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Publicación DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N° 10 Familias LGBT: iguales derechos, igual protecciónMauricio Noguera; Diana Esther Guzmán RodríguezEste documento de discusión pretende aportar en la comprensión de la transformación que se ha dado con el reconocimiento de las familias LGBT, así como en la identificación de sus principales implicaciones, con el fin de avanzar en una adecuada implementación de dicho reconocimiento.Publicación Lo que no debe ser contado: Tensiones entre el derecho a la intimidad y el acceso a la información en casos de interrupción voluntaria del embarazoNina Chaparro González; Diana Esther Guzmán Rodríguez ; Silvia Rojas CastroEl derecho a la intimidad de las mujeres que voluntariamente interrumpen su embarazo se encuentra en constante amenaza. Un ejemplo de esto son los casos donde médicos o jueces, sin ni siquiera saber si están cometiendo un delito, revelan sus datos personales o incluso las denuncian. Para el 2016 existían cerca de 1.604 procesos penales abiertos en contra de mujeres que se practicaron abortos (Caracol Radio, 2016), y que según el exfiscal general de la nación, Eduardo Montealegre, llegaron en gran medida a la Fiscalía por las denuncias de los mismos médicos y profesionales de la salud que atendieron a estas mujeres. Esta falta de garantías a la intimidad de la mujer que decide abortar en el marco de las causales despenalizadas, sumada a otros obstáculos propios de la cultura y del sistema jurídico, hace que las mujeres prefieran recurrir a instituciones clandestinas para realizarse el aborto antes de usar el sistema de salud. El instituto Guttmacher señala que de los 400.400 abortos practicados en el 2008 en Colombia, solo 322 se realizaron dentro del sistema nacional de salud. Este documento pretende ilustrar y analizar algunas de estas tensiones que se presentan entre el derecho a la intimidad, y otros derechos y deberes constitucionales de gran relevancia, como el derecho a acceder a la información y el deber de denuncia en el contexto de la despenalización parcial del aborto en Colombia. Estas tensiones resultan relevantes, pues las fórmulas que se adopten para resolverlas pueden limitar de manera desproporcionada la realización efectiva de estos derechos o, por el contrario, pueden contribuir a garantizarlos de manera integral. Por lo que este texto busca hacer una doble contribución constitucional, pues al avanzar en la discusión sobre las fórmulas de armonización más adecuadas puede, por un lado, aportar a la consolidación de una dogmática adecuada de estos derechos y, por el otro, a la garantía efectiva de los mismos.Publicación Adicción punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América LatinaRodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra NoratoEste documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.Publicación Restitución de tierras y enfoque de géneroDiana Esther Guzmán Rodríguez ; Nina Chaparro GonzálezEn este documento los autores exploran por qué el enfoque de género es fundamental para que la restitución sea integral y, en esa medida, se proponen mostrar que la incorporación de dicho enfoque resulta útil y necesaria a fin de lograr una restitución plena, efectiva y respetuosa de los derechos humanos de las víctimas.Publicación Las reparaciones, ¿es imposible pagarlas? El caso de la política de reparación a sobrevivientes de violencia sexual y víctimas del conflicto armado en ColombiaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Paula Valencia Cortés; Randy Villalba Arango; Paola Molano AyalaEl derecho a la reparación para víctimas de violaciones a los derechos humanos es uno de los pilares de la justicia transicional, y es un principio reconocido ampliamente tanto por la literatura como por estándares de derechos humanos. A pesar de su importancia, los programas administrativos de reparación suelen ser considerados políticas con altos costos y poco efectivas. Aún así, la literatura sobre reparaciones ha dejado de lado la pregunta por la viabilidad financiera de estos programas. Buscando acercarnos a esta pregunta, este texto aporta al análisis sobre la financiación de los programas administrativos de reparación, en particular la reparación de la violencia sexual, a partir de la experiencia colombiana. Así, analizamos cómo se definió la viabilidad financiera de la política de reparaciones creada en 2011, cómo se ha comportado el presupuesto destinado a las reparaciones entre 2012 y 2022, y cuál ha sido el lugar de la reparación por hechos de violencia sexual en este marco. Este estudio nos permite identificar elementos metodológicos, conceptuales y políticos importantes para establecer qué ha funcionado bien y qué ha sido problemático en este proceso. A partir de esto, discutimos factores que deben tenerse en cuenta en distintos contextos para garantizar programas sostenibles que satisfagan los derechos de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, especialmente los de las sobrevivientes de violencia sexual.Publicación Participación política de las mujeres y partidos: Posibilidades a partir de la reforma política de 2011Diana Esther Guzmán Rodríguez; Sylvia Cristina Prieto DávilaEste informe presenta los resultados de un estudio sobre condiciones de vida y segregación residencial en doce ciudades del país. Este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de la Ley 1475 de 2011, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente. En el año 2011 fue aprobada una ley de reforma política (Ley 1475) con la que Colombia adoptó nuevas medidas encaminadas a promover la participación política de las mujeres. Se trata de una ley estatutaria que, además de regular la organización de los partidos