Manuales y guías

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Tejiendo derechos 1: La consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado
Natalia Orduz Salinas
Con la finalidad de ofrecer herramientas conceptuales y jurídicas de manera sencilla y pedagógica sobre derechos de los Pueblos Indígenas, Dejusticia y la Organización Nacional Indígena de Colombia se unieron para desarrollar la serie de cartillas “Tejiendo Derechos”.
El proceso penal Cartilla explicativa Enfocada en las conductas relacionadas con los cultivos de uso ilícito
David Filomena Velandia
Esta cartilla explica la estructura del proceso penal alrededor de los tipos penales en los que se pueden ver inmersos los campesinos y campesinas que derivan su subsistencia de la producción de cultivos de uso ilícito. Consta de dos partes. En la primera, dirigida a organizaciones campesinas, se explican todas las audiencias y actos que componen el proceso penal. En la segunda, dirigida a las y los defensores que asuman los casos, se proponen estrategias de litigio acordes con los estándares constitucionales, la dogmática penal y el Acuerdo Final de Paz tendientes a mejorar la defensa técnica en estos procesos.
Las tragedias de la prohibición. Guía para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que usan drogas
María Ximena Dávila Contreras
Esta cartilla busca dar insumos para proteger los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres que usan drogas. Con baseen los testimonios de varias mujeres que usan drogas y que viven en contextos de habitabilidad de calle en Pereira y Dosquebradas, sebrinda una descripción de los obstáculos que enfrentan estas mujeres, así como de las normas que protegen sus derechos fundamentales.Esperamos que este primer recurso contribuya a visibilizar los retos particulares de esta población, e incluir en la agenda de política públicainiciativas para mejorar la garantía de los derechos a estas mujeres.
Guía básica para construir un protocolo contra el acoso sexual en espacios laborales
María Ximena Dávila Contreras; Marcela Madrid
El acoso sexual no es normal y los empleadores no pueden seguir ignorándolo. Las empresas, públicas y privadas, tienen la obligación de prevenir, atender y sancionar la violencia de género. La Guía básica para construir un protocolo contra el acoso sexual en espacios laborales incluye recomendaciones y ejemplos sobre los mínimos que debe incluir un buen protocolo. Estas recomendaciones son producto de nuestra investigación basada en: los protocolos de 13 universidades del mundo, 15 organizaciones que pertenecen a la Red internacional INCLO, así como la política de no discriminación y acoso de Dejusticia. Estos mínimos fueron acogidos por la Corte Constitucional y por la Corte IDH en dos casos que Dejusticia ha apoyado desde el litigio: Vanesa Restrepo vs. El Colombiano y Paola Guzmán Albarracín vs. Ecuador. La guía también incluye una sección de preguntas frecuentes y un glosario de términos básicos.
Stock de cannabis en américa latina: radiografía del microtráfico y la venta al menudeo
Gloria Rose Marie de Achá
Se conoce como microtráfico al conjunto de actividades que hacen efectiva la distribución y comercialización de drogas en el mercado local. Como tipo penal en las leyes de drogas, el microtráfico puede ser autónomo, o ser una variante o circunstancia atenuante del tráfico ilícito de estupefacientes. Los delitos complejos, como el tráfico, engloban una serie de conductas que se hallan descritas en la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, de 1988. Esta Convención, en su artículo 3, párrafos 1 y 2, define el tráfico ilícito como el conjunto de conductas que comprende desde el cultivo, la producción, la fabricación, la extracción, la preparación, la oferta, la distribución, la venta, la entrega en cualesquiera condiciones, la posesión, el corretaje, el envío, el envío en tránsito y el transporte, hasta la importación o la exportación de cualquier estupefaciente o sustancia psicotrópica que se encuentre bajo fiscalización internacional. Siguiendo esta definición, las legislaciones latinoamericanas han tipificado el delito de tráfico ilícito de drogas y, en los últimos años, varias de ellas han ido diferenciando entre tráfico y microtráfico, a objeto de graduar la proporcionalidad de la respuesta penal.
Tejiendo derechos 2: La reparación a los pueblos indígenas
Natalia Orduz Salinas
Con la finalidad de ofrecer herramientas conceptuales y jurídicas de manera sencilla y pedagógica sobre derechos de los Pueblos Indígenas, Dejusticia y la Organización Nacional Indígena de Colombia se unieron para desarrollar la serie de cartillas “Tejiendo Derechos”.
