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Publicación Beyond the Binary: Securing Peace and Promoting Justice after ConflictNelson Camilo Sánchez León; Rodrigo Uprimny Yepes; Howard Varney; Michael Schwarz; Tatiana Rincón-Covelli; Claudio Nash Rojas; Tara Van Ho; Oscar Parra VeraThe main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. Discussions on the meaning and scope of concepts such as justice, accountability, and victim satisfaction continue to be fervent topics in specialized circles of what is now known as “the transitional justice field,” and in societies suffering from mass violence. Instead of solving the practical and theoretical dilemmas of these interpretative disputes, the experience and knowledge accumulated over the more than three decades that this field has been in existence have served only to deepen the debates and to adapt more of these discussions to new and constantly-changing scenarios and contexts. The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. There are two reasons for our making this observation. On one hand, given the institutional, legal, and political challenges facing societies that nowadays attempt to take this step, there is a need for the issue to be analyzed. On the other hand, the conclusion reached from an initial analysis is that the academic and practical discussion seems to be trapped into a polarizing discussion between those who defend a legal interpretation of the duty to investigate, prosecute, and punish, which appears to threaten the possibility of achieving negotiated transitions, and those who, in order to prevent that risk, deny or resent the existence or consolidation of such a principle. The central purpose of this book is to initiate a conversation on how to resolve difficult dilemmas. We appreciate that some of the proposals may come across as controversial, but what we are looking for is, precisely, to open up the possibility of thinking in innovative ways about how to confront these challenges. Una discusión similar se da en el libro Justicia para la paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada, en español.Publicación La constitución del campesinado: luchas por reconocimiento y redistribución en el campo jurídicoIsabel Güiza-Gómez; Ana Jimena Bautista Revelo; Ana María Malagón Pérez; Rodrigo Uprimny YepesEl campesinado colombiano ha enfrentado una triple injusticia histórica: discriminación socioeconómica, déficit de reconocimiento y represión de su movilización y participación. La lucha por el reconocimiento es una expresión reciente de las agendas históricas del campesinado por enfrentar esas injusticias. Uno de los componentes de esas luchas se ha dado en el campo jurídico, pues el derecho también ha tendido a invisibilizar al campesinado, o cuando menos, no lo ha reconocido en la forma robusta que amerita. La reflexión sobre esa lucha en el campo jurídico es el objeto esencial de este libro. La razón de ese énfasis deriva de dos constataciones: es un aspecto de la situación del campesinado colombiano en que hay una carencia en la producción académica nacional; y es un elemento que puede contribuir al reclamo histórico del campesinado por vivir dignamente. En este libro encontrará un acercamiento a esa lucha del campesinado por su reconocimiento, en el campo jurídico colombiano en los últimos años; seguida de una mirada en términos comparados sobre la participación del campesinado en procesos constituyentes en América Latina y su consecuente presencia en los textos constitucionales, especialmente en las últimas cuatro décadas. De allí entramos al caso colombiano analizando el reconocimiento del campesinado en el momento constituyente y, luego, miramos la evolución jurisprudencial ulterior. Por último, nos acercamos a las tensiones entre la territorialidad campesina y otros derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, proponiendo algunas reflexiones sobre cómo abordar estos desencuentros entre iguales diversos.Publicación DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N°1 ¿Controlando la excepcionalidad permanente en Colombia? Una defensa prudente del control judicial de los estados de excepciónMauricio García Villegas; Rodrigo Uprimny YepesEn Colombia, la constitución pocas veces ha regido en forma plena. Una prueba de ello es el recurso permanente que los gobiernos han hecho a los mecanismos de excepción. Así, en la época de la llamada Regeneración (1886-1910), el país fue gobernado durante 24 años con base en una norma 'transitoria' —la disposición K— y en una ley muy represiva —la Ley 61 de 1888 o Ley de los Caballos—, que autorizaban al Ejecutivo a reprimir administrativamente "los abusos de prensa", "los delitos contra el orden público", las conspiraciones, etc. Luego, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), se expidió la Ley Heroica, que dio tratamiento policial a las protestas sociales que surgían por el inicio de la industrialización. Igualmente, desde el cierre del Congreso —en noviembre de 1949, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950)— hasta la expedición de la Constitución de 1991, Colombia vivió prácticamente en un régimen de excepción permanente. Al amparo de ese régimen de excepción, no sólo expidió el gobierno normas relativas a todos los aspectos de la vida social sustituyendo así de facto al Congreso como legislador—, sino que su vigencia posibilitó la violación de numerosos derechos ciudadanos. De esa manera, un régimen que debía ser de excepción y de duración transitoria, conforme a lo preceptuado por el artículo 121 