Los pueblos étnicos de Colombia: derechos territoriales y reparaciones. Módulo de formación para procuradores y servidores del Ministerio Público

Abstract

El presente documento responde a la iniciativa de formular un módulo sobre los sujetos étnicos en Colombia desde la perspectiva de los derechos territoriales, teniendo en cuenta los instrumentos jurídicos más relevantes y elementos del contexto histórico en el que se han producido. Este esfuerzo busca motivar una intervención jurídicamente informada y socialmente sensible a la gestión de conflictos por la tierra de cuyo abordaje depende la protección de la vida, la integridad y la pervivencia física y cultural, presente y futura de los pueblos y comunidades étnicas de Colombia. Además, busca promover herramientas y reflexiones para actuar en contextos territoriales concretos, poniendo énfasis en los retos y aprendizajes surgidos del proceso de restitución de derechos territoriales.

Luego de más de 8 años de implementación, los procesos de restitución de derechos territoriales adelantados en el marco de los Decretos Leyes 4633 y 4635 de 2011 muestran que en los territorios étnicos se han configurado el despojo, el abandono, el confinamiento, el desplazamiento forzado, la falta de garantías respecto de la tenencia de la tierra, del derecho a la alimentación, la vulneración del derecho a la consulta previa, afectaciones ambientales a los ecosistemas de los territorios por las actividades extractivas y la agroindustria, por nombrar algunas afectaciones territoriales que responden no solamente a las acciones directas de la guerra, sino también, a esquemas sociales, culturales, económicos y políticos estructuralmente inequitativos y discriminatorios. Si bien estas normas han servido para reafirmar la centralidad de los derechos territoriales para la protección efectiva de la diversidad étnica y cultural que representan estos pueblos y el carácter fundamental del derecho al territorio, los retos para una reparación verdaderamente transformadora continúan vigentes y en ello el rol del Ministerio Público es fundamental. Proteger la diversidad étnica y cultural es un asunto de interés general para el país, y esa tarea continúa vigente.