Metzineres: Cobijo y empoderamiento de mujeres que usan drogas sobreviviendo violencias
Aura Roig Forteza
La iniciativa Metzineres, lanzada en 2017 en Barcelona, representa un modelo prometedor de cómo los programas de reducción de daños pueden proporcionar servicios esenciales y apoyo a mujeres y a personas de género disidente que usan drogas y sobrevivieron varias situaciones de violencias En el último de una serie de estudios de caso que examinan enfoques alternativos a las políticas de drogas represivas y el encarcelamiento, un nuevo informe destaca un programa de reducción de daños en España, llamado Metzineres, que busca proporcionar servicios orientados hacia proteger los derechos humanos de las mujeres y a personas de género disidente que usan drogas y sobrevivieron violencias. La serie de estudios de casos, producidos por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA por sus siglas en inglés), el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC) y Dejusticia, tienen como objetivo destacar enfoques innovadores para la reforma de la políticas de drogas y de justicia penal en todo el mundo. Los informes anteriores han analizado medidas como la descriminalización del consumo y la posesión de drogas en Portugal, el perdón a personas encarceladas por delitos menores de drogas en Ecuador y las reformas de sentencias en el Reino Unido (Consulte los 14 enfoques innovadores aquí). El último informe examina cómo la iniciativa Metzineres, lanzada en 2017 en Barcelona, representa un modelo prometedor de cómo los programas de reducción de daños pueden proporcionar servicios esenciales y apoyo a mujeres y a personas de género disidente que usan drogas y sobrevivieron varias situaciones de violencias. Debido a las barreras de acceso y otras brechas institucionales, las mujeres y las personas de género disidente que usan drogas a menudo no ingresan al sistema local de salud o servicios sociales, por lo tanto, Metzineres tiene como objetivo proporcionar servicios de reducción de daños como refugio, alimentos, asesoramiento y un programa de intercambio de agujas. El proyecto ha sido reconocido como un modelo de buena práctica tanto en España como a nivel internacional.
El proceso de extinción de dominio. Cartilla explicativa enfocada en las conductas relacionadas con los cultivos de uso ilícito
David Filomena Velandia
Esta cartilla explica el proceso de extinción de dominio enfocándose en las causales en las que se pueden ver inmersos los bienes de campesinos y campesinas que derivan su subsistencia de la producción de cultivos de uso ilícito. El documento sigue la estructura de la acción de extinción de dominio establecida en la Ley 1708 de 2014, incluyendo las modificaciones de la Ley 1849 de 2017 y cuenta con dos infografías en las que se busca explicar 1) a qué tipo de bienes debe dirigirse la figura y, 2) cómo el Acuerdo Final de Paz afectó su uso cuando se trate de bienes de propiedad de campesinos que derivan su subsistencia de los cultivos de uso ilícito.
Mecanismos de participación ciudadana en los ciclos minero y de hidrocarburos
Vanessa Daza Castillo
Para que las bases de la democracia en Colombia sean sólidas existe una serie de elementos que se deben garantizar. La participación ciudadana, por ejemplo, además de ser un derecho fundamental, es importante para la construcción de un estado pluralista en el que todas las personas puedan ejercer el poder público, ya sea directamente o a través de un representante, y tener presencia en las decisiones que afectan al país, sean políticas, económicas, administrativas o culturales. En materia ambiental, la participación ciudadana permite garantizar y ejercer el derecho a disfrutar de un medio ambiente sano; según la Constitución Política de Colombia, las personas tienen el derecho a participar en la toma de decisiones e intervenir en procesos que puedan afectar al ambiente. Sin embargo, son pocos los especios que se han abierto para que los colombianos participen en la toma de decisiones, especialmente en aquellas que tengan que evaluar los impactos y definir las medidas de prevención, mitigación y compensación correspondientes a las actividades ambientales. Este documento pretende presentar y explicar aquellos mecanismos que le permiten a la ciudadanía participar e intervenir en procesos ambientales como la explotación y extracción de minerales e hidrocarburos, con el fin de promover la protección del medio ambiente y decidir sobre su desarrollo, para que exista un balance en la relación de los humanos con la naturaleza y sus recursos.