de la Carta de 1886, en la práctica se convirtió en un elemento normal y cotidiano de ejercicio del poder político, con lo cual el régimen constitucional se desfiguró. Estos antecedentes históricos muestran que Colombia ha vivido una suerte excepcionalidad jurídica permanente. También explican la importancia del debate en torno a si debe o no existir un control judicial de la declaratoria de un estado de excepción por parte del presidente. Este artículo aborda ese debate y defiende una tesis que tiene los siguientes tres componentes: (1) la posibilidad de declarar el estado de excepción es compatible con el constitucionalismo y existe en todas las constituciones democráticas del mundo. (2) El problema del estado de excepción en Colombia no deriva de las normas que lo consagran; más aún, éstas parecen más moderadas que en otros países con democracias más consolidadas. El problema se origina en el uso normalizado que en Colombia se ha hecho de dicha facultad. (3) La mejor manera de combinar la necesidad de la excepción con la necesidad de evitar el peligro de su uso normalizado es a través de un control constitucional sobre los decretos de excepción, tal como lo prevé actualmente la Corte Constitucional. Adicionalmente, sostenemos la idea de que la manera como se ha utilizado el estado de excepción en Colombia ha implicado un desdibujamiento del Estado de derecho e, incluso, del propio Estado, en beneficio de su "afuera salvaje" o de la ilegalidad. El Estado cambia de roles según los escenarios; es un Estado camaleónico. Los mismos agentes estatales actúan con libretos diferentes según las condiciones. El estado de emergencia o de excepción ilustra esta posibilidad. La misma institucionalidad fronteriza que caracteriza al estado de excepción propicia el paso —un paso muy corto— hacia uno u otro lado de la frontera legal e institucional del Estado. Para sustentar dichas tesis, el artículo tiene seis partes. Comienza por presentar el debate teórico general en torno al control judicial de los poderes de excepción. Luego describe brevemente algunos rasgos del sistema jurídico y político colombiano, importantes para entender el contexto en que se desenvuelve la labor de la Corte Constitucional en este punto. Posteriormente analiza de forma concreta esta labor de la Corte. Después, a fin de evaluar las bondades o los riesgos de tal intervención judicial para la precaria democracia colombiana, el texto estudia los efectos que ha tenido en Colombia el abuso de los estados de excepción, para contrastarlos con los beneficios, los costos y los riesgos del control ejercido por la Corte, todo lo cual permite llegar a defender, pero con algunas reservas, el control material de la declaratoria de los estados de excepción ejercido por la Corte.Publicación Adicción punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América LatinaRodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra NoratoEste documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.Publicación Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derechoRodrigo Uprimny Yepes; César Rodríguez GaravitoEste artículo es el resultado preliminar de un trabajo más amplio, sobre la Constitución y la política económica en Colombia. Esta versión está basada en Uprimny, Rodrigo, "Modelo Económico y Constitución", ponencia presentada en el seminario sobre el tema organizado por el Ministerio de Hacienda (Bogotá, septiembre de 2004), complementada por la ponencia de César A. Rodríguez en el seminario "Constitución y Modelo Económico", organizado por Fedesarrollo y el Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad de Los Andes (Bogotá, 22 de noviembre de 2005).Publicación Reflexiones y recomendaciones sobre los mecanismos de selección de altas autoridades judiciales en América LatinaMaría Adelaida Ceballos Bedoya; Kelly Giraldo Viana; Carolina Villadiego Burbano; Rodrigo Uprimny YepesEste texto, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer México, plantea desafíos y los esfuerzos de reforma en materia de independencia judicial y de procedimientos de selección de altas autoridades judiciales en varios países de América Latina. Esta investigación surge con el ánimo de aportar a esos debates actuales, pero sobre todo con la convicción de la importancia de promover la adopción de mecanismos adecuados de selección de altas autoridades judiciales (AAJ). Concretamente, se pregunta cuáles son las características que deberían reunir dichos mecanismos de selección atendiendo a consideraciones normativas, conceptuales y contextuales. Por tal razón, urge fortalecer a dichos mecanismos para asegurar que se orienten a incluir a AAJ más transparentes, diversas, idóneas, independientes, íntegras y legítimas. Los mecanismos de selección adecuados también son esenciales para salvaguardar la independencia judicial, lo que resulta fundamental, pues –como ha insistido Norberto Bobbio (1985)– sin esa independencia no existe realmente Estado de derecho y sin Estado de derecho no es posible una democracia genuina.Publicación Justicia para la Paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociadaRodrigo Uprimny Yepes; Luz María Sánchez Duque; Nelson Camilo Sánchez LeónEste libro busca contribuir al difícil debate sobre cómo compatibilizar los imperativos de la justicia y los derechos de las víctimas con las dinámicas propias de una negociación de paz. Parte del supuesto de que las medidas que deberán implementar la sociedad y el Estado colombiano para superación democrática del conflicto armado son múltiples y complejas. Incluyen procesos