Repositorio Dejusticia

Resultados de la búsqueda

Mostrando 1 - 10 de 28

Adiós río. La disputa por la tierra; el agua y los derechos indígenas en torno a la represa de Urrá
César Rodríguez Garavito; Natalia Orduz Salinas
La historia de los 20 años de la represa de Urrá condensa los procesos medulares de la violencia y la disputa por la tierra y los recursos naturales en la Colombia contemporánea: el ascenso del paramilitarismo y su penetración en la política; el involucramiento de las FARC en el narcotráfico y en la lucha por controlar los lugares de cultivo y transporte; el desplazamiento forzado y la usurpación de la tierra; la complicidad de amplios sectores del empresariado rural con el despojo y la violencia; la carrera por los recursos naturales en un país que gira hacia una economía minero-energética; y el impacto trágico de todo lo anterior sobre los pueblos indígenas, cuyos territorios, cultura y vida misma penden hoy de un hilo por encontrarse en medio del fuego cruzado. Este libro cuenta esta historia desconocida. Basada en entrevistas, trabajo de campo y análisis minucioso de archivos, la crónica reconstruye las vidas (y las amenazas contra ellas) que se entrecruzan en el caso de Urrá. Y extrae las lecciones para los muchos casos similares que se multiplican hoy por todo el paí
Rights-Based Alternatives to Incarceration for Women Lessons from Colombia’s Public Utility Law and the International Guidelines on Human Rights and Drug Policy
(Dejusticia) Claudia Cardona; Julie Hannah; Isabel Pereira-Arana; Rebecca Schleifer
Women’s incarceration in Colombia is deeply linked to the disproportionate enforcement of drug policy and to the gendered inequalities women face in contexts of poverty and caretaking responsibilities. A novel law introduced in 2023 addresses these issues and allows certain women heads of household living in conditions of marginality to exchange prison for public service in freedom. Law 2292, the Public Utility Law, is an expression of the International Guidelines on Human Rights and Drug Policy, and of normative shifts in Colombia around criminal policy and drug control. This paper documents how Mujeres Libres, the Center for Law, Justice and Society (Dejusticia), and the International Centre for Human Rights and Drug Policy, based at the University of Essex, came together to use the Guidelines as a shared advocacy and technical framework to strengthen the implementation of Law 2292. Aimed at policymakers, judges, public defenders, and civil society in Latin America and beyond, this paper offers a practical account of our implementation efforts: how our partnership formed, how we engaged strategic actors and identified key pathways of change, what tools we produced, what results we are beginning to see, and what should happen next.
Reflexiones sobre el cuidado como derecho en Colombia
(Dejusticia) Lucía Ramírez Bolívar; Margarita Martínez Osorio; Nathalia Samhil González Gutiérrez; Anyer Mosquera Sánchez
El objetivo de esta investigación de Dejusticia es brindar herramientas conceptuales, normativas y jurisprudenciales que aporten a la construcción de una definición y regulación del cuidado como derecho fundamental y autónomo en Colombia. Para ello, este documento sistematiza y analiza los estándares internacionales y regionales de derechos humanos, así como la normatividad y jurisprudencia nacional y de otros países de la región relacionados con el cuidado. Los hallazgos de esta investigación pueden convertirse en un insumo para que las instituciones competentes del Estado colombiano avancen en la regulación del cuidado como un derecho. El 20 de enero de 2023, el Estado de Argentina presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de Opinión Consultiva sobre “el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. Esta solicitud no es aislada ni fortuita. Por el contrario, se inscribe en un contexto en el que, gracias a décadas de activismo feminista, desde la academia y la sociedad civil en la región, los Estados han comenzado a incorporar el cuidado dentro de sus agendas, bien sea estableciendo políticas públicas, poniendo en marcha sistemas de cuidado, o avanzando en la construcción de marcos normativos que reconozcan al cuidado como un derecho y al Estado como su principal garante. El eventual pronunciamiento de la Corte Interamericana resultará fundamental para fijar un estándar regional que contribuya a fortalecer las iniciativas de los Estados que ya han avanzado en la regulación del cuidado como un derecho y a promover estas mismas regulaciones en aquellos países en donde no ha habido tantos desarrollos.
