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Publicación La reparación de víctimas de actores económicos ante la JEPLaura Natalia Torres Acosta; Michael Monclou Chaparro; María José León-Marín; Alejandro Jiménez Ospina; Aarón Alfredo AcostaEl cumplimiento de los compromisos asumidos por quienes deben rendir cuentas ante la JEP es esencial para la legitimidad de los tratamientos especiales que podrían recibir, para la garantía de los derechos de las víctimas y para la reconciliación. La contribución a la reparación de las víctimas es clave en el caso de los actores económicos que pudieron tener responsabilidad en delitos de competencia de la JEP, como en los de los demás comparecientes. En este documento presentamos hallazgos y recomendaciones para avanzar en la construcción de procesos de reparación dialógicos con enfoque restaurativo que coadyuven al cumplimiento de los objetivos de la transición.Publicación La participación de víctimas ante la Jurisdicción Especial para la Paz. Hallazgos y recomendaciones para casos de terceros civiles sometidos voluntariamenteLaura Natalia Torres Acosta; Michael Monclou Chaparro; María José León-Marín; Alejandro Jiménez Ospina; Aarón Alfredo AcostaLa participación efectiva ante la Jurisdicción Especial para la Paz es un derecho de las víctimas y una condición de legalidad y legitimidad de los procedimientos de rendición de cuentas penal de actores que cometieron delitos en el marco del conflicto armado. En el caso de terceros civiles, personas que sin pertenecer a ninguno de los bandos en confrontación participaron en el conflicto, el involucramiento de las víctimas en los procesos presenta desafíos especiales. Desde que se enteren de la existencia de los casos hasta su incidencia en la aprobación de los compromisos concretos, claros y programados de cumplimiento del régimen de condicionalidad. En este documento presentamos la aproximación del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad a estos desafíos y postulamos posibles acciones que pueden contribuir a superarlos. Estos hallazgos y recomendaciones están sustentados en una investigación desarrollada durante el 2021 en donde indagamos, a través de un proceso de entrevistas semiestructuradas, por las percepciones sobre participación de víctimas en casos de terceros civiles de las personas que intervienen directamente en los casos: representantes de víctimas, Ministerio Público y personas que integran la JEP.Publicación Gastos tributarios: lo que Colombia debe revisar ahora(Dejusticia) Matamoros, Mariana (Coord.); Castro Arango, José Manuel; Espinel Laverde, Brandon; Heredia Rodríguez, Liliana; Millán, Gabriel Enrique; Ojeda Pinto, Yoner; Reyes García, William; Rodríguez, Miguel Ángel; Vargas, Angélica; Villabona Robayo, Jairo Orlando; Osorio, Sara MargaritaDejusticia presenta este documento con el propósito de generar conocimiento que permita comprender mejor cómo funcionan los instrumentos tributarios en Colombia, sus efectos en la sociedad y las oportunidades para hacerlos más transparentes, justos y efectivos. Esta iniciativa surge del trabajo conjunto de la Red de Trabajo Fiscal, un espacio de diálogo y reflexión creado para analizar y aportar a las políticas fiscales en Colombia desde múltiples perspectivas. El equipo que lo elaboró reúne a expertos de distintas instituciones académicas y de investigación bajo la coordinación general de Mariana Matamoros y diseño de Fescol. Mediante este esfuerzo colectivo, se busca ofrecer un análisis crítico y accesible sobre los gastos tributarios en Colombia, su diseño, implementación y evaluación, así como su relación con estándares internacionales. Más allá de los números, el documento invita a pensar en las decisiones fiscales como herramientas que afectan la vida cotidiana de todas las personas y que, por ello, merecen ser discutidas de manera informada y responsable.Publicación El primer decenio internacional para los afrodescendientes desde una perspectiva de género: avances, vacíos y retos en el caso colombiano(Dejusticia) Mosquera Sánchez, Anyer; Martínez Osorio, MargaritaEsta investigación de Dejusticia presenta un balance de la implementación del Primer Decenio Internacional de las Personas afrodescendientes en Colombia desde una perspectiva de género, étnico-racial y territorial. En diciembre de 2013, por medio de la Resolución 68/237, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes (2015-2024), bajo el lema “reconocimiento, justicia y desarrollo”. Dentro de los principios del Decenio, las Naciones Unidas hacen un llamado a incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas diseñadas para la población afrodescendiente. Evaluamos avances, retos y vacíos de los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano, durante la vigencia del Primer Decenio, para hacer frente al racismo estructural con énfasis en los programas que incorporaron un enfoque de violencias basadas en género (VBG). Asimismo, proponemos recomendaciones para la definición de políticas públicas que aborden las VBG que impactan a personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia, y para aportar a la implementación del Segundo Decenio Internacional (2025-2034) con un enfoque de género que aborde las brechas de desigualdad hacia mujeres y personas LGBTIQ+ afrodescendientes.Publicación Los derechos campesinos y su trazabilidad en el presupuesto público(Dejusticia) Espitia, Camilo Alejandro; Matamoros, Mariana; Quesada, Carlos ErinEste documento de Dejusticia analiza cómo el presupuesto público en Colombia ha financiado históricamente el desarrollo rural y al campesinado, y pone en evidencia una brecha persistente entre su reconocimiento jurídico y la asignación efectiva de recursos. Aunque el campesinado fue reconocido formalmente como sujeto de derechos en 2023, la estructura presupuestal necesita fortalecerse y superar los altos niveles de dispersión, pues