de transformación democrática sobre el uso y la tenencia de la tierra, apertura de espacios reales de participación política y ciudadana, satisfacción efectiva de los derechos de millones de víctimas y la reintegración de varios miles de combatientes, entre otras medidas. Pero uno de los temas que ha suscitado mayores controversias y dudas es la manera de compatibilizar la búsqueda de la paz con el deber del Estado de sancionar las graves violaciones de los derechos humanos. Este trabajo intenta pondera ambos imperativos en lo que los autores han denominado como una justicia para la paz. Por esta entendemos la búsqueda de una paz que sea justa y sensible a los derechos de las víctimas; pero igualmente una concepción de la justicia y de los derechos de las víctimas que permita una paz negociada, que es una paz éticamente superior a aquella que sea conseguida a través de la victoria militar. Así como no es viable ni jurídica ni políticamente un proceso de paz que arrase con los derechos de las víctimas, tampoco es viable jurídicamente una conceptualización de los derechos de las víctimas que imposibilite un proceso de paz, pues no solo la paz es un presupuesto material para el goce efectivo de nuestros derechos humanos, sino que, en la Constitución de 1991, es un derecho de obligatorio cumplimiento.Publicación DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N°3 Tutela contra sentencias: documentos para el debateMauricio García Villegas; Catalina Botero Marino; Diana Guarnizo Peralta; Juan Fernando Jaramillo Pérez; Rodrigo Uprimny YepesLa tutela contra sentencias (TCS) ha estado, desde hace varios años, en el centro de muchas polémicas jurídicas y políticas, en especial debido al llamado “choque de trenes”. Estos enfrentamientos entre las altas cortes han sido perjudiciales para el país, pues generan incoherencias en el sistema judicial, con grave perjuicio para la seguridad jurídica y para los derechos fundamentales de los colombianos. El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “DeJuSticia” ha querido contribuir a la búsqueda de una solución de este problema, recogiendo en nuestra serie de “documentos de discusión” varios textos que varios de nuestros socios e investigadores han elaborado sobre el tema en los últimos años. Consideramos oportuna la publicación conjunta de esos trabajos, teniendo en cuenta que el debate en el país sobre el tema se ha intensificado en los últimos meses. En particular, al momento de escribir estas líneas, el debate se ha trasladado al Congreso, quien tiene la oportunidad de encontrar una salida a este problema, debido a la presentación de dos proyectos de acto legislativo vinculados al tema. De un lado, el proyecto 133/06 Cámara presentado por el Ministerio del Interior y de otro lado, el proyecto 13/06 Senado, presentado por el Consejo de Estado y coadyuvado por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía General de la Nación.Publicación El derecho a la salud en perspectiva de derechos humanos y el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Estado colombiano en materia de quejas en saludRodrigo Uprimny YepesLa Procuraduría General de la Nación en asocio con Dejusticia y con financiación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, adelantaron una investigación con el fin de evaluar el sistema de salud colombiano y en particular su sistema de inspección, vigilancia y control, desde la perspectiva de los derechos humanos. La ley 100 de 1993 implicó importantes reformas al sistema de salud colombiano. Sin embargo, este nuevo sistema ha tenido enormes dificultades en la práctica. Entre las más importantes está el problema de la equidad, la calidad y la cobertura del sistema de salud. En cuanto a la inequidad, este se debe principalmente a las diferencias en los contenidos en el POS (Plan Obligatorio de Salud) y POS-S (Plan obligatorio de Salud para el Régimen Subsidiado). Con respecto a la universalidad, un amplio número de personas no logran acceder al sistema. Finalmente, la calidad del servicio depende en la mayoría de los casos de la capacidad de pago de las personas. Estos son sin duda los principales problemas que presenta el servicio de salud y que este libro pretende abordar a diferencias de otros textos en el tema, desde una evaluación completa del diseño y la dinámica del sistema de salud desde una perspectiva de derechos humanos.Publicación Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdoAna María Ramírez Mourraille; María Paula Ángel Arango ; Mauricio Albarracín Caballero; Rodrigo Uprimny Yepes; Vivian Newman-PontLos mecanismos de justicia transicional y la sociedad necesitan tener acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia utilizados en el marco del conflicto armado. Este acceso contribuirá, por un lado, a hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; por otro, le proporcionará a la ciudadanía una evidencia general del uso de poder por parte de los organismos de inteligencia, que le dejará conocer si ha habido una conducta ilegítima sobre la cual se debe rendir cuenta y cuya repetición debemos evitar. Al mismo tiempo, la transparencia sobre estas conductas le dará razones al Estado para emprender reformas institucionales que garanticen la no repetición. El libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo propone alternativas para favorecer el acceso a los archivos de ambas partes, lo que, a su vez, contribuye con la verdad de hechos individuales y sirve como herramienta de confianza, dignidad y transformación. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.