Examinando por Autor "Rodrigo Uprimny Yepes"

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Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo
Ana María Ramírez Mourraille; María Paula Ángel Arango ; Mauricio Albarracín Caballero; Rodrigo Uprimny Yepes; Vivian Newman-Pont
Los mecanismos de justicia transicional y la sociedad necesitan tener acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia utilizados en el marco del conflicto armado. Este acceso contribuirá, por un lado, a hacer efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; por otro, le proporcionará a la ciudadanía una evidencia general del uso de poder por parte de los organismos de inteligencia, que le dejará conocer si ha habido una conducta ilegítima sobre la cual se debe rendir cuenta y cuya repetición debemos evitar. Al mismo tiempo, la transparencia sobre estas conductas le dará razones al Estado para emprender reformas institucionales que garanticen la no repetición. El libro Acceso a los archivos de inteligencia y contrainteligencia en el marco del posacuerdo propone alternativas para favorecer el acceso a los archivos de ambas partes, lo que, a su vez, contribuye con la verdad de hechos individuales y sirve como herramienta de confianza, dignidad y transformación. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.
Addicted to Punishment: The Disporportionality of Drug Laws in Latin America
Rodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra Norato
This document analyzes the proportionality of drug related crimes in seven Latin American countries through the study of the evolution of their criminal legislations from 1950 until 2012. The study suggests the existence of a regional tendency to maximize the use of criminal law for combating this type of conducts. This is reflected in: i) the gradual increase in the number of drug-related conducts described as criminal, ii) the exponential growth of the penalties with which those conducts are punished and iii) the incomprehensible tendency of punishing with more severity the drug-related crimes rather than those more evidently severe such as homicide, rape and aggravated robbery. Those upward trends indicate that the Latin American States have become addicted to punishment because of their frequent and empirically groundless increasing of the punitive dose, regardless of its constantly decreasing benefits. Addicted to punishment is part of a series of studies carried out by the Research Consortium on Drugs and the Law (CEDD) that critically analyze the application of the proportionality principle in relation with drug crimes. The studies find that the punishments imposed and the punitive treatment of the offenders is disproportional, often generating more damages than benefits.
Adición punitiva: la desproporción de leyes de drogas en América Latina
Rodrigo Uprimny Yepes; Diana Esther Guzmán Rodríguez; Jorge Alberto Parra Norato
Este documento analiza la proporcionalidad de los delitos relacionados con drogas en siete países de América Latina, mediante un estudio evolutivo de las leyes penales de drogas desde 1950 hasta la actualidad. Dicho análisis sugiere que en la región hay una tendencia marcada a maximizar el uso del derecho penal en contra de estas conductas. Esto se refleja en: 1) el incremento progresivo de las conductas de drogas penalizadas, 2) el crecimiento exponencial de las penas con las que se las castiga y 3) la incomprensible tendencia a castigar con mayor severidad delitos de drogas que delitos de una gravedad mucho más evidente como el homicidio, el acceso carnal violento y el hurto con violencia sobre las personas. Estas tendencias sugieren que los Estados latinoamericanos habrían caído en una “adicción punitiva”, pues de manera recurrente y poco sustentada en evidencia empírica incrementan las dosis de punitivismo, a pesar de encontrar cada vez menores beneficios.
Ante la justicia: Necesidades jurídicas y acceso a la justicia en Colombia
Miguel Emilio La Rota Uprimny; Sebastián Lalinde Ordóñez; Sandra Santa Mora; Rodrigo Uprimny Yepes
Este libro pretende ser el diagnóstico más completo sobre las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia realizado hasta hoy en Colombia. En las conclusiones, el libro repiensa las prioridades del sistema de justicia, no solo para ajustarlas mejor a las necesidades jurídicas de los colombianos y a su forma de resolverlas, sino también para redirigir los recursos a superar las falencias e insuficiencias más importantes. Para mejorar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones es necesario tener en cuenta cuatro asuntos: la magnitud y las características de las necesidades jurídicas, cuáles de estas se encuentran satisfechas o no, y los factores que facilitan o dificultan dicha satisfacción. Integramos varias investigaciones realizadas en Dejusticia en los últimos años. Primero, una encuesta, aplicada en las principales catorce ciudades del país, acerca de las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia de la población general, la población en extrema pobreza y las personas en situación de discapacidad. Segundo, mostramos los resultados de una profundización cualitativa acerca de los conflictos y los obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres, los afrocolombianos, las personas con discapacidad, las víctimas del conflicto, las personas LGTBI y de aquellos que viven en situación de pobreza. El análisis arroja un panorama que no es positivo. El sistema de justicia descrito en este libro no tramita la mayoría de necesidades jurídicas que sufren los colombianos. Pero, de manera más grave, contiene múltiples barreras que afectan de forma desproporcionada a las personas de grupos desaventajados. En ocasiones, el sistema desconoce abierta y explícitamente la situación de vulnerabilidad de algunas personas.