Manual Corte Penal Internacional y crímenes internacionales
Jorge Amaya Lule
La investigación y señalamiento de los máximos responsables de haber perpetrado crímenes internacionales, es un elemento clave que puede ayudar a terminar con la impunidad histórica que permea al sur global. Este documento busca ofrecer herramientas conceptuales y metodológicas para la incidencia ante la Corte Penal Internacional (CPI) por la ocurrencia de crímenes internacionales. También busca aportar recomendaciones para la investigación enfocada a la denuncia de casos, la acreditación de elementos y requisitos dispuestos por el derecho penal internacional, la identificación de perpetradores y la documentación para la atribución de responsabilidades. Su elaboración se nutrió de los generosos aportes de otras organizaciones que cuentan con la experticia y experiencia de trabajo con mecanismos internacionales, incluida la CPI.
Cultivo de cannabis en América Latina, su erradicación y efectos
Catalina Pérez Correa; Andrés Ruiz Ojeda; Coletta Youngers
Este texto presenta datos sobre el cultivo de cannabis en América Latina, su erradicación y efectos. El objeto es ofrecer un panorama sobre dónde y cómo se cultiva esta planta, cuáles son los países de trasiego y cuáles son sus consumidores.
La restitución de tierras y territorios: Justificaciones, dilemas y estrategias
Aura Patricia Bolívar Jaime; Angie Paola Botero Giraldo
Las herramientas pedagógicas presentadas a continuación buscan servir como una compilación rápida de consulta que permita a los funcionarios tener a su alcance una guía de cómo asumir algunos de los retos más usuales en su trabajo diario. Entre 2012 y 2013 aproximadamente 7.073.897 hectáreas de tierras fueron objeto de despojo y abandono en Colombia, según la Primera Encuesta Nacional de Víctimas realizada por la Contraloría General de la Republica. Esta situación ha afectado la integridad física y el proyecto de vida de las víctimas, ha disminuido el crecimiento anual de la economía agropecuaria, ha destruido lazos comunitarios, y ha dificultado la consolidación del Estado de derecho, la democracia y la paz. El objetivo de la restitución de tierras no es otro que la consolidación de un verdadero Estado de derecho, y una democracia bajo la idea de que no es legítimo o aceptable reactivar la economía agraria ignorando la ilegalidad que la fundamenta. Ahora bien, este proceso de restitución ha enfrentado enormes dificultades. La guerra continúa y muchos de los poderes que han estado detrás del despojo siguen dominando en muchas regiones. Los desafíos de seguridad son entonces enormes, no solo para las víctimas sino también para los funcionarios y funcionarias que implementan la política de restitución. Además, existen problemas jurídicos muy serios y difíciles. Los materiales de formación buscan hacer un aporte modesto, pero importante, a este proceso de reconstrucción de confianza ciudadana en las instituciones, mediante la formulación de metodologías de acción que permitan enfrentar estos desafíos jurídicos y técnicos. El objetivo principal es presentar a los funcionarios responsables de tramitar las peticiones de restitución de tierras, una serie de herramientas que permitan facilitar su trabajo en el terreno.
¿Cómo cubrir temas LGBT en tiempo de elecciones?
Cindy Bautista Vásquez
Durante el período electoral en Colombia surgen espacios donde candidatos y candidatas debaten sus propuestas. Uno de los temas que aparece con frecuencia son los derechos de las personas LGBT. Hemos visto con preocupación que muchas de las preguntas sobre esta población buscan debatir o generar opinión sobre derechos que ya son reconocidos en Colombia y, además, dejan de lado temas relevantes sobre la situación de las personas LGBT. Por ello hemos querido aportar al escenario electoral con una corta guía donde ofrecemos herramientas, información y temas prioritarios sobre los cuales podría preguntarse a los candidatos y candidatas cuando se trata de personas LGBT.
Respuestas Legislativas sobre cultivo y posesión de cannabis en las Américas
Alejandro Corda; David Filomena Velandia
En la segunda mitad del siglo XX, y como consecuencia de la consolidación del sistema internacional de fiscalización de sustancias, se arraigó una visión que abordaba la posesión/tenencia1 y el cultivo de las sustancias clasificadas como ilícitas únicamente desde la óptica del derecho penal.
Guía de orientación jurídica. Terceros civiles ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)
Sabine Michalowski; Michael Cruz Rodríguez; Astrid Orjuela Ruiz; Luisa Gómez Betancur
La presente guía pretende ofrecer criterios que permitan comprender el significado y alcance del acceso voluntario de los terceros civiles a los beneficios condicionados del componente de justicia del Sistema Integral, y su contribución a la verdad plena, la reparación a las víctimas y las garantías de no repetición.
