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Publicación Reflexiones y recomendaciones sobre los mecanismos de selección de altas autoridades judiciales en América LatinaMaría Adelaida Ceballos Bedoya; Kelly Giraldo Viana; Carolina Villadiego Burbano; Rodrigo Uprimny YepesEste texto, en colaboración con la Fundación Konrad Adenauer México, plantea desafíos y los esfuerzos de reforma en materia de independencia judicial y de procedimientos de selección de altas autoridades judiciales en varios países de América Latina. Esta investigación surge con el ánimo de aportar a esos debates actuales, pero sobre todo con la convicción de la importancia de promover la adopción de mecanismos adecuados de selección de altas autoridades judiciales (AAJ). Concretamente, se pregunta cuáles son las características que deberían reunir dichos mecanismos de selección atendiendo a consideraciones normativas, conceptuales y contextuales. Por tal razón, urge fortalecer a dichos mecanismos para asegurar que se orienten a incluir a AAJ más transparentes, diversas, idóneas, independientes, íntegras y legítimas. Los mecanismos de selección adecuados también son esenciales para salvaguardar la independencia judicial, lo que resulta fundamental, pues –como ha insistido Norberto Bobbio (1985)– sin esa independencia no existe realmente Estado de derecho y sin Estado de derecho no es posible una democracia genuina.Publicación Justicia para la Paz: Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociadaRodrigo Uprimny Yepes; Luz María Sánchez Duque; Nelson Camilo Sánchez LeónEste libro busca contribuir al difícil debate sobre cómo compatibilizar los imperativos de la justicia y los derechos de las víctimas con las dinámicas propias de una negociación de paz. Parte del supuesto de que las medidas que deberán implementar la sociedad y el Estado colombiano para superación democrática del conflicto armado son múltiples y complejas. Incluyen procesos de transformación democrática sobre el uso y la tenencia de la tierra, apertura de espacios reales de participación política y ciudadana, satisfacción efectiva de los derechos de millones de víctimas y la reintegración de varios miles de combatientes, entre otras medidas. Pero uno de los temas que ha suscitado mayores controversias y dudas es la manera de compatibilizar la búsqueda de la paz con el deber del Estado de sancionar las graves violaciones de los derechos humanos. Este trabajo intenta pondera ambos imperativos en lo que los autores han denominado como una justicia para la paz. Por esta entendemos la búsqueda de una paz que sea justa y sensible a los derechos de las víctimas; pero igualmente una concepción de la justicia y de los derechos de las víctimas que permita una paz negociada, que es una paz éticamente superior a aquella que sea conseguida a través de la victoria militar. Así como no es viable ni jurídica ni políticamente un proceso de paz que arrase con los derechos de las víctimas, tampoco es viable jurídicamente una conceptualización de los derechos de las víctimas que imposibilite un proceso de paz, pues no solo la paz es un presupuesto material para el goce efectivo de nuestros derechos humanos, sino que, en la Constitución de 1991, es un derecho de obligatorio cumplimiento.Publicación La paradoja punitiva. Las medidas alternativas al encarcelamiento y la política criminal inflacionaria en ColombiaJuan Sebastián Hernández MorenoLuego de décadas de una política de mano dura contra el delito, muchos Estados de América se enfrentan hoy a una paradoja: mientras han aumentado el uso del encarcelamiento a tal punto que el hacinamiento de sus cárceles se ha desbordado, Latinoamérica se ha convertido en el continente con las cifras más altas de homicidios en el mundo. El fracaso de maximizar el uso de la cárcel como estrategia de seguridad es evidente, tanto por los altos costos que ha generado en términos de derechos humanos y presupuestales, como por su falta de efectividad para reducir el delito. Colombia no es la excepción. Después de inversiones enormes para construir cárceles y de la declaración de dos estados de cosas inconstitucionales por la Corte Constitucional, la población reclusa sigue inmersa en condiciones de vida inhumanas, viendo sus derechos vulnerados de manera constante, generalizada y masiva. Ante esto, es urgente que el Estado reformule su