Beyond the Binary: Securing Peace and Promoting Justice after Conflict
Nelson Camilo Sánchez León; Rodrigo Uprimny Yepes; Howard Varney; Michael Schwarz; Tatiana Rincón-Covelli; Claudio Nash Rojas; Tara Van Ho; Oscar Parra Vera
The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. Discussions on the meaning and scope of concepts such as justice, accountability, and victim satisfaction continue to be fervent topics in specialized circles of what is now known as “the transitional justice field,” and in societies suffering from mass violence. Instead of solving the practical and theoretical dilemmas of these interpretative disputes, the experience and knowledge accumulated over the more than three decades that this field has been in existence have served only to deepen the debates and to adapt more of these discussions to new and constantly-changing scenarios and contexts. The main objective of Beyond the Binary is to place on record the need to formulate answers to the question of the role that criminal action and punishment should play in negotiated political transitions from war to peace. There are two reasons for our making this observation. On one hand, given the institutional, legal, and political challenges facing societies that nowadays attempt to take this step, there is a need for the issue to be analyzed. On the other hand, the conclusion reached from an initial analysis is that the academic and practical discussion seems to be trapped into a polarizing discussion between those who defend a legal interpretation of the duty to investigate, prosecute, and punish, which appears to threaten the possibility of achieving negotiated transitions, and those who, in order to prevent that risk, deny or resent the existence or consolidation of such a principle. The central purpose of this book is to initiate a conversation on how to resolve difficult dilemmas. We appreciate that some of the proposals may come across as controversial, but what we are looking for is, precisely, to open up the possibility of thinking in innovative ways about how to confront these challenges. Una discusión similar se da en el libro Justicia para la paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada, en español.
Constitución y modelo económico en Colombia: hacia una discusión productiva entre economía y derecho
Rodrigo Uprimny Yepes; César Rodríguez Garavito
Este artículo es el resultado preliminar de un trabajo más amplio, sobre la Constitución y la política económica en Colombia. Esta versión está basada en Uprimny, Rodrigo, "Modelo Económico y Constitución", ponencia presentada en el seminario sobre el tema organizado por el Ministerio de Hacienda (Bogotá, septiembre de 2004), complementada por la ponencia de César A. Rodríguez en el seminario "Constitución y Modelo Económico", organizado por Fedesarrollo y el Observatorio de Justicia Constitucional de la Universidad de Los Andes (Bogotá, 22 de noviembre de 2005).
Debates sobre la acción de restitución
Aura Patricia Bolívar Jaime; Laura Gabriela Gutiérrez Baquero; Nelson Camilo Sánchez León; Rodrigo Uprimny Yepes
La restitución de tierras despojadas y abandonadas es uno de los esfuerzos más importantes del Estado colombiano, en la búsqueda de una solución duradera a la crisis humanitaria que causó el conflicto armado y el restablecimiento de los derechos de las víctimas. Esta experiencia sin precedentes en nuestro país no solo ha logrado despertar la admiración en la comunidad internacional, sino que comienza a convertirse en un referente obligado para otros países que también han sufrido las consecuencias devastadoras del conflicto. La consolidación de estos resultados requiere un arduo trabajo que permanentemente debe enfrentar nuevos desafíos, más aún en el contexto colombiano donde persiste el conflicto, la impunidad y la fragilidad del Estado en los territorios rurales. Para resolver los retos inherentes a la restitución de tierras es esencial que exista una comprensión adecuada de su marco jurídico y normativo, y pensar en fórmulas de solución a partir de mecanismos, instituciones o procedimientos que la hagan más efectiva. Esta investigación se centró en los problemas jurídicos concretos con efectos directos en los alcances de la restitución de tierras. Por un lado entregamos un análisis sobre las peculiaridades de sus mecanismos y procedimientos, y además examinamos uno de sus retos más complejos: el examen del concepto de buena fe y sus efectos en la resolución de conflictos sobre la tierra. Y se considera la procedencia y el fundamento de las compensaciones tanto para las víctimas de despojo o abandono forzado de tierras como para los “ocupantes secundarios”, quienes han sido reconocidos en normas internacionales. Este documento se realizó en el marco de un convenio de cooperación entre la Unidad Administrativa Especial de Gestión de Restitución de Tierras Despojadas y Dejusticia, con el fin de promover el análisis y la reflexión sobre los desafíos jurídicos de la implementación de la acción de restitución de tierras.
Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia
Rodrigo Uprimny Yepes; Sergio Raúl Chaparro Hernández; Luis Felipe Cruz-Olivera
El encarcelamiento por delitos de drogas está contribuyendo enormemente a la crisis de hacinamiento en centros penitenciarios del país, que es del 50%. Además, se convirtió en una amenaza directa a la garantía de derechos de las personas privadas de la libertad. Así lo concluye la investigación “Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia”, realizada por el Colectivo de Estudios de Drogas y Derecho (CEDD) y Dejusticia. Entre 2005 y 2014 en Colombia se capturaron más de 720 mil personas por porte, tráfico o fabricación de drogas, lo que equivale a capturar a nueve personas cada hora o a 80 mil personas por año. Aunque no todos los casos llegan a ser judicializados, la presión de la política de drogas sobre el sistema penitenciario es evidente. Mientras que entre 2000 y 2015 la población general del país se incrementó en un 19%, la población penitenciaria aumentó un 141% y la población encarcelada por delitos de drogas aumentó un 289%. Las penas establecidas para los delitos de drogas se acercan a las de delitos graves como el homicidio o la violencia sexual. La política de drogas basada en la persecución de usuarios, correos humanos y otros eslabones débiles de la cadena, ha dado como resultado una carga desproporcionada hacia las personas más vulnerables. Y, en cambio, no ha impactado a los grandes capos ni a las organizaciones delictivas que controlan las redes de producción, tráfico y distribución. La guerra contra las drogas ha establecido como delitos una gran gama de conductas sin considerar los contextos económicos y sociales, y sin permitir un debate amplio sobre las mejores respuestas que cada sociedad podría adoptar frente a este fenómeno. Por esto, se propone descriminalizar el porte simple de drogas y cesar toda clase de persecución sobre los consumidores, racionalizar el uso de la prisión, realizar las reformas necesarias para permitir que quienes cometen delitos menores y no violentos de drogas no vayan a la cárcel, e implementar alternativas al encarcelamiento.
DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N°1 ¿Controlando la excepcionalidad permanente en Colombia? Una defensa prudente del control judicial de los estados de excepción
Mauricio García Villegas; Rodrigo Uprimny Yepes
En Colombia, la constitución pocas veces ha regido en forma plena. Una prueba de ello es el recurso permanente que los gobiernos han hecho a los mecanismos de excepción. Así, en la época de la llamada Regeneración (1886-1910), el país fue gobernado durante 24 años con base en una norma 'transitoria' —la disposición K— y en una ley muy represiva —la Ley 61 de 1888 o Ley de los Caballos—, que autorizaban al Ejecutivo a reprimir administrativamente "los abusos de prensa", "los delitos contra el orden público", las conspiraciones, etc. Luego, durante el gobierno de Miguel Abadía Méndez (1926-1930), se expidió la Ley Heroica, que dio tratamiento policial a las protestas sociales que surgían por el inicio de la industrialización. Igualmente, desde el cierre del Congreso —en noviembre de 1949, durante el gobierno de Mariano Ospina Pérez (1946-1950)— hasta la expedición de la Constitución de 1991, Colombia vivió prácticamente en un régimen de excepción permanente. Al amparo de ese régimen de excepción, no sólo expidió el gobierno normas relativas a todos los aspectos de la vida social sustituyendo así de facto al Congreso como legislador—, sino que su vigencia posibilitó la violación de numerosos derechos ciudadanos. De esa manera, un régimen que debía ser de excepción y de duración transitoria, conforme a lo preceptuado por el artículo 121 de la Carta de 1886, en la práctica se convirtió en un elemento normal y cotidiano de ejercicio del poder político, con lo cual el régimen constitucional se desfiguró. Estos antecedentes históricos muestran que Colombia ha vivido una suerte excepcionalidad jurídica permanente. También explican la