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Publicación Summary: Protecting Human Rights on the Ground. Case Studies on the Origin and Development of OHCHR Country Offices and their Relevance for the Situation in VenezuelaLigia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez BolívarThe following is a summary of the findings and conclusions of a comparative study regarding OHCHR country offices in four locations (Cambodia, Colombia, Guatemala and Tunisia). The study ultimately aims to generate reflections derived from these comparative experiences for the case of Venezuela. The study’s methodology included document review and conducting interviews with around 60 officials and former officials of OHCHR, human rights defenders from the four countries studied and from Venezuela, representatives of international human rights NGOs, officials of the United Nations system with knowledge of the situation in Venezuela and former officials of public institutions of the countries studiedPublicación Resumen ejecutivo Proteger los derechos humanos en el terrenoLigia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez BolívarSe presentan los principales hallazgos y conclusiones del estudio comparado de cuatro oficinas de país (Camboya, Colombia, Guatemala y Túnez) del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) y las reflexiones que se derivan de estas experiencias para el caso de Venezuela. La investigación recogió el análisis de entrevistas con cerca de 60 funcionarios y ex funcionarios del ACNUDH, defensores de derechos humanos de los cuatro países estudiados y de Venezuela, representantes de ONG internacionales de derechos humanos, funcionarios del sistema de las Naciones Unidas y ex funcionarios de instituciones públicas de los países estudiados.Publicación Protecting Human Rights on the Ground. Case Studies on the Origin and Development of OHCHR Country Offices and their Relevance for the Situation in VenezuelaLigia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez BolívarDuring the investigation, the presence of OHCHR completed its first six months in Venezuela, so a consultation with human rights defenders in the country was included to assess this experience. Being the first comparative research in this field, its findings are equally of interest to other audiences beyond Venezuela. Following the proposal to create in Venezuela a country office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), the need arises to explore some experiences that can provide insights to those who, from civil society in general and the human rights movement in particular, have an interest in promoting a process of greater presence and monitoring by the international human rights system in Venezuela, so that this process is the product of informed and strategically considered decisions. This study identifies processes, strategies, lessons and practices that may or may not be applicable to the situation in Venezuela, based on a comparative analysis of the experience of four OHCHR country offices with different characteristics and contexts, but with elements of interest for the Venezuelan case: Cambodia, Colombia, Guatemala and Tunisia. The purpose is to provide elements to the national human rights movement and other interested parties in Venezuela, for the design of a realistic and coordinated advocacy strategy against the different actors involved: the UN human rights system, government, other interested States and donors. During the investigation, the presence of OHCHR completed its first six months in Venezuela, so a consultation with human rights defenders in the country was included to assess this experience. Being the first comparative research in this field, its findings are equally of interest to other audiences beyond Venezuela.Publicación Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: Entre estándares normativos y barreras prácticasStefano Angeleri; Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave VelásquezCerca de ocho millones de personas han salido de Venezuela en los últimos ocho años a causa de la emergencia humanitaria compleja por la que atraviesa este país y el 37% de esta población se encuentra en Colombia, lo que lo convierte en el principal país receptor. Las personas migrantes llegan a Colombia con una serie de necesidades básicas insatisfechas relacionadas con sus derechos fundamentales, como la salud, la alimentación y la educación, y una vez en Colombia siguen enfrentando barreras para que se les garanticen sus derechos. Estas barreras se agravan en el caso de las personas que han tenido que migrar informalmente y que no pueden acceder a un estatus migratorio regular y estable. Por ejemplo, las personas migrantes en situación irregular no pueden acceder a servicios de salud a excepción de las urgencias. En este contexto, la investigación “Derecho a la atención en salud para las personas migrantes en situación irregular en Colombia: entre estándares normativos y barreras