Los derechos campesinos y su trazabilidad en el presupuesto público
(Dejusticia) Espitia, Camilo Alejandro; Matamoros, Mariana; Quesada, Carlos Erin
Este documento de Dejusticia analiza cómo el presupuesto público en Colombia ha financiado históricamente el desarrollo rural y al campesinado, y pone en evidencia una brecha persistente entre su reconocimiento jurídico y la asignación efectiva de recursos. Aunque el campesinado fue reconocido formalmente como sujeto de derechos en 2023, la estructura presupuestal necesita fortalecerse y superar los altos niveles de dispersión, pues esto dificulta identificar, coordinar y evaluar la inversión dirigida a esta población. El análisis muestra que el presupuesto agropecuario del Presupuesto General de la Nación (PGN) es volátil, está concentrado en subsidios y presenta bajos niveles de ejecución, mientras que la inversión en bienes públicos rurales es limitada. El Sistema General de Regalías (SGR) ha aportado recursos importantes para los territorios rurales, pero sin una priorización explícita del campesinado. A partir de la clasificación de proyectos, el documento estima que la inversión dirigida específicamente al campesinado es baja, reciente y volátil. Concluye que las principales barreras son la fragmentación institucional, las rigideces presupuestales y la falta de seguimiento, y propone la implementación de un trazador presupuestal del campesinado como herramienta clave para ordenar, visibilizar y fortalecer la inversión pública rural.
Los costos invisibles de una política migratoria externalizada: impactos y desafíos del Programa de Movilidad Segura
(Dejusticia) Arroyave Velásquez, Lina María; Baile Crouse, Christy
El Programa de Movilidad Segura fue lanzado en 2023 con la promesa de ofrecer rutas legales y seguras hacia la admisión de refugiados, protección humanitaria y otras vías de migración ordenada. Esta política de los Estados Unidos fue implementada en Guatemala, Costa Rica, Colombia y Ecuador con el fin de disuadir la migración irregular y ofrecer alternativas de reubicación en Estados Unidos y otros países. No obstante, persisten interrogantes sobre el impacto de esta política, tanto en los países receptores como en las personas migrantes que quedan varadas en los países de tránsito sin acceso a soluciones duraderas. Si bien reconocemos que esta política ofreció rutas de regularización y protección internacional a algunas personas, sus limitaciones estructurales y operativas no pueden ignorarse: miles han quedado atrapadas en países de tránsito, enfrentando procesos opacos, condiciones desiguales y sin alternativas viables a mediano o largo plazo. Este libro de Dejusticia parte del análisis de esas fallas para plantear una pregunta de fondo: ¿qué tipo de gestión migratoria queremos construir en América Latina y el Caribe? Analizamos los costos humanitarios de la externalización de la política migratoria de Estados Unidos en Colombia y evaluamos sus implicaciones en términos de justicia global migratoria y derechos humanos. Apostamos por un modelo que supere la lógica de contención y selección arbitraria y, en su lugar, buscamos ofrecer insumos para el diseño de políticas migratorias más equitativas y sostenibles para promover el desarrollo e implementación de un modelo de gestión migratoria basado en los derechos humanos.
El derecho a no ser discriminado: Primer informe sobre discriminación racial y derechos de la población afrocolombiana
César Rodríguez Garavito; Tatiana Andrea Alfonso Sierra; Isabel Cavelier Adarve