importancia del debate en torno a si debe o no existir un control judicial de la declaratoria de un estado de excepción por parte del presidente. Este artículo aborda ese debate y defiende una tesis que tiene los siguientes tres componentes: (1) la posibilidad de declarar el estado de excepción es compatible con el constitucionalismo y existe en todas las constituciones democráticas del mundo. (2) El problema del estado de excepción en Colombia no deriva de las normas que lo consagran; más aún, éstas parecen más moderadas que en otros países con democracias más consolidadas. El problema se origina en el uso normalizado que en Colombia se ha hecho de dicha facultad. (3) La mejor manera de combinar la necesidad de la excepción con la necesidad de evitar el peligro de su uso normalizado es a través de un control constitucional sobre los decretos de excepción, tal como lo prevé actualmente la Corte Constitucional. Adicionalmente, sostenemos la idea de que la manera como se ha utilizado el estado de excepción en Colombia ha implicado un desdibujamiento del Estado de derecho e, incluso, del propio Estado, en beneficio de su "afuera salvaje" o de la ilegalidad. El Estado cambia de roles según los escenarios; es un Estado camaleónico. Los mismos agentes estatales actúan con libretos diferentes según las condiciones. El estado de emergencia o de excepción ilustra esta posibilidad. La misma institucionalidad fronteriza que caracteriza al estado de excepción propicia el paso —un paso muy corto— hacia uno u otro lado de la frontera legal e institucional del Estado. Para sustentar dichas tesis, el artículo tiene seis partes. Comienza por presentar el debate teórico general en torno al control judicial de los poderes de excepción. Luego describe brevemente algunos rasgos del sistema jurídico y político colombiano, importantes para entender el contexto en que se desenvuelve la labor de la Corte Constitucional en este punto. Posteriormente analiza de forma concreta esta labor de la Corte. Después, a fin de evaluar las bondades o los riesgos de tal intervención judicial para la precaria democracia colombiana, el texto estudia los efectos que ha tenido en Colombia el abuso de los estados de excepción, para contrastarlos con los beneficios, los costos y los riesgos del control ejercido por la Corte, todo lo cual permite llegar a defender, pero con algunas reservas, el control material de la declaratoria de los estados de excepción ejercido por la Corte.
DOCUMENTOS DE DISCUSIÓN N°3 Tutela contra sentencias: documentos para el debate
Mauricio García Villegas; Catalina Botero Marino; Diana Guarnizo Peralta; Juan Fernando Jaramillo Pérez; Rodrigo Uprimny Yepes
La tutela contra sentencias (TCS) ha estado, desde hace varios años, en el centro de muchas polémicas jurídicas y políticas, en especial debido al llamado “choque de trenes”. Estos enfrentamientos entre las altas cortes han sido perjudiciales para el país, pues generan incoherencias en el sistema judicial, con grave perjuicio para la seguridad jurídica y para los derechos fundamentales de los colombianos. El Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad “DeJuSticia” ha querido contribuir a la búsqueda de una solución de este problema, recogiendo en nuestra serie de “documentos de discusión” varios textos que varios de nuestros socios e investigadores han elaborado sobre el tema en los últimos años. Consideramos oportuna la publicación conjunta de esos trabajos, teniendo en cuenta que el debate en el país sobre el tema se ha intensificado en los últimos meses. En particular, al momento de escribir estas líneas, el debate se ha trasladado al Congreso, quien tiene la oportunidad de encontrar una salida a este problema, debido a la presentación de dos proyectos de acto legislativo vinculados al tema. De un lado, el proyecto 133/06 Cámara presentado por el Ministerio del Interior y de otro lado, el proyecto 13/06 Senado, presentado por el Consejo de Estado y coadyuvado por la Corte Suprema de Justicia y por la Fiscalía General de la Nación.
