17 resultados
Resultados de la búsqueda
Mostrando 1 - 10 de 17
Publicación Las reparaciones, ¿es imposible pagarlas? El caso de la política de reparación a sobrevivientes de violencia sexual y víctimas del conflicto armado en ColombiaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Paula Valencia Cortés; Randy Villalba Arango; Paola Molano AyalaEl derecho a la reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos es uno de los pilares de la justicia transicional, y es un principio reconocido ampliamente tanto por la literatura como por estándares de derechos humanos. A pesar de su importancia, los programas administrativos de reparación suelen ser considerados políticas con altos costos y poco efectivas. Aún así, la literatura sobre reparaciones ha dejado de lado la pregunta por la viabilidad financiera de estos programas. Buscando acercarnos a esta pregunta, este texto aporta al análisis sobre la financiación de los programas administrativos de reparación, en particular la reparación de la violencia sexual, a partir de la experiencia colombiana. Así, analizamos cómo se definió la viabilidad financiera de la política de reparaciones creada en 2011, cómo se ha comportado el presupuesto destinado a las reparaciones entre 2012 y 2022, y cuál ha sido el lugar de la reparación por hechos de violencia sexual en este marco. Este estudio nos permite identificar elementos metodológicos, conceptuales y políticos importantes para establecer qué ha funcionado bien y qué ha sido problemático en este proceso. A partir de esto, discutimos factores que deben tenerse en cuenta en distintos contextos para garantizar programas sostenibles que satisfagan los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente los de las sobrevivientes de violencia sexual.Publicación Resumen ejecutivo. Las reparaciones, ¿es imposible pagarlas? El caso de la política de reparación a sobrevivientes de violencia sexual y víctimas del conflicto armado en ColombiaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Paula Valencia Cortés; Randy Villalba Arango; Paola Molano AyalaEn la JEP hay tensiones entre el ejercicio de participación de las víctimas, sus demandas de más participación, lo que es posible para dicha entidad, y los efectos restaurativos que emergen de la confluencia de estos aspectos. En este asunto hay un nudo difícil de resolver: lograr los fines restaurativos de la JEP requiere de la participación de las víctimas, pero, para algunas de ellas, el logro de los efectos restaurativos requiere profundizar la participación en un escenario que debe cumplir, principalmente, funciones jurisdiccionales. Si bien no pretendemos dar respuesta a esta dificultad, consideramos que al identificar de manera puntual los diversos factores que inciden en la participación se hacen visibles componentes sobre los cuales pueden recaer acciones más puntuales para buscar mayor equilibrio entre los fines restaurativos, la participación de las víctimas y las posibilidades de la JEP. Para llevar a cabo este trabajo realizamos 30 entrevistas semiestructuradas a funcionarios de la JEP, víctimas y representantes de víctimas para identificar tanto los factores que impactan la participación, como sus percepciones sobre los efectos restaurativos de esta.Publicación Are reparations impossible to pay? Colombia’s reparation policy for survivors of sexual violence and victims of the armed conflictDiana Esther Guzmán Rodríguez; Paula Valencia Cortés; Randy Villalba Arango; Paola Molano AyalaThe right to reparation for victims of human rights violations is one of the cornerstones of transitional justice and is a widely recognized principle in both the literature and human rights standards. Despite its importance, administrative reparation programs are often seen as costly and ineffective policies. Nevertheless, the literature on reparations has overlooked the question of the financial feasibility of these programs. In an effort to address this question, this text contributes to the analysis of the financing of administrative reparation programs, particularly regarding reparations for sexual violence, based on the Colombian experience. We examine how the financial feasibility of the reparations policy created in 2011 was determined, how the budget allocated to reparations has behaved between 2012 and 2022, and the role of reparations for acts of sexual violence within this framework. This study allows us to identify important methodological, conceptual, and political elements in order to establish what has worked well and what has been problematic in this process. Based on this, we discuss factors that should be taken into account in different contexts to ensure sustainable programs that fulfill the rights of victims of human rights violations, especially survivors of sexual violence.Publicación DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N° 10 Familias LGBT: iguales derechos, igual protecciónMauricio Noguera; Diana Esther Guzmán RodríguezEste documento de discusión pretende aportar en la comprensión de la transformación que se ha dado con el reconocimiento de las familias LGBT, así como en la identificación de sus principales implicaciones, con el fin de avanzar en una adecuada implementación de dicho reconocimiento.Publicación Acceso a la justicia: Mujeres, conflicto armado y justiciaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto DávilaEste documento explora la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. Las dinámicas del conflicto armado interno en Colombia afectan de manera diferenciada a las mujeres. Ellas han sido víctimas de múltiples violaciones de sus derechos por el hecho mismo de ser mujeres, y han vivido de forma desproporcionada las violencias perpetradas en el marco de la guerra en virtud de los arreglos patriarcales de género existentes en nuestra sociedad. Si bien en los últimos años se han dado avances normativos que permiten visibilizar, prevenir y enfrentar la violencia contra las mujeres por razones de género, y reconocer a las víctimas como titulares de derechos, existe una enorme brecha entre esos avances normativos y la realidad de las mujeres. El presente documento tiene como objeto explorar la situación de las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos en el contexto del conflicto armado colombiano en relación con su acceso efectivo a la justicia. En este sentido, analiza si las mujeres que han sido víctimas de violencia de género con ocasión y en desarrollo del conflicto tienen un acceso efectivo a la justicia y evalúa las razones por las cuales no pueden gozar efectivamente de este derecho a pesar de que este está garantizado por la normatividad nacional y los estándares internacionales vinculantes para el Estado. El balance no es muy favorable, la