prácticas” analiza el alcance del derecho a las atenciones en salud para esta población y formula recomendaciones que contribuyan a ampliar y fortalecer su acceso a los servicios de salud. Para alcanzar el objetivo, este documento ofrece un análisis en dos perspectivas: una normativa y otra práctica, así como una mirada transversal desde la interseccionalidad, que incluye una atención particular a la situación de grupos históricamente discriminados, como las mujeres y los niños, niñas y adolescentes y un enfoque diferencial para la formulación de las recomendaciones.Publicación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela?Lucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave Velásquez; Jessica Corredor VillamilColombia es el principal país receptor de población proveniente de Venezuela en la región. Para atender a esta situación, el gobierno ha adelantado distintas acciones que van desde la atención humanitaria hasta la creación de permisos especiales para facilitar la regularización migratoria. Sin embargo, la vocación de permanencia de esta población evidenció la necesidad de avanzar hacia la implementación de políticas de integración socioeconómica, donde la inclusión laboral es un elemento clave. La inclusión laboral permite a las personas migrantes y refugiadas vivir en condiciones más dignas y contribuir al desarrollo de las comunidades de acogida. Sin embargo, garantizar el derecho al trabajo para esta población constituye un reto para un país como Colombia, con altas tasas de desempleo e informalidad. A pesar de los esfuerzos de distintos actores, aún persisten barreras en los procesos de inclusión laboral y desarrollo de emprendimientos, que limitan el acceso a un trabajo decente de las personas migrantes y refugiadas, y su permanencia en este. En este contexto, la investigación Ser migrante y trabajar en Colombia: ¿cómo va la inclusión laboral de las personas provenientes de Venezuela? presenta un análisis de las barreras que enfrenta esta población para insertarse en el mercado laboral, las cuales son analizadas en el marco de los estándares del derecho al trabajo y de la respuesta del Estado para garantizarlo. A partir de los hallazgos se proponen una serie de recomendaciones dirigidas a diferentes actores del sector trabajo que tienen el ánimo de contribuir al avance de la inclusión laboral de la población migrante y refugiada y, en últimas, a garantizarles un trabajo digno.Publicación Acceso, promoción y permanencia de niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano: Avances, retos y recomendacionesSilvia Ruiz Mancera; Lucía Ramírez Bolívar; Valentina Rozo ÁngelLos niños, niñas y adolescentes son reconocidos como sujetos de especial protección y sus derechos deben prevalecer sobre los de las demás personas. En el caso de los niños, niñas y adolescentes migrantes, la garantía del derecho a la educación es fundamental, pues aparte de ser primordial para alcanzar el pleno desarrollo personal, es una herramienta para asegurar la igualdad de oportunidades, reconstruir vidas y crear una comunidad en el lugar de llegada. Los esfuerzos que el Gobierno colombiano ha adelantado para garantizar este derecho han permitido que miles de niños, niñas y adolescentes provenientes de Venezuela hayan ingresado al sistema educativo. Sin embargo, a nivel territorial aún existen circunstancias que limitan el impacto de las medidas adoptadas por el Gobierno para facilitar el acceso de esta población al sistema educativo y su promoción dentro de este. Asimismo, hay factores estructurales que afectan su permanencia en la escuela y que se agravan por situaciones como la ausencia de un estatus migratorio regular, la xenofobia y las diferencias curriculares, que pueden empujarlos a abandonar sus estudios. Con el objetivo de identificar las barreras que en la práctica limitan el acceso, promoción y permanencia de los niños, niñas y adolescentes migrantes en el sistema educativo colombiano, Dejusticia, con el apoyo de Unicef, adelantó una investigación cualitativa que incluyó un diagnóstico en once municipios que han recibido números importantes de niños, niñas y adolescentes migrantes y que tienen diferentes niveles de capacidad institucional. Este documento presenta las barreras identificadas durante la investigación, las cuáles son analizadas en el marco de los estándares del derecho a la educación y de la respuesta del Estado colombiano para garantizarlo. A partir de los hallazgos y el análisis, el texto propone cinco recomendaciones de política pública dirigidas a diferentes instituciones de los niveles nacional y local, que esperamos contribuyan a que el Gobierno avance y consolide los esfuerzos adelantados hasta ahora para la garantía del derecho fundamental a la educación de los niños, niñas y adolescentes migrantes en Colombia.Publicación Migración, pandemia y xenofobia en Colombia, Perú y Chile:Tres palabras que nunca debieron unirseLucía Ramírez Bolívar; Lina María Arroyave VelásquezLa crisis