Entendiendo la Evidencia Estadounidense. Una guía para entender la evidencia proveniente de litigios civiles contra actores económicos
Aarón Alfredo Acosta
En las últimas décadas, los litigios civiles en contra de actores económicos por violaciones de los derechos humanos se han llevado a cabo en los tribunales estadounidenses utilizando el Alien Tort Statute, un estatuto promulgado en el siglo XVIII que estipula la responsabilidad civil de los infractores del derecho de gentes o de los tratados de Estados Unidos. Aprovechando la gran cantidad de información y evidencia que existe en los tribunales de Estados Unidos sobre el litigio civil en contra de actores económicos por violaciones de los derechos humanos en varias partes del mundo, esta guía presenta un panorama general del proceso de litigio civil en los EE. UU. y de las normas probatorias pertinentes para que los juzgados y tribunales no estadounidenses que procesan a infractores cuya conducta ha sido abordada en el litigio civil estadounidense puedan entender cómo se utilizaron y evaluaron la información y las pruebas en esos casos. Con el fin de ofrecer una explicación contextual y detallada de las formas en que se utilizan y entienden la evidencia en EE. UU., esta guía está dividida en dos secciones principales que ofrecen un panorama general del sistema judicial estadounidense y de las normas pertinentes sobre evidencia que se aplican en estos casos. Esta guía termina con una lista de recursos relevantes y un glosario español-inglés de los términos jurídicos utilizados en esta guía. Si bien esta guía no pretende decirle a los jueces y abogados como evaluar las pruebas que se relacionen con los asuntos bajo su competencia, nuestra esperanza es que pueda utilizarse para entender y evaluar la información relevante que existe en los tribunales estadounidenses.
Promoviendo ambientes escolares libres de comida chatarra en Colombia
Adriana Torres Bastidas; Diana Guarnizo Peralta
El ambiente escolar es uno de los entornos más relevantes y significativos de nuestra vida, pues allí se tejen comportamientos, relaciones y hábitos que suelen modelar patrones de alimentación que impactan en nuestras preferencias de consumo. En este sentido, si bien es cierto que existe una combinación de factores individuales, como cuestiones psicológicas y culturales, que impactan en nuestros hábitos alimentarios, diversos estudios han demostrado el carácter determinante de los existen factores ambientales, entre ellos la disponibilidad, la accesibilidad y la invasiva publicidad de alimentos en los entornos donde nos relacionamos. Según UNICEF, en Colombia 3 de cada 10 niños y niñas entre 6 y 12 años padecen de sobrepeso. Esto lo confirman los datos recolectados por la ENSIN, reflejando que en 2005 el 4,3% de la población escolar (niños y niñas entre 5 y 12 años) tenía exceso de peso. Ya para el 2010 esta cifra habría aumentado a 18,8% y para el 2015 este porcentaje alcanzó el 24,4%.Este panorama es altamente preocupante, pues según la Organización Mundial de la Salud, la obesidad infantil se asocia con una mayor probabilidad de muerte prematura y discapacidad en la edad adulta. Esta cartilla resume los argumentos legales y de salud pública, por los cuales la regulación de venta y publicidad de ultraprocesados en entornos escolares es una política necesaria para favorecer la salud y la alimentación de los niños y niñas en Colombia.
¿Qué es el programa de movilidad segura?
Lina María Arroyave Velásquez; Christy Baile Crouse; Camila Chabayta; Erin Williams; William Steere
El objetivo de esta infografía es presentar una visión general del Programa de Movilidad Segura, una política migratoria relativamente reciente de Estados Unidos. En este documento describimos en qué consiste esta política, quiénes pueden acceder a ella y cómo se desarrolla el proceso. Además, ofrecemos un contexto sobre las razones y motivaciones que llevaron a la creación de esta iniciativa. Finalmente, incluimos un gráfico con algunos de los datos más recientes sobre solicitantes y los resultados del programa hasta la fecha.