Este trabajo pone en tela de juicio el mito de la democracia racial colombiana. Según este mito, en Colombia no hay racismo porque, a diferencia de Suráfrica o Estados Unidos, todas las razas y culturas se fundieron para siempre en una síntesis igualitaria. Esta creencia fundacional de la identidad colombiana está detrás de la negación de la discriminación racial. Este libro ofrece un diágnostico sólido y certero de la situación de la población afrocolombiana y del grado de realización y violación de sus derechos. Además, hace propuestas y recomendaciones concretas de política pública que ayuden a realizar el derecho a la igualdad y a superar el mito de la democracia racial.
Impactos en la situación social y económica de las mujeres buscadoras de personas desaparecidas forzosamente en Colombia
(Dejusticia) Paola Molano Ayala; Paula Valencia Cortés
Este informe de Dejusticia busca visibilizar los impactos que la desaparición forzada y la búsqueda de desaparecidos generan en los derechos sociales y económicos de las mujeres buscadoras, en particular en su estabilidad económica, su salud física y mental, sus oportunidades educativas y su vida social y comunitaria. Asimismo, recoge y sistematiza las recomendaciones que las propias buscadoras formularon en un espacio de intercambio y discusión que llevamos a cabo en marzo de 2025, para que las medidas de reparación y atención respondan de forma integral a sus necesidades y reivindicaciones. Estas recomendaciones son relevantes para la implementación y reglamentación de las normas que ordenan medidas de reparación y que buscan dignificar la labor de las mujeres buscadoras, quienes han sido fundamentales para visibilizar la magnitud de la desaparición forzada en el país e impulsar avances normativos e institucionales. Sin embargo, su labor continúa siendo poco reconocida y no cuenta con garantías adecuadas. Como resultado enfrentan múltiples cargas: además de la ausencia de sus seres queridos, asumen el papel de sostenimiento económico de sus hogares, lideran procesos de búsqueda y deben sobrellevar los vacíos en la respuesta estatal.
El primer decenio internacional para los afrodescendientes desde una perspectiva de género: avances, vacíos y retos en el caso colombiano
(Dejusticia) Mosquera Sánchez, Anyer; Martínez Osorio, Margarita
Esta investigación de Dejusticia presenta un balance de la implementación del Primer Decenio Internacional de las Personas afrodescendientes en Colombia desde una perspectiva de género, étnico-racial y territorial. En diciembre de 2013, por medio de la Resolución 68/237, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó el Decenio Internacional de las Personas Afrodescendientes (2015-2024), bajo el lema “reconocimiento, justicia y desarrollo”. Dentro de los principios del Decenio, las Naciones Unidas hacen un llamado a incorporar la perspectiva de género en las políticas públicas diseñadas para la población afrodescendiente. Evaluamos avances, retos y vacíos de los compromisos asumidos por el Gobierno colombiano, durante la vigencia del Primer Decenio, para hacer frente al racismo estructural con énfasis en los programas que incorporaron un enfoque de violencias basadas en género (VBG). Asimismo, proponemos recomendaciones para la definición de políticas públicas que aborden las VBG que impactan a personas negras, afrodescendientes, raizales y palenqueras en Colombia, y para aportar a la implementación del Segundo Decenio Internacional (2025-2034) con un enfoque de género que aborde las brechas de desigualdad hacia mujeres y personas LGBTIQ+ afrodescendientes.
Deforestación y los puntos ciegos de la cadena cárnica: transparencia y trazabilidad
(Dejusticia) Natalia Escobar; Andrea Sarmiento; Sofia Villalba; María Vecchio; Dalila Seoane; Camilo Durán