política criminal y repiense el rol que la cárcel y las medidas alternativas al encarcelamiento cumplen en el sistema penal. En este libro se analiza cómo la inflación punitiva en la política criminal colombiana ha desfigurado el uso de la prisión, limitado de manera excesiva el uso de las medidas alternativas al encarcelamiento y trastocado los principios que gobiernan el derecho a castigar del Estado social de derecho. Así, a través de un estudio del diseño normativo del encarcelamiento en el sistema penal y del análisis buenas prácticas en otros países (Estados Unido, Inglaterra, México y Francia), esta investigación busca dar recomendaciones que ayuden no sólo a resolver la crisis carcelaria, sino también a corregir los excesos autoritarios de un derecho penal que antepone la seguridad a los derechos humanosPublicación Esfuerzos irracionales: Investigación penal del homicidio y otros delitos complejosMiguel Emilio La Rota Uprimny; Carolina Bernal UribeLa investigación acerca de si se cometió un delito y quién es su responsable es el momento en el cual más casos penales se estancan. Es el principal cuello de botella que impide que los delitos graves sean judicializados exitosamente. Esta etapa es también la que separa los casos obvios de los procesos difíciles: la mayoría de casos exitosos corresponde —desproporcionadamente— a flagrancias por asuntos que no son graves, y cuyos autores normalmente son personas de bajos recursos. Mientras que los casos graves y difíciles de investigar tienen muy bajas tasas de éxito en la investigación y se caracterizan por altísimos niveles de impunidad. Así pasa con los homicidios dolosos, que según las cuentas de este libro tienen un nivel de impunidad procesal de 95%. Los registros cuantitativos de la Fiscalía General de la Nación revelan que los esfuerzos de investigación son utilizados de manera irracional. La ausencia de una política de priorización estratégica —en contrapartida de una priorización escondida al arbitrio de los funcionarios que tramitan casos— impide que los esfuerzos de la política criminal se destinen a investigar lo más importante. Así mismo, el trabajo de campo cualitativo con el CTI de la Fiscalía muestra que las actividades de investigación de homicidios dolosos están desarticuladas, carecen de un liderazgo estratégico y ejecutivo, y no siguen iniciativas de indagación racional, analítica o creativa. La desorganización y la superficialidad de estos esfuerzos no le hacen partido a la complejidad del homicidio en nuestro país.Publicación Requisas, ¿a discreción? Una tensión entre seguridad e intimidadSebastián Lalinde OrdóñezEste texto intenta conciliar el deber de la Policía Nacional de preservar el orden público y garantizar la seguridad con el derecho a la intimidad. A las personas les suele parecer normal y natural que en la calle la Policía las intercepte, las requise, les solicite documentos de identidad, les pida que se retiren de un lugar, las interrogue o las detenga de manera preventiva. Mientras que en otros países estas medidas de policía solo pueden practicarse cuando confluyen varias circunstancias y requisitos, en Colombia no existen criterios claros que guíen la labor de la Policía, que es uno de los hallazgos de esta investigación.Publicación Los mercados de carbono en Colombia: entre los problemas de capacidad estatal y la judicialización verdeMaría Adelaida Ceballos BedoyaEste libro aborda dos objetivos: analizar las conexiones entre el funcionamiento de los mercados de carbono (MC) y la capacidad del Estado colombiano, y reflexionar sobre las posibilidades y limitaciones de la “judicialización verde”, entendida como la estrategia que privilegia el rol del Poder Judicial en la resolución de los conflictos socioambientales, como aquellos derivados de los MC. El texto plantea que, si bien los MC en principio ofrecen incentivos para la conservación medioambiental, ellos han sido duramente cuestionados, entre otras razones, por las violaciones de derechos humanos que traen para las comunidades encargadas de la conservación. Con el fin de explorar cómo se materializan los riesgos de los MC, el libro estudia el caso de un proyecto de carbono en un territorio indígena del municipio de Cumbal (Nariño, Colombia). Este caso ejemplifica los problemas de los MC en el contexto colombiano, caracterizados por la baja capacidad infraestructural