y movimientos políticos en Colombia, y algunos aspectos de las elecciones, contiene mandatos destinados a incentivar la participación de las mujeres en los partidos y en los procesos electorales. Es entonces la primera vez que una ley en Colombia establece normas destinadas a impulsar la inclusión de las mujeres en la arena política y a fortalecer su participación en la misma. Es precisamente por ello que este documento ofrece un análisis sobre los posibles alcances y limitaciones de dos de los mandatos claves de esta ley, con el fin de identificar estrategias que permitan potenciar sus efectos a favor de la participación paritaria de las mujeres en política y la superación de la discriminación que han padecido históricamente, entre otros, mediante la identificación de alternativas de política que permitan generar una mejor implementación de la ley.Publicación La regulación de la Interrupción Voluntaria del Embarazo en ColombiaDiana Esther Guzmán Rodríguez ; Annika Dalén; Paola Molano AyalaEl propósito de este documento es abordar la pregunta sobre cuál es el estado actual de la reglamentación de la IVE en Colombia. Frente a ella, mostramos que a pesar de que en la actualidad no existe un decreto reglamentario, Colombia cuenta con un marco normativo que se ha desarrollado principalmente por vía jurisprudencial, desde la sentencia C-355, pues establece las bases dentro de las cuales se debe configurar la prestación del servicio, las cuales debería ser suficiente para garantizar efectivamente los derechos de las mujeres que se encuentran en las causales despenalizadas. Además, existen normas de rango legal y reglamentario que son aplicables a la IVE, y que fijan condiciones específicas que resultan necesarias para que la prestación de los servicios de salud sea efectiva y segura.Publicación Reparar en Colombia. Los dilemas en contextos de conflicto, pobreza y exclusiónDiana Esther Guzmán Rodríguez; Catalina Díaz Gómez; Nelson Camilo Sánchez León; Rodrigo Uprimny Yepes; María Paula Saffon Sanín; Carlos H. Lozano Acosta; Camilo Ernesto Bernal Sarmiento; Foro Interétnico Solidaridad ChocóEste libro es fruto de una investigación participativa de dos años con organizaciones de víctimas de diversas regiones del país como el Pacífico, el norte del Valle y el Oriente antioqueño. Ofrece reflexiones con fundamento en aspectos empíricos y conceptuales sobre los principales debates en torno a la política de reparación en Colombia, tales como el proyecto de ley que pretendió establecer un estatuto para víctimas y el programa de reparación individual por vía administrativa. Asimismo, profundiza en aspectos como la dimensión transformadora de las reparaciones con vocación de redistribución, la pertinencia del análisis comparado, el uso de enfoques diferenciales como reconocimiento, los principios de justicia que deben orientar la reparación y la reivindicación del campo de la transicional desde abajo. Con ello se pretende contribuir a la búsqueda de salidas para los desafíos que enfrenta la necesidad de reparar graves violaciones cometidas en un contexto de guerra, pobreza y exclusión.Publicación Entre estereotipos: Trayectorias laborales de mujeres y hombres en ColombiaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Annika DalénEl documento explora cómo son las trayectorias laborales de hombres y mujeres encontrando que, tanto las decisiones estratégicas como las normas formales e informales del mercado laboral, se estructuran a partir de imágenes, estereotipos y lógicas de género en virtud de las cuales se privilegia una división sexual del trabajo. En los últimos años las mujeres han accedido al mercado laboral formal colombiano de manera masiva. Este fenómeno ha estado acompañado del desarrollo de un marco normativo que prevé garantías para que puedan participar en el mundo del trabajo en condiciones de igualdad y sin discriminación. No obstante, los indicadores son consistentes en señalar que las mujeres enfrentan peores condiciones laborales. Teniendo en cuenta estos elementos, el documento explora cómo son las trayectorias laborales de hombres y mujeres. Estas develan que tanto las decisiones estratégicas como las normas formales e informales del mercado laboral se estructuran a partir de imágenes, estereotipos y lógicas de género en virtud de las cuales se privilegia una división sexual del trabajo. Esta se mantiene y reproduce a pesar de la inserción masiva de las mujeres como fuerza de trabajo independiente, y generan formas específicas de exclusión de estas en el ámbito laboral, así como cargas adicionales a las que deben soportar los hombres que participan en él.Publicación Penas alucinantes: La desproporción de la penalización de drogas en ColombiaDiana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra Norato; Rodrigo Uprimny YepesEn Colombia, los delitos y las penas frente a conductas relacionadas con la producción distribución de drogas ilícitas han aumentado progresivamente en el último siglo, llegando a ser incluso más severas que otras conductas que merecen un mayor reproche social como el acceso carnal violento o la tortura. El recurso excesivo al derecho penal para castigar estos delitos transgrede la garantía de proporcionalidad, que exige mantener un mínimo de coherencia razonable entre el daño ocasionado por la conducta y la pena impuesta para realizarla. Además al estudiar los costos que el prohibicionismo genera al Estado colombiano a nivel judicial y penitenciario, y tras confrontarlos con sus eventuales beneficios (que son muy pocos según la evidencia empírica existente), se concluye que los sacrificios de la política, tanto económicos como constitucionales, no se compensan con los eventuales éxitos de la misma.
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