a una persona adicta como criminal, cuyo único fin es ser judicializada y castigada, sino como alguien marginalizado que necesita tratamiento, seguimiento y educación para reducir los riesgos del uso de dichas sustancias. En este texto se se reflexiona acerca de la importancia de los espacios que permiten el abordaje de la addición a las drogas desde una perspectiva multidisciplinar, y cómo estos permiten el aumento del conocimiento y brindan oportunidades para tener una discusión amplia, en donde el debate no solo se acerca a un tema legal, sino también a uno social que implique hablar de los derechos y las políticas públicas asociadas a las personas adictas. Por último, en estas páginas se exploran los modelos de acción judicial que permiten defender a las personas adictas estipulados en la Ley de Drogas, que busca aproximarse a las personas cuyo consumo es problemático desde la educación y el camino del tratamiento.
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    Alternatividad penal para mujeres cabeza de familia La Ley 2292 de 2023: Un camino hacia la justicia de género en las políticas de drogas en Colombia
    Mujeres Libres; Centro Internacional de Derechos Humanos y Política de Drogas de la Universidad de Essex; Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - Dejusticia
    La Ley 2292 de 2023 en Colombia representa un avance hacia la justicia de género en las políticas de drogas, al ofrecer alternativas al encarcelamiento para mujeres cabeza de familia que hayan cometido delitos menores o relacionados con drogas. Estas mujeres, muchas en condiciones de marginalidad y con responsabilidades de cuidado, pueden sustituir la pena de prisión por la prestación de servicios públicos no remunerados. La ley se inspira en las Directrices Internacionales de Derechos Humanos y Política de Drogas y busca corregir la sobrerrepresentación femenina en las cárceles por delitos no violentos. A pesar de su potencial, la implementación ha sido limitada, con retos como la falta de apoyo estatal, definición ambigua de beneficiarias, y escasa articulación institucional. Se propone fortalecer políticas públicas integrales, eliminar antecedentes penales y garantizar participación activa de mujeres con experiencia vivida para asegurar una aplicación efectiva y justa.
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    El etiquetado frontal de advertencia de productos comestibles ultra procesados desde una mirada del derecho internacional económico
    Johnattan García Ruiz
    El etiquetado frontal de advertencia (EFA), que advierte sobre el contenido en azúcares añadidos, sodio y grasas saturadas, es compatible con la regulación internacional en materia de libre comercio y protección de inversiones. En este documento, explicamos por qué el EFA se ajusta a los compromisos multilaterales adquiridos por Colombia como miembro de la Organización Mundial de Comercio (OMC), así como a los acuerdos de comercio preferencial. Además, se examina la medida a la luz de las normas técnicas sobre alimentación compiladas por la Comisión del Codex Alimentarius y se explica por qué el EFA también es compatible con tratados de protección de inversiones. Descripción tomada y adaptada de esta publicación.