del Estado en las periferias, así como por la débil voluntad política para regular y controlar los MC (especialmente cuando de comunidades étnicas se trata). El caso de Cumbal también es un escenario útil para mostrar que la vía judicial tiene potencialidades transformadoras, pero también tiene limitaciones pues abre la puerta a la cara represiva de la justicia y no siempre consigue satisfacer los reclamos de las comunidades afectadas. El texto concluye, pues, que es necesario complementar las estrategias judiciales con otras de incidencia política y acompañar a las comunidades locales en la defensa de sus derechos y territorios.Publicación Seguridad, Policía y Desigualdad: Encuesta ciudadana en Bogotá, Cali y MedellínMiguel Emilio La Rota Uprimny; Carolina Bernal UribeEsta encuesta busca evidencia cuantitativa básica acerca de la forma como son vividos y percibidos varios aspectos de las políticas de seguridad, en particular los policiales, y explora si las políticas de seguridad pueden afectar de manera desproporcional a las personas de grupos vulnerables. Las políticas de seguridad pueden afectar de manera desproporcional a las personas de grupos vulnerables. La normatividad penal, la investigación o la judicialización de crímenes, o el comportamiento de la policía pueden ayudar a aumentar las desventajas que tienen estos individuos para que su vida laboral y social se desarrolle en igualdad de condiciones. Uno de los principales aspectos de este problema, que no ha sido estudiado suficientemente en Colombia, es si las políticas policiales son menos eficaces -o más duras- respecto de algunos grupos como las mujeres, las personas con carencias económicas o los afrocolombianos. El documento hace una primera aproximación al tema: Recoge dos muestras representativas en Bogotá, Cali y Medellín de la población mayor de 12 años y de las personas afro. Busca evidencia cuantitativa básica acerca de la forma como son vividos y percibidos varios aspectos de las políticas de seguridad, en particular los policiales: si estos servicios favorecen o afectan de manera distinta a las mujeres, las personas afro, o que residen en estratos socioeconómicos bajos. Examina aspectos como la victimización y su correspondiente denuncia, la percepción de seguridad y el conocimiento acerca de programas policiales, la satisfacción y confianza con el desempeño de las autoridades de justicia y policía, y de manera importante, la experiencia de las personas con las actividades cotidianas de policía, incluyendo la cantidad de ocasiones en las que son abordadas y retenidas por agentes, y la calidad y los eventuales abusos que sufren durante estos contactos. Los encuestados reportan unos altos y generalizados niveles de abuso policial, y un elevado grado de insatisfacción con los servicios prestados por estas autoridades. La encuesta también detecta algunas diferencias en la manera como las políticas de seguridad son recibidas —que se dan particularmente entre estratos— y en la forma como las medidas policiales afectan a las personas de distintos grupos —que son más intensas respecto de afros e indígenas y de jóvenes con apariencias de subculturas urbanas—.Publicación Sistema de justicia territorial para la pazCarolina Villadiego Burbano; Sebastián Lalinde OrdóñezEn varias regiones de Colombia el Estado no se encuentra completamente consolidado, pues allí la sociedad no está completamente pacificada, el Estado de derecho no se ha impuesto, el Estado no se ha democratizado y la desigualdad social no se ha superado. Lo que hace aún más difícil la tarea de fortalecimiento estatal y construcción de un Estado social y democrático de derecho en estos territorios es que los propósitos de pacificación, limitación del poder, democratización y búsqueda de cierta igualdad material deben perseguirse simultáneamente y no de manera escalonada, que sería una forma más sencilla. Y entre todas las tareas que el Estado debe realizar para construir una paz estable y duradera, el sistema de justicia no puede ser olvidado. En todo caso, pese a su importancia, existen otros factores que inciden en el fortalecimiento institucional en todo el territorio nacional. Pensar pues en un sistema integral de justicia, que ayude en la consolidación del Estado para la construcción de una paz duradera y que funja como mecanismo para, en muchos casos, reemplazar