Cartilla - Guía
URI permanente para esta colecciónhttps://publicaciones.dejusticia.org/handle/dejusticia/8
Examinar
2 resultados
Resultados de la búsqueda
Publicación Mitigando la adicción punitiva: Alternativas al encarcelamiento para delitos de drogasRodrigo Uprimny Yepes; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-Olivera; Catalina Pérez Correa; Karen Silva Mora; Gianella Bardazano Gradin; Jorge Paladines RodríguezEl presente documento resume los avances en la discusión sobre alternativas al encarcelamiento para delitos menores de drogas en las Américas, presenta algunas razones por las que resulta urgente implementar esta clase de medidas en la región y discute la pertinencia de algunas de las alternativas implementadas. Finalmente concluye con unas recomendaciones a los Estados para avanzar en la adopción de alternativas al encarcelamiento respetuosas de los derechos humanos, que sean eficaces para reducir el hacinamiento carcelario y proteger la seguridad y la salud públicas.Publicación Seis Ciudades, cuatro países, un derecho: Análisis comparativo de políticas educativasNathalia Sandoval Rojas; Rodrigo Uprimny YepesEste libro se basa en la idea de que las políticas públicas deben orientarse al respeto, la protección y garantía de los derechos humanos. Por ellos acoge la propuesta de Katarina Tomasevski, ex Relatora Especial de las Naciones Unidas para el Derecho a la Educación, según la cual la educación es un derecho de todas las personas y una obligación de todos los Estados, que comprende cuatro componentes, a saber: disponibilidad, accesibilidad, permanencia y adaptabilidad.Este enfoque permite observar en qué medida el diseño y la implementación de las políticas públicas se ajustan a los postulados del derecho ala educación y cuál ha sido su contribución a su efectiva realización. Con esos elementos, los ensayos que se reúnen en este volúmen analizan la política pública educativa de Bogotá, comparándola con la de otras 4 ciudades, y un país de América Latina. Este exámen no sólo posibilita evaluar el ajuste de dichas políticas a los distintos componentes del derecho a la educación sino que además permite detectar buenas y malas prácticas que podrían ser implementadas y evitadas, respectivamente, por otros gobiernos locales en la región.