El derecho a la salud en perspectiva de derechos humanos y el Sistema de Inspección, Vigilancia y Control del Estado colombiano en materia de quejas en salud
Rodrigo Uprimny Yepes
La Procuraduría General de la Nación en asocio con Dejusticia y con financiación de la Agencia Catalana de Cooperación al Desarrollo, adelantaron una investigación con el fin de evaluar el sistema de salud colombiano y en particular su sistema de inspección, vigilancia y control, desde la perspectiva de los derechos humanos. La ley 100 de 1993 implicó importantes reformas al sistema de salud colombiano. Sin embargo, este nuevo sistema ha tenido enormes dificultades en la práctica. Entre las más importantes está el problema de la equidad, la calidad y la cobertura del sistema de salud. En cuanto a la inequidad, este se debe principalmente a las diferencias en los contenidos en el POS (Plan Obligatorio de Salud) y POS-S (Plan obligatorio de Salud para el Régimen Subsidiado). Con respecto a la universalidad, un amplio número de personas no logran acceder al sistema. Finalmente, la calidad del servicio depende en la mayoría de los casos de la capacidad de pago de las personas. Estos son sin duda los principales problemas que presenta el servicio de salud y que este libro pretende abordar a diferencias de otros textos en el tema, desde una evaluación completa del diseño y la dinámica del sistema de salud desde una perspectiva de derechos humanos.
Guerra contra el campesinado (1958-2019) - Tomo 1 Huellas de la violencia y trayectorias de resistencia
Ana Jimena Bautista Revelo; Ana María Malagón Pérez; Rodrigo Uprimny Yepes; Duván Felipe Sierra-Zambrano; Elise Pic; Carlos Duarte; Alen Castaño; Lina Díaz Bejarano; Eliécer Morales; Alexander Fernández; Cesar William Díaz; Ángel Tolosa; Leonor Yonda; Isaac Marín; Rosmy Rojas Luna; Nilson Liz; Nidia Quintero; María del Socorro Pisso; Elda Yaneth Martínez; María Doris Rivera; Visnu Posada; Juliana Chaparro Hernández; Sofía Plazas; Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC); Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC); Coordinador Nacional Agrario (CNA); Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria; Mesa Unidad Agraria (MUA); Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali; Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA); Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC)
Este informe, elaborado por siete organizaciones campesinas junto al Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia y el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, recoge más de 60 años de violencia y sus efectos en contra del campesinado, con la tesis central que el conflicto armado se convirtió en una guerra contra el campesinado. Así lo demuestra el análisis cuantitativo desarrollado en este informe, el cual evidencia que la principal víctima de esta confrontación armada ha sido este sujeto social. Del total de las víctimas de violencia sociopolítica el 58% han sido campesinas y, al menos, el 63.6% de las víctimas de desplazamiento forzado fueron campesinas y campesinos. El informe también evidencia la existencia de verdaderos patrones de discriminación y violencia que se crearon o se reforzaron en su contra en el marco y con ocasión del conflicto armado El documento se desarrolla a través de un análisis histórico y sistémico que expone los principales patrones de victimización por medio de los cuales el conflicto armado impactó de manera concentrada al campesinado, especialmente a quien se organizó social y políticamente. Por ello, en la primera parte exponemos las tendencias de la violencia a través de siete períodos de análisis y el estudio de casos regionales, los cuales fueron seleccionados por la intensidad y concentración de victimizaciones. En la segunda, nos concentramos en un análisis sistémico de la violencia a través de la exposición de siete patrones de la violencia, los cuales incidieron en todas las dimensiones de vida del campesinado y de manera diferencial por género y edad. Al final del informe detallamos 12 recomendaciones que fueron compartidas a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, como caminos que consideramos deberían emprenderse hacia la búsqueda de garantías de no repetición.