efectivamente a los grupos armados ilegales y evitar su resurgimiento, es el objetivo de este texto, que está dividido en tres partes. En la primera, se presenta un diagnóstico del sistema de justicia en el territorio colombiano. En la segunda parte se muestran dos grandes desafíos que, en nuestra opinión, enfrenta el sistema de justicia: el fortalecimiento de un sistema articulado y legítimo en todo el territorio nacional con énfasis rural; y la superación de la justicia armada que opera en muchos lugares. Este texto hace parte de la colección 'Ideas para construir la paz' que cuenta con diez volúmenes, a través de los cuales Dejusticia busca aportar una serie de documentos temáticos para ofrecer diagnósticos y propuestas sobre algunos de los retos institucionales centrales de esta nueva etapa.Publicación Justicia ancestral en los consejos comunitarios del Norte del Cauca: comportamiento durante la pandemiaCésar Valderrama Gómez; Sofía Forero-AlbaLos cierres que tuvo la administración de justicia estatal como consecuencia de las medidas de aislamiento derivadas del COVID-19 generaron múltiples retos para la resolución de conflictos o necesidades jurídicas a nivel global. Esto se sumó a la existencia de desigualdades y racismo estructural, entre muchos otros factores, que le han impedido a las personas acceder a la justicia en condiciones de igualdad, especialmente en Colombia. A pesar de esto, los pueblos étnicos han mantenido sus prácticas y saberes ancestrales en materia de justicia, lo que le ha permitido a sus miembros acudir a las autoridades de sus comunidades y no a la justicia estatal, como es el caso de los consejos comunitarios de las comunidades negras colombianas. Esta investigación indaga por el efecto del COVID-19 y las cuarentenas nacionales en las dinámicas de justicia impartida por los consejos comunitarios en Colombia, en particular en el norte del Cauca. Buscamos comprender cómo las personas acceden a la justicia (ancestral) y cómo las autoridades (ancestrales) la proporcionan. Nuestra hipótesis es que el cierre parcial de la justicia estatal incentivó a la población afrocolombiana a consultar más a sus autoridades ancestrales, lo que creó un espacio de difusión y fortalecimiento para la justicia ancestral. Además, aquí se busca entender cómo se abordaron los casos de violencia contra las mujeres en la justicia impartida en los consejos comunitarios del norte del Cauca.Publicación Ante la justicia: Necesidades jurídicas y acceso a la justicia en ColombiaMiguel Emilio La Rota Uprimny; Sebastián Lalinde Ordóñez; Sandra Santa Mora; Rodrigo Uprimny YepesEste libro pretende ser el diagnóstico más completo sobre las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia realizado hasta hoy en Colombia. En las conclusiones, el libro repiensa las prioridades del sistema de justicia, no solo para ajustarlas mejor a las necesidades jurídicas de los colombianos y a su forma de resolverlas, sino también para redirigir los recursos a superar las falencias e insuficiencias más importantes. Para mejorar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones es necesario tener en cuenta cuatro asuntos: la magnitud y las características de las necesidades jurídicas, cuáles de estas se encuentran satisfechas o no, y los factores que facilitan o dificultan dicha satisfacción. Integramos varias investigaciones realizadas en Dejusticia en los últimos años. Primero, una encuesta, aplicada en las principales catorce ciudades del país, acerca de las necesidades jurídicas y el acceso a la justicia de la población general, la población en extrema pobreza y las personas en situación de discapacidad. Segundo, mostramos los resultados de una profundización cualitativa acerca de los conflictos y los obstáculos de acceso a la justicia de las mujeres, los afrocolombianos, las personas con discapacidad, las víctimas del conflicto, las personas LGTBI y de aquellos que viven en situación de pobreza. El análisis arroja un panorama que no es positivo. El sistema de justicia descrito en este libro no tramita la mayoría de necesidades jurídicas que sufren los colombianos. Pero, de manera más grave, contiene múltiples barreras que afectan de forma desproporcionada a las personas de grupos desaventajados. En ocasiones, el sistema desconoce abierta y explícitamente la situación de vulnerabilidad de algunas personas.