esto dificulta identificar, coordinar y evaluar la inversión dirigida a esta población. El análisis muestra que el presupuesto agropecuario del Presupuesto General de la Nación (PGN) es volátil, está concentrado en subsidios y presenta bajos niveles de ejecución, mientras que la inversión en bienes públicos rurales es limitada. El Sistema General de Regalías (SGR) ha aportado recursos importantes para los territorios rurales, pero sin una priorización explícita del campesinado. A partir de la clasificación de proyectos, el documento estima que la inversión dirigida específicamente al campesinado es baja, reciente y volátil. Concluye que las principales barreras son la fragmentación institucional, las rigideces presupuestales y la falta de seguimiento, y propone la implementación de un trazador presupuestal del campesinado como herramienta clave para ordenar, visibilizar y fortalecer la inversión pública rural.Publicación Un contexto adverso para la movilización por la paz. Estigmatización y justificación de la violencia contra promotores del Derecho a la tierra en Colombia(Dejusticia) Isabel Güiza-Gómez; Abby CórdovaEste documento de Dejusticia de política pública presenta hallazgos de una investigación académica que analiza las actitudes ciudadanas frente a la violencia letal contra líderes sociales y firmantes de paz, con énfasis en la estigmatización de estos actores y la justificación de dicha violencia. Colombia continúa siendo uno de los países más peligrosos para la movilización social por la paz, la democracia y la igualdad. A pesar de los compromisos redistributivos del acuerdo de paz de 2016, la violencia contra constructores de paz persiste: entre 2016 y 2023, fueron asesinados 1.804 líderes sociales y 351 firmantes del acuerdo. Esta violencia, sin embargo, no ha generado una contundente movilización ciudadana en rechazo. A partir de datos recolectados en dos encuestas en línea, las cuales son representativas de la población urbana con acceso a internet y fueron realizadas a finales de 2023, el estudio demuestra que la justificación de la violencia no depende principalmente de la identidad de los activistas—ya sean firmantes de paz o civiles que no participaron en la insurgencia—sino de las demandas que promueven. Cuando estos actores abogan por reformas estructurales como la redistribución de la tierra, son percibidos como amenazas al orden social. Los resultados subrayan que la implementación del acuerdo—especialmente, sus componentes redistributivos—es fundamental para contrarrestar la estigmatización y la justificación de la violencia contra los constructores de paz.Publicación Impactos en la situación social y económica de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas forzosamente en Colombia(Dejusticia) Paola Molano Ayala; Paula Valencia CortésEste informe de Dejusticia busca visibilizar los impactos que la desaparición forzada y la búsqueda de desaparecidos generan en los derechos sociales y económicos de las mujeres buscadoras, en particular en su estabilidad económica, su salud física y mental, sus oportunidades educativas y su vida social y comunitaria. Asimismo, recoge y sistematiza las recomendaciones que las propias buscadoras formularon en un espacio de intercambio y discusión que llevamos a cabo en marzo de 2025, para que las medidas de reparación y atención respondan de forma integral a sus necesidades y reivindicaciones. Estas recomendaciones son relevantes para la implementación y reglamentación de las normas que ordenan medidas de reparación y que buscan dignificar la labor de las mujeres buscadoras, quienes han sido fundamentales para visibilizar la magnitud de la desaparición forzada en el país e impulsar avances normativos e institucionales. Sin embargo, su labor continúa siendo poco reconocida y no cuenta con garantías adecuadas. Como resultado enfrentan múltiples cargas: además de la ausencia de sus seres queridos, asumen el papel de sostenimiento económico de sus hogares, lideran procesos de búsqueda y deben sobrellevar los vacíos en la respuesta estatal.Publicación A hostile environment for peace mobilization: stigmatization and violence-justifying attitudes toward land rights advocates in Colombia(Dejusticia) Isabel Güiza-Gómez; Abby CórdovaThis policy brief from Dejusticia presents findings from a research project examining public attitudes toward lethal violence against social leaders and ex-combatants, with a focus on stigmatization against these actors and violence-justifying beliefs and attitudes. Despite signing a peace accord in 2016, Colombia remains one of the most dangerous countries for social mobilization for peace, democracy, and equality. Between 2016 and 2023, 1,804 social leaders and 351 ex-combatants were assassinated. However, there has been no strong or sustained public outcry in response to this violence. Drawing on data from an online survey conducted in late 2023—which is representative of the urban population with internet access—the study shows that violence-justifying attitudes toward both unarmed civilians—who did not engage in insurgent action—and former guerrilla combatants depends largely on their demands. Although public opinion tends to be more favorable toward social leaders than ex-combatants, citizen perceptions of both groups become more negative when these actors advocate for structural reforms, particularly land redistribution. This is because social mobilization for land redistribution is often associated with wartime grievances and thus perceived as a threat to the existing social order. These findings show that redistributive peace commitments are seen as potentially destabilizing, which in turn reinforces stigma against actors who advocate for redistribution. The study draws policy and practice recommendations to counteract such stigmatization, prevent violence, and support the implementation of the peace accord.