Guerra contra el campesinado (1958-2019) - Tomo 2 Patrones de violencia sociopolítica
Ana Jimena Bautista Revelo; Ana María Malagón Pérez; Rodrigo Uprimny Yepes; Duván Felipe Sierra-Zambrano; Elise Pic; Carlos Duarte; Alen Castaño; Lina Díaz Bejarano; Eliécer Morales; Alexander Fernández; Cesar William Díaz; Ángel Tolosa; Leonor Yonda; Isaac Marín; Rosmy Rojas Luna; Nilson Liz; Nidia Quintero; María del Socorro Pisso; María Doris Rivera; Visnu Posada; Elda Yaneth Martínez; Juliana Chaparro Hernández; Sofía Plazas; Asociación Nacional de Usuarios Campesinos de Colombia (ANUC); Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (ANZORC); Coordinador Nacional Agrario (CNA); Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria; Mesa Unidad Agraria (MUA); Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali; Comité de Integración del Macizo Colombiano (CIMA); Proceso de Unidad Popular del Suroccidente Colombiano (PUPSOC)
Este informe, elaborado por siete organizaciones campesinas junto al Centro de Estudios en Derecho, Justicia y Sociedad -Dejusticia y el Instituto de Estudios Interculturales de la Universidad Javeriana de Cali, recoge más de 60 años de violencia y sus efectos en contra del campesinado, con la tesis central que el conflicto armado se convirtió en una guerra contra el campesinado. Así lo demuestra el análisis cuantitativo desarrollado en este informe, el cual evidencia que la principal víctima de esta confrontación armada ha sido este sujeto social. Del total de las víctimas de violencia sociopolítica el 58% han sido campesinas y, al menos, el 63.6% de las víctimas de desplazamiento forzado fueron campesinas y campesinos. El informe también evidencia la existencia de verdaderos patrones de discriminación y violencia que se crearon o se reforzaron en su contra en el marco y con ocasión del conflicto armado El documento se desarrolla a través de un análisis histórico y sistémico que expone los principales patrones de victimización por medio de los cuales el conflicto armado impactó de manera concentrada al campesinado, especialmente a quien se organizó social y políticamente. Por ello, en la primera parte exponemos las tendencias de la violencia a través de siete períodos de análisis y el estudio de casos regionales, los cuales fueron seleccionados por la intensidad y concentración de victimizaciones. En la segunda, nos concentramos en un análisis sistémico de la violencia a través de la exposición de siete patrones de la violencia, los cuales incidieron en todas las dimensiones de vida del campesinado y de manera diferencial por género y edad. Al final del informe detallamos 12 recomendaciones que fueron compartidas a la Comisión de Esclarecimiento de la Verdad, como caminos que consideramos deberían emprenderse hacia la búsqueda de garantías de no repetición.
Justicia para la Paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada
Rodrigo Uprimny Yepes; Luz María Sánchez Duque; Nelson Camilo Sánchez León
Este libro busca contribuir al difícil debate sobre cómo compatibilizar los imperativos de la justicia y los derechos de las víctimas con las dinámicas propias de una negociación de paz. Parte del supuesto de que las medidas que deberán implementar la sociedad y el Estado colombiano para superación democrática del conflicto armado son múltiples y complejas. Incluyen procesos de transformación democrática sobre el uso y la tenencia de la tierra, apertura de espacios reales de participación política y ciudadana, satisfacción efectiva de los derechos de millones de víctimas y la reintegración de varios miles de combatientes, entre otras medidas. Pero uno de los temas que ha suscitado mayores controversias y dudas es la manera de compatibilizar la búsqueda de la paz con el deber del Estado de sancionar las graves violaciones de los derechos humanos. Este trabajo intenta pondera ambos imperativos en lo que los autores han denominado como una justicia para la paz. Por esta entendemos la búsqueda de una paz que sea justa y sensible a los derechos de las víctimas; pero igualmente una concepción de la justicia y de los derechos de las víctimas que permita una paz negociada, que es una paz éticamente superior a aquella que sea conseguida a través de la victoria militar. Así como no es viable ni jurídica ni políticamente un proceso de paz que arrase con los derechos de las víctimas, tampoco es viable jurídicamente una conceptualización de los derechos de las víctimas que imposibilite un proceso de paz, pues no solo la paz es un presupuesto material para el goce efectivo de nuestros derechos humanos, sino que, en la Constitución de 1991, es un derecho de obligatorio cumplimiento.
Justicia transicional desde abajo y con perspectiva de género
Diana Esther Guzmán Rodríguez; Rodrigo Uprimny Yepes
El documento tiene como finalidad aportar al debate sobre la forma como deben ser enfrentadas las atrocidades que han ocurrido en el contexto del conflicto armado colombiano. Para esto, presenta una propuesta teórica por medio de la cual se pretende enriquecer el enfoque dominante en el campo de la justicia transicional, mediante: i) la inclusión de perspectivas sensibles a los efectos diferenciados de la violencia en la vida de las víctimas, como el enfoque de género, y ii) una mejor articulación entre los procesos jalonados desde arriba y las realidades e iniciativas locales.