política, social, económica y humanitaria por la que atraviesa Venezuela ha generado la migración forzada de millones de personas a toda la región, siendo Colombia, Perú y Chile los tres principales países receptores. Además, América Latina es una de las regiones más afectadas por la pandemia de la COVID-19 no solo por el número de personas contagiadas y fallecidas, sino también por las consecuencias económicas que han profundizado la pobreza y las desigualdades sociales. Antes de la pandemia las personas migrantes venezolanas ya venían enfrentando dificultades para acceder a derechos fundamentales como la alimentación, la salud y la vivienda. Sin embargo, su situación se ha precarizado aún más durante este periodo. A lo que se suman los discursos y comportamientos xenófobos que enfrentan y que también se han incrementado durante la pandemia. Este artículo explora los efectos desproporcionados que la pandemia ha tenido en el ejercicio de los derechos fundamentales de las personas migrantes y el aumento de narrativas discriminatorias en Colombia, Perú y Chile. Así como el impacto que estos discursos han tenido en la atención estatal en el marco de la crisis. Finalmente, propone una serie de recomendaciones para enfrentar la xenofobia en medio de la pandemia dirigidas a los gobiernos, los medios de comunicación, y la sociedad civilPublicación Defender los derechos humanos en Venezuela. Los retos de la sociedad civil para enfrentar el cierre del espacio democráticoEzequiel Monsalve Fernández; Ligia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez Bolívar; Jessica Corredor VillamilA pesar de la larga trayectoria en la protección y promoción de los derechos humanos de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) venezolanas, y de su importante rol en la superación de la crisis que atraviesa el país, su voz no es ampliamente difundida y la mirada de la comunidad internacional se ha centrado principalmente en atender las consecuencias de la crisis. En el marco del trabajo de Dejusticia sobre el cierre de espacios de la sociedad civil en contextos autoritarios, y de la estrategia de solidaridad con el movimiento de derechos humanos del Sur gGlobal que promueve la organización, esta investigación presenta un diagnóstico de la situación de las OSC venezolana con el fin de visibilizar su trabajo y sus necesidades, así como las barreras y los retos que enfrentan en el contexto complejo en el cual adelantan sus labores. Se espera que este documento se convierta en una herramienta para la comunidad internacional (donantes y organizaciones regionales, entre otros) que requiere más información para tomar decisiones relacionadas con el apoyo al movimiento de derechos humanos en Venezuela. Este diagnóstico permitirá tener un mejor entendimiento de los desafíos y las tensiones que enfrentan las OSC. El trabajo de estas organizaciones inspira a seguir buscando alternativas para el fortalecimiento de la sociedad civil. Al contrario de lo que muchas personas piensan, no todo está perdido y en los actores de la región recae una buena parte de la responsabilidad en contribuir a que esta labor pueda mantenersePublicación Proteger los derechos humanos en el terreno. Estudio de casos sobre el origen y desarrollo de las oficinas de país del ACNUDH y su relevancia para la situación de VenezuelaLigia Bolívar Osuna; Lucía Ramírez BolívarA raíz de la propuesta de crear una oficina de país del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en Venezuela, surge la necesidad de explorar diferentes experiencias que puedan dar luces a quienes, desde la sociedad civil en general y del movimiento de derechos humanos en particular, tienen interés en impulsar una mayor presencia y monitoreo del sistema internacional de derechos humanos en este país. El objetivo del reporte “Proteger los derechos humanos en el terreno” es brindar elementos para que este proceso sea producto de decisiones informadas y ponderadas estratégicamente. Este estudio identifica procesos, estrategias, lecciones y prácticas que podrían ser aplicables a la situación en Venezuela, con base en el análisis comparado de la experiencia de cuatro oficinas de país del ACNUDH -con diferentes características y contextos, pero con elementos de interés para este caso-: Camboya, Colombia, Guatemala y Túnez. Además, esta investigación ofrece herramientas al movimiento nacional de derechos humanos y a otras organizaciones interesadas en Venezuela, para el diseño de una estrategia de incidencia realista y coordinada frente los diferentes actores involucrados: sistema de derechos de la ONU, gobiernos, otros Estados interesados y donantes. Durante la investigación, la presencia del ACNUDH en Venezuela cumplió sus primeros seis meses, por lo que se incluyó una consulta sobre la valoración de esta experiencia por parte de organizaciones de derechos humanos del país. Siendo la primera investigación comparativa en este campo, sus hallazgos son igualmente de interés para otras audiencias más allá de Venezuela.