investigación revela que las mujeres víctimas de violaciones graves de los derechos humanos ocurridas con ocasión y en desarrollo del conflicto armado enfrentan numerosas barreras para acceder efectivamente a la justicia, de allí que muchas de las atrocidades cometidas en su contra permanezcan en la impunidadPublicación Adicción punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América LatinaRodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra NoratoEste documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.Publicación Addicted to Punishment: The Disporportionality of Drug Laws in Latin AmericaRodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra NoratoThis document analyzes the proportionality of drug related crimes in seven Latin American countries through the study of the evolution of their criminal legislations from 1950 until 2012. The study suggests the existence of a regional tendency to maximize the use of criminal law for combating this type of conducts. This is reflected in: i) the gradual increase in the number of drug-related conducts described as criminal, ii) the exponential growth of the penalties with which those conducts are punished and iii) the incomprehensible tendency of punishing with more severity the drug-related crimes rather than those more evidently severe such as homicide, rape and aggravated robbery. Those upward trends indicate that the Latin American States have become addicted to punishment because of their frequent and empirically groundless increasing of the punitive dose, regardless of its constantly decreasing benefits. Addicted to punishment is part of a series of studies carried out by the Research Consortium on Drugs and the Law (CEDD) that critically analyze the application of the proportionality principle in relation with drug crimes. The studies find that the punishments imposed and the punitive treatment of the offenders is disproportional, often generating more damages than benefits.Publicación Bancada de mujeres del Congreso: una historia por contarDiana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto DávilaDurante el periodo legislativo 2006-2010 se conformó en el Congreso de la República de Colombia la Bancada de Mujeres. En esta confluyeron todas las congresistas, con el propósito común de trabajar por los derechos de las mujeres. A pesar de su potencial para promover proyectos legislativos relacionados con dichos derechos y de los logros que ha tenido, la bancada ha sido poco estudiada y su trabajo poco documentado. Este texto tiene como propósito darle visibilidad a dicho proceso, a partir de la reconstrucción de su historia, retos y logros. En este sentido, aquí se identifican los antecedentes, las gestoras(es) claves y el funcionamiento de la Bancada de Mujeres desde el año 2006 hasta el 2011. A su vez, se destacan los principales logros y obstáculos de esta alianza a lo largo de estos años con el fin de sugerir algunas vías para fortalecer este ejercicio de acción colectiva. El documento pretende entonces ser una herramienta útil no solo para el fortalecimiento de la Bancada de Mujeres en el Congreso, sino también para el debate en torno a la participación política de las mujeres en la democracia colombiana.Publicación Lo que no debe ser contado: Tensiones entre el derecho a la intimidad y el acceso a la información en casos de interrupción voluntaria del embarazoNina Chaparro González; Diana Esther Guzmán Rodríguez ; Silvia Rojas CastroEl derecho a la intimidad de las mujeres que voluntariamente interrumpen su embarazo se encuentra en constante amenaza. Un ejemplo de esto son los casos donde médicos o jueces, sin ni siquiera saber si están cometiendo un delito, revelan sus datos personales o incluso las denuncian. Para el 2016 existían cerca de 1.604 procesos penales abiertos en contra de mujeres que se practicaron abortos (Caracol Radio, 2016), y que según el exfiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, llegaron en gran medida a la Fiscalía por las denuncias de los mismos médicos y profesionales de la salud que atendieron a estas mujeres. Esta falta de garantías a la intimidad de la mujer que decide abortar en el marco de las causales despenalizadas, sumada a otros obstáculos propios de la cultura y del sistema jurídico, hace que las mujeres prefieran recurrir a instituciones clandestinas para realizarse el aborto antes de usar el sistema de salud. El instituto Guttmacher señala que de los 400.400 abortos practicados en el 2008 en Colombia, solo 322 se realizaron dentro del sistema nacional de salud. Este documento pretende ilustrar y analizar algunas de estas tensiones que se presentan entre el derecho a la intimidad, y otros derechos y deberes constitucionales de gran relevancia, como el derecho a acceder a la información y el deber de denuncia en el contexto de la despenalización parcial del aborto en Colombia. Estas tensiones resultan relevantes, pues las fórmulas que se adopten para resolverlas pueden limitar de manera desproporcionada la realización efectiva de estos derechos o, por el contrario, pueden contribuir a garantizarlos de manera integral. Por lo que este texto busca hacer una doble contribución constitucional, pues al avanzar en la discusión sobre las fórmulas de armonización más adecuadas puede, por un lado, aportar a la consolidación de una dogmática adecuada de estos derechos y, por el otro, a la garantía efectiva de los mismos.Publicación Participación política de las mujeres y partidos: Posibilidades a partir de la reforma política de 2011Diana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto DávilaEste informe presenta los resultados de un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. Este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de la Ley 1475 de 2011, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente. En el año 2011 fue aprobada una ley de reforma política (Ley 1475) con la que Colombia adoptó nuevas medidas encaminadas a promover la participación política de las mujeres. Se trata de una ley estatutaria que, además de regular la organización de los partidos y movimientos políticos en Colombia, y algunos aspectos de las elecciones, contiene mandatos destinados a incentivar la participación de las mujeres en los partidos y en los procesos electorales. Es entonces la primera vez que una ley en Colombia establece normas destinadas a impulsar la inclusión de las mujeres en la arena política y a fortalecer su participación en la misma. Es precisamente por ello que este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de esta ley, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente, entre otros, mediante la identificación de alternativas de política que permitan generar una mejor implementación de la ley.