Asesinatos a líderes sociales en Colombia en 2016–2017: una estimación del universo
Patrick Ball; César Rodríguez Garavito; Valentina Rozo Ángel
Este análisis de Dejusticia y del Human Rights Data Analysis Group agrupa la información compilada por distintas organizaciones sobre los homicidios de líderes sociales en el país y concluye, a través de un método estadístico, que la problemática tiene una magnitud mayor a la que se reporta. Se realizó la estimación con el insumo de las cifras de seis distintas instituciones que hacen un seguimiento a la evolución de la temática en Colombia. Se tomaron los datos de las organizaciones de la sociedad civil: Somos Defensores, Indepaz y Cumbre Agraria, así como del Alto Comisionado para las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Colombia, la Defensoría del Pueblo y la organización internacional Front Line Defenders. Y a partir de ellos, se estimó el número total de líderes asesinados en 2016 y 2017 por medio de una metodología que permite incluir aquellos casos que nunca fueron documentados. La metodología es conocida como método bayesiano no paramétrico de clase latente y captura-recaptura (LCMCR por sus siglas en inglés). El modelo toma uno a uno los asesinatos reportados por las organizaciones, y con base en el análisis de la cantidad de casos coincidentes entre ellas, estima los homicidios que nunca fueron documentados. Al aplicar el método se pudo constatar que existe un subconteo en los asesinatos a líderes sociales en el país, incluso por parte de las organizaciones que más realizaron reportes. Contrario al argumento tradicional de que la disparidad de las cifras genera incertidumbre, si se toma el trabajo de cada una de las organizaciones y se analiza en conjunto el panorama que presentan, los resultados permiten una aproximación más cercana a la realidad. Esta consolidación de información hace posible la realización de estudios como éste, que amplían el panorama de análisis de la situación. Sin embargo, aunque la suma del trabajo de las organizaciones es cercana a la realidad, en su conjunto continúa habiendo un subconteo. De hecho, la diferencia entre el reporte de las organizaciones y el total de líderes sociales asesinados aumentó entre 2016 y 2017. El documento demuestra que la violencia contra líderes sociales es mayor a la que reportan las organizaciones y además, la violencia letal sí aumentó entre 2016 y 2017, probablemente en 10% o más, por lo que resulta urgente que se tomen medidas eficaces para dar fin a esta problemática, para lo cual, a su vez, es necesario escuchar los pedidos de las organizaciones de líderes sociales.
Cartilla de consulta previa intercultural: El consentimiento libre, previo e informado en la interlegalidad
Paulo Ilich Bacca Benavides; Jesús David Medina Carreño; Diana Quigua Gonzalez; David Murillo; Sergio Pulido Jiménez; Camila Castellanos Forero
El modelo de desarrollo extractivista viene generando un impacto en los territorios indígenas y afrodescendientes que, analizado de manera interrelacionada, va más allá de las violaciones a la integridad física de las comunidades y del despojo de sus tierras. Este modelo, que privilegia la extracción de recursos naturales para transformarlos en mercancías, se materializa, también, en violaciones a los derechos humanos de los pueblos y en restricciones a su autodeterminación política, jurídica y ontológica. En ese sentido, la importancia de consultar previamente a los pueblos interesados acerca de cualquier medida que pudiera afectarlos, siguiendo los procedimientos requeridos por sus instituciones representativas es, en efecto, un derecho fundamental reconocido por el derecho internacional y por el derecho de los derechos humanos. En los debates contemporáneos sobre la apropiación y la explotación de los recursos naturales en territorios étnicos, se han discutido, entre otros puntos, el impacto socioambiental y el cambio en las dinámicas sociales de las comunidades afectadas por los proyectos extractivos; los efectos de la movilización social para frenar dichos proyectos y las desigualdades entre los actores en disputa; la relación intrínseca entre los procesos de consulta y los conflictos sociales; y la forma en que estos conflictos dependen de las prácticas de exclusión de los pueblos étnicos en el contexto de las negociaciones entre el Estado, las empresas y las comunidades. Sin embargo, poco se ha dicho acerca de las repercusiones culturales más amplias y a largo plazo en los pueblos étnicos, sus identidades, sus cosmologías y su entorno social. En este sentido, esta cartilla además de identificar los estándares de los derechos de consulta y consentimiento libre, previo e informado, explora hasta qué punto el incumplimiento de estos derechos se traduce en nuevas violaciones de derechos humanos de indígenas y afrodescendientes relativas a (i) sus dimensiones territoriales y organizativas; (ii) su integridad física y cultural; y (iii) el respeto de las decisiones de sus comunidades y de su punto de vista frente a las dimensiones materiales y formales del derecho internacional. Para hacerlo, la cartilla analiza la consulta previa y el consentimiento libre, previo e informado en perspectiva intercultural. De un lado, presenta ejemplos de consulta propia en pueblos indígenas y afrodescendientes mientras, del otro, señala la importancia de promover la coordinación interjurisdiccional entre las jurisdicciones ancestrales y la jurisdicción del Estado. Finalmente, presenta diez recomendaciones de buenas prácticas de aplicación de estos derechos cruzando el derecho propio de los pueblos indígenas y afrodescendientes con los estándares de derecho internacional.