¿Justicia Transicional sin transición? Verdad, justicia y reparación para Colombia
Rodrigo Uprimny Yepes; María Paula Saffon Sanín; Catalina Botero Marino; Esteban Restrepo Saldarriaga
La expresión ‘justicia transicional’ hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático, bien por la finalización de un conflicto interno armado y la consecución de la paz. Los procesos de justicia transicional enfrentan importantes dilemas, originados todos en la compleja necesidad de equilibrar los objetivos contrapuestos de justicia y paz. En efecto, en las últimas décadas se han consolidado imperativos jurídicos internacionales que protegen los derechos de las víctimas de violaciones masivas de derechos humanos ocurridas en la etapa previa a las transiciones y que buscan impedir que hechos como los acaecidos vuelvan a suceder. Estos derechos se concretan en el conocimiento de la verdad de los hechos ocurridos, en la obtención de una reparación por concepto de ello y en la judicialización y responsabilización del culpable de los crímenes. Sin embargo, las necesidades de paz y reconciliación nacional propias de los procesos transicionales presionan en dirección opuesta a dichos derechos, pues —sobre todo cuando el proceso transicional es consecuencia de una negociación política— para que los responsables de crímenes atroces acepten dejar atrás el régimen despótico o la guerra civil, es necesario que encuentren incentivos para hacerlo, tales como el perdón y el olvido de sus actos. No es posible ignorar estas tensiones entre justicia y paz; por ello, si bien es deseable buscar vías que tiendan a reducirlas, debe hacerse con la conciencia de que no es posible eliminarlas ni ignorarlas y que no existen fórmulas únicas satisfactorias en materia de justicia transicional.
La constitución del campesinado: luchas por reconocimiento y redistribución en el campo jurídico
Diana Isabel Güiza Gómez; Ana Jimena Bautista Revelo; Ana María Malagón Pérez; Rodrigo Uprimny Yepes
El campesinado colombiano ha enfrentado una triple injusticia histórica: discriminación socioeconómica, déficit de reconocimiento y represión de su movilización y participación. La lucha por el reconocimiento es una expresión reciente de las agendas históricas del campesinado por enfrentar esas injusticias. Uno de los componentes de esas luchas se ha dado en el campo jurídico, pues el derecho también ha tendido a invisibilizar al campesinado, o cuando menos, no lo ha reconocido en la forma robusta que amerita. La reflexión sobre esa lucha en el campo jurídico es el objeto esencial de este libro. La razón de ese énfasis deriva de dos constataciones: es un aspecto de la situación del campesinado colombiano en que hay una carencia en la producción académica nacional; y es un elemento que puede contribuir al reclamo histórico del campesinado por vivir dignamente. En este libro encontrará un acercamiento a esa lucha del campesinado por su reconocimiento, en el campo jurídico colombiano en los últimos años; seguida de una mirada en términos comparados sobre la participación del campesinado en procesos constituyentes en América Latina y su consecuente presencia en los textos constitucionales, especialmente en las últimas cuatro décadas. De allí entramos al caso colombiano analizando el reconocimiento del campesinado en el momento constituyente y, luego, miramos la evolución jurisprudencial ulterior. Por último, nos acercamos a las tensiones entre la territorialidad campesina y otros derechos territoriales de pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, proponiendo algunas reflexiones sobre cómo abordar estos desencuentros entre iguales diversos.
La Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia: ¿un tratamiento especial o preferencial?