Para Dejusticia la deforestación en la Amazonía colombiana es uno de los problemas socioambientales más complejos del país y está estrechamente vinculada a la expansión ganadera y a la ausencia de mecanismos robustos de trazabilidad e información pública. Este estudio examina, desde una perspectiva interdisciplinaria, las brechas estructurales que impiden articular la información ambiental con los sistemas de control pecuario, así como sus implicaciones para la gobernanza forestal y climática. A partir del análisis de los registros oficiales, del funcionamiento de los instrumentos de trazabilidad y del marco jurídico de acceso a la información, la investigación evidencia inconsistencias, vacíos normativos y limitaciones institucionales que dificultan la identificación del origen del ganado y la atribución de responsabilidad frente a la pérdida de bosque. Asimismo, se analiza el rol de las plantas de beneficio como eslabón estratégico para reconstruir la cadena de suministro y como sujetos obligados a estándares de transparencia reforzada. Este documento aporta elementos conceptuales, empíricos y normativos para comprender cómo la calidad, disponibilidad e interoperabilidad de la información inciden directamente en la capacidad estatal y social de responder a la deforestación. Sus hallazgos y recomendaciones ofrecen una base para el diseño de políticas públicas orientadas a integrar lo ambiental y lo pecuario, fortalecer la trazabilidad y avanzar hacia una gestión más efectiva y transparente de la deforestación.
La Fuerza Pública en la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia: ¿un tratamiento especial o preferencial?
Camila Andrea Santamaría Chavarro; Isabel Güiza-Gómez; Rodrigo Uprimny Yepes
A lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros. Esta es la versión en español traducida por las autoras del capítulo de libro originalmente publicado en inglés y titulado «Colombia’s Fuerza Pública (Security Forces) in the Special Jurisdiction for Peace: Special Treatment or Preferential Treatment?», el cual hace parte del libro Jus Post Bellum. Restraint, Stabilisation, and Peace editado por Patrick Mileham (Leiden Boston: Brill | Nijhoff, 2020). Nuestro capítulo analiza los aspectos positivos del tratamiento penal especial, simultáneo, equilibrado y equitativo a la Fuerza Pública, así como algunos puntos problemáticos del desarrollo normativo y aplicación de ese tratamiento. En efecto, uno de los asuntos en común de la Justicia Transicional (JT) y el Jus Post Bellum (JPB) es el juzgamiento de las Fuerzas Armadas por los crímenes que cometieron en guerras y el reajuste de su rol en situaciones de posconflicto. Este asunto es objeto de discusión hoy en Colombia, donde el Estado ha firmado un acuerdo de paz con la guerrilla FARC-EP. A lo largo del documento sostenemos que el tratamiento específico a la Fuerza Pública fue concebido en el acuerdo de paz para que sus integrantes rindieran cuentas en forma equivalente a los excombatientes guerrilleros. Sin embargo, en la práctica, pareciera que se ha otorgado un estándar de sanción menos riguroso a favor de la Fuerza Pública, pese a que este ejercía durante el conflicto la posición de garante de la ciudadanía. En el nivel normativo, la regulación de la responsabilidad de mando está en tensión con los requisitos mínimos exigidos por el derecho internacional público. Hay dos puntos que generan mayor preocupación: la prueba del mando y control efectivo del superior militar o policial, y el estándar de conocimiento. Igualmente, la reforma constitucional que creó la JEP excluye el Derecho Penal Internacional como fuente normativa para sancionar casos de Fuerza Pública, a pesar de que Colombia ya reconoció la jurisdicción complementaria de la Corte Penal Internacional. En el nivel práctico, distintos jueces colombianos otorgaron los beneficios judiciales pactados en el acuerdo de paz a favor de la Fuerza Pública, incluso antes de que la JEP comenzara a funcionar, lo cual generó la ausencia de un monitoreo serio del cumplimiento de deberes frente a las víctimas, que es la contraprestación exigida a los miembros de las fuerzas armados por los beneficios judiciales. Este contexto parece indicar que el tratamiento de la Fuerza Pública está mutando de especial a preferencial. Claramente, ello desconoce los derechos de las víctimas e impide la consolidación de la paz y la reconciliación. Ahora que la JEP está en pleno funcionamiento, serán los magistrados de esa jurisdicción quienes deberán resolver estas situaciones anómalas y revertir cualquier tratamiento preferencial a la Fuerza Pública que obstaculice la rendición de cuentas, la reparación y la búsqueda de la verdad a favor de las víctimas.

Filtros

Ajustes

Ordenar por

resultados por página

Resultados de la búsqueda