Camila Andrea Santamaría Chavarro; Diana Isabel Güiza Gómez; Rodrigo Uprimny Yepes
A lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros. Esta es la versión en español traducida por las autoras del capítulo de libro originalmente publicado en inglés y titulado «Colombia’s Fuerza Pública (Security Forces) in the Special Jurisdiction for Peace: Special Treatment or Preferential Treatment?», el cual hace parte del libro Jus Post Bellum. Restraint, Stabilisation, and Peace editado por Patrick Mileham (Leiden Boston: Brill | Nijhoff, 2020). Nuestro capítulo analiza los aspectos positivos del tratamiento penal especial, simultáneo, equilibrado y equitativo a la Fuerza Pública, así como algunos puntos problemáticos del desarrollo normativo y aplicación de ese tratamiento. En efecto, uno de los asuntos en común de la Justicia Transicional (JT) y el Jus Post Bellum (JPB) es el juzgamiento de las Fuerzas Armadas por los crímenes que cometieron en guerras y el reajuste de su rol en situaciones de posconflicto. Este asunto es objeto de discusión hoy en Colombia, donde el Estado ha firmado un acuerdo de paz con la guerrilla FARC-EP. A lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros. Sin embargo, en la práctica, pareciera que se ha otorgado un estándar de sanción menos riguroso a favor de la Fuerza Pública, pese a que este ejercía durante el conflicto la posición de garante de la ciudadanía. En el nivel normativo, la regulación de la responsabilidad de mando está en tensión con los requisitos mínimos exigidos por el derecho internacional público. Hay dos puntos que generan mayor preocupación: la prueba del mando y control efectivo del superior militar o policial, y el estándar de conocimiento. Igualmente, la reforma constitucional que creó la JEP excluye el Derecho Penal Internacional como fuente normativa para sancionar casos de Fuerza Pública, a pesar de que Colombia ya reconoció la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional. En el nivel práctico, distintos jueces colombianos otorgaron los beneficios judiciales pactados en el acuerdo de paz a favor de la Fuerza Pública, incluso antes de que la JEP comenzara a funcionar, lo cual generó la ausencia de un monitoreo serio del cumplimiento de deberes frente a las víctimas, que es la contraprestación exigida a los miembros de las fuerzas armados por los beneficios judiciales. Este contexto parece indicar que el tratamiento de la Fuerza Pública está mutando de especial a preferencial. Claramente, ello desconoce los derechos de las víctimas e impide la consolidación de la paz y la reconciliación. Ahora que la JEP está en pleno funcionamiento, serán los magistrados de esa jurisdicción quienes deberán resolver estas situaciones anómalas y revertir cualquier tratamiento preferencial a la Fuerza Pública que obstaculice la rendición de cuentas, la reparación y la búsqueda de la verdad a favor de las víctimas.
La lucha por el derecho y los derechos: Dejusticia y sus más de quince años de esfuerzos por la justicia socioambiental y el Estado de Derecho
Rodrigo Uprimny Yepes; Vivian Newman-Pont
Los textos que hoy publicamos son dos ponencias que preparamos para el anuncio y la entrega del Premio Tang que recibiera Dejusticia en 2020. En el primer texto desarrollamos la relación entre una organización civil como Dejusticia y el Estado social de derecho. Explicamos brevemente las diferencias entre una ong como Dejusticia y otras organizaciones civiles y la metodología de trabajo de investigación-acción que nos caracteriza y permite conectar nuestro trabajo con la realidad que nos rodea. Luego pasamos al concepto y rol del Estado social de derecho en la sociedad contemporánea, donde se requieren urgentes cambios sociales y finalizamos con los retos pasados y futuros de organizaciones como la nuestra. En el segundo texto desarrollamos las potencialidades y limitaciones de una de nuestra principales herramientas de trabajo: el litigio estratégico o de interés público de la mano de nuestras comunidades aliadas, como instrumento para el cambio social y ambiental. Ofrecemos además ejemplos exitosos de avances logrados por Dejusticia y nuestros aliados a través del litigio ante altas cortes y lecciones aprendidas a lo largo de nuestros más de 17 años de ejercicio del derecho para cambiar vidas. Esperamos que las líneas que siguen resulten valiosas para individuos y colectivos que entienden que el derecho no puede ser una herramienta de mantenimiento del status quo, especialmente si el mismo denota un alto nivel de desigualdad, prevalencia de la justicia formal sobre la real y desinterés ante los efectos globales del cambio climático.
Los derechos sociales en serio: Hacia un diálogo entre derechos y políticas públicas
César Rodríguez Garavito; Rodrigo Uprimny Yepes
La publicación está dirigida a periodistas, investigadores, funcionarios públicos, estudiantes y ciudadanos en general, que se encuentran interesados en el control del Estado